​La Unión General de Trabajadores considera que las declaraciones de ayer del gobernador del Banco de España aumentan el descrédito de la institución, ya que suponen un apoyo a las políticas de ajuste y de reducción de lo público en la economía. 

Declaraciones que suponen una falta de rigor y objetividad y denotan un desconocimiento total de la realidad. No se puede defender una devaluación salarial generalizada, cuando ha sido ésta la que ha contribuido a profundizar en la crisis y aumentar las desigualdades y el riesgo de pobreza en nuestro país. 

Tampoco puede exhortar, desde la posición que le otorga un organismo público, el negocio privado de las instituciones financieras en contra, precisamente, de un sistema público de pensiones suficiente y garante de un Estado de Bienestar avanzado. Para UGT, lo que es “inexorable” es la pérdida de poder de compra de los pensionistas producida por las políticas del Gobierno del PP, algo que sí debería criticar el Banco de España en lugar de dedicarse, cada vez más, a emitir la doctrina liberal y despreocuparse por garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero español. 

Como lamentablemente comienza a ser habitual, el Gobernador del Banco de España ha aprovechado un acto (en esta ocasión su comparecencia en el Congreso) para realizar una serie de lamentables comentarios y admoniciones sobre materias ajenas a las funciones que competen directamente al organismo que dirige, que o bien reflejan una notable ignorancia sobre la realidad de nuestro país, o se derivan exclusivamente de postulados marcadamente ideológicos, o ambas cosas. 

En cualquier caso, reflejan una falta de rigor y objetividad que consideramos reprobable para quien desempeña tan elevada responsabilidad. 

En particular, las opiniones que vertió ayer sobre los mecanismos de determinación de los incrementos salariales en la negociación colectiva denotan un desconocimiento de la realidad de nuestro país muy preocupante para quien dirige una institución con la capacidad de análisis del Banco de España. 

Decir, como hizo, que “es un error total aceptar incrementos salariales generales con independencia de lo que pasa en cada sector o empresa” es una obviedad improcedente, puesto que en nada se compadece con lo que viene sucediendo en nuestra negociación colectiva desde hace 20 años, donde los incrementos salariales se modulan en cada unidad negociadora en función de la situación, resultados y productividad de la empresa o el sector correspondiente, como no puede ser de otra manera. Así vuelve a reflejarse en los criterios establecidos en el recientemente firmado III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

En su afán por buscar argumentos que avalen las recetas de corte neoliberal que defiende persistentemente y con independencia de la situación económica real, parece que el Banco de España ni siquiera tiene en cuenta ya algo tan tozudo y evidente como es la realidad. 

Desconcertante, como poco, resulta que Linde afirmara que no ha defendido una devaluación salarial generalizada. Por supuesto que lo ha hecho, tanto en informes y documentos de la institución que dirige como en declaraciones propias, señalando directa o indirectamente a una reducción media de los salarios como mejor método para que las empresas españolas ganaran competitividad, y apostando en definitiva por una vía de muy corto recorrido y marcadamente empobrecedora a corto, medio y largo plazo. Una devaluación salarial que ha contribuido decisivamente a profundizar la crisis en nuestro país y a exacerbar las desigualdades y aumentar las situaciones de pobreza y exclusión social. 

El hecho de que el consumo de las familias esté aumentando en los últimos trimestres no es un indicador de que la devaluación salarial no haya sido perjudicial, sino que se debe en parte al afloramiento de un consumo que muchos hogares habían paralizado en los últimos años como consecuencia del impacto directo de la crisis, sobre todo del aumento de las situaciones de desempleo, y de la incertidumbre que provocaba esta negativa coyuntura económica incluso en los que han mantenido el empleo, restringiendo sus decisiones de consumo en bienes duraderos. 

La paulatina recuperación de la actividad, la incipiente creación de empleo (aunque muy precario) y el propio paso del tiempo han hecho que ahora se concreten muchas de aquellas decisiones de compra aplazadas de manera forzosa. 

La puntual recuperación del consumo se está produciendo, por tanto, no gracias a la devaluación salarial (cuya existencia solo ponen en duda quienes se sitúan en una irracional posición ideológica, impermeable a los concluyentes datos) sino muy a pesar de ella. 

Obviar y tergiversar esta realidad supone un insulto a millones de trabajadores y familias que están atravesando una situación muy difícil desde hace años, y que no tienen la suerte de percibir un salario de 175.000 euros como el del gobernador.

En materia de pensiones, las consideraciones de Linde fueron aún más perturbadoras. Que quien tiene la responsabilidad máxima de supervisar el buen funcionamiento del sistema financiero realice unas declaraciones poniendo en cuestión la capacidad del sistema público de pensiones para garantizar unas pensiones dignas y promueva sin remilgos el aumento de las dotaciones de los trabajadores a fondos privados de pensiones, que en muchos casos son gestionados (y con resultados muy lucrativos) precisamente por las entidades financieras a las que tiene la obligación de controlar resulta, cuando menos, muy poco higiénico para la transparencia económica y democrática. 

Pese a sus advertencias en sentido contrario, con sus apreciaciones, el gobernador, desde la atalaya que le otorga un organismo público, está exhortando a alimentar el negocio privado de las instituciones financieras en contra, precisamente, de un sistema público de pensiones suficiente, que desde UGT creemos debería defender como garante de un estado de bienestar avanzado. 

Lejos de sus aseveraciones, la pérdida de poder de compra de las pensiones no es un hecho “inexorable” derivado de la evolución económica y demográfica futuras, sino consecuencia de unas determinadas políticas que sacrifican sin pudor la calidad de vida de millones de pensionistas. Por eso, desde UGT creemos que en lugar de una apología de los fondos privados de pensiones, lo que debería haber hecho el Gobernador del Banco de España es criticar con dureza la nefasta reforma del sistema de pensiones que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular, y que es sin duda responsable de que las pensiones vayan a reducirse en términos reales en las próximas décadas. 

Hay alternativas viables para configurar un sistema público que garantice pensiones dignas y crecientes, y si el Sr. Linde no las defiende, no es porque los datos no las avalen, sino seguramente porque no se ajustan a sus principios ideológicos.

Una vez más, la indisimulada voluntad de un Gobernador del Banco de España de apoyar la políticas de ajuste y de reducción del espacio de lo público en la economía aumenta el descrédito de la institución, cada vez más dedicada a funciones de emisor de doctrina neoliberal en lugar de las que legalmente tiene atribuidas como garante del buen funcionamiento del sistema financiero español.