Artículo de opinión de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, en contrainformacion.es 

La violencia de género es un mal endémico de nuestras sociedades, la manifestación de un fracaso que se da en todos los países y en todos los ámbitos. Una lacra que tiene múltiples caras y que se alimenta de las discriminaciones y desigualdades que sufren las mujeres.

Para acabar con este mal hacen falta políticas decididas, recursos económicos y una concienciación social que ponga en el foco a los agresores y facilite la protección de las víctimas a todos los niveles (judicial, educativo, laboral, etc.)

Ahora bien, quisiera centrarme en una nueva forma de violencia de género, la que se produce al albur de las nuevas tecnologías. Así, el uso de internet, de dispositivos móviles, redes sociales y servicios de mensajería instantánea o geolocalización han dado pie a nuevas formas de ejercer la violencia contra las mujeres, facilitando conductas de control, intimidación, amenazas, acoso y humillación.

A todos nos viene a la cabeza el suicidio, en mayo, de una mujer después de que se difundiera, sin su autorización, entre sus compañeros de trabajo un vídeo de carácter sexual. Un caso extremo que visibiliza un problema cada vez más extendido, el ciberacoso.

Así, lo confirma un estudio publicado en 2018 por el propio Parlamento Europeo, según el cual las mujeres están siendo específicamente atacadas por la violencia cibernética y que las más jóvenes están amenazadas, sobre todo, por el acoso sexual y el acoso sexista. El 20% de las mujeres jóvenes de la UE han sufrido acoso sexual cibernético, y el 14% de las mujeres han sufrido acoso cibernético desde los 15 años.

Aunque nuestro Código Penal tipifica este delito y lo persigue, es precisa una regulación específica sobre esta materia y perseguir decididamente el ciberacoso también en las empresas.

En este sentido, quiero poner en valor el Protocolo General de actuación, firmado en septiembre, por el Ministerio de Trabajo y las Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en el que se señala que “las mujeres se ven especialmente afectadas por estos fenómenos de violencia en línea, sufriendo como consecuencia daños físicos, psicológicos y económicos” y que la grabación y difusión de imágenes personales es uno de los instrumentos más utilizados en los casos de acoso, tanto en el entorno laboral, como el escolar y de acoso sexual a menores”.

En el mismo se mandata a los agentes sociales a que, a través del diálogo social, acuerden un Protocolo específico para actuar en el supuesto de acoso digital en el trabajo. Pero para para ello hace falta información y, sobre todo, mucha formación porque es indispensable prevenir y poder detectar los casos de ciberacoso y que se pueda presentar reclamación lo antes posible, a fin de minimizar la difusión de los contenidos en Internet y evitar un perjuicio mayor.

El Protocolo firmado por el Ministerio y la AEPD tiene como objetivo “convertirse en un instrumento que impulse el conocimiento y la difusión entre las organizaciones empresariales y sindicales, de las responsabilidades penales, civiles, laborales, y de Seguridad Social, y administrativas de este tipo de comportamientos. Se trata de mejorar el grado de concienciación de todos sobre este grave problema, y fomentar la difusión de los medios de los que se disponen, para hacer frente a estas situaciones, entre las que se encuentra la de presentar reclamación ante la AEPD.

Sólo conocemos la punta del iceberg de la violencia de género, primero porque no hay datos oficiales y segundo porque muchos de los casos no se denuncian. Las dificultades para demostrar los delitos, el miedo al despido, a la falta de protección judicial, la falta de recursos económicos y sobre todo “el silencio social” ante determinados comportamientos, propicia la impunidad de los agresores. Por eso, desde UGT hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras para que no toleren determinados comportamientos, para que denuncien y persigan a los que acosan a las mujeres.

Al mismo tiempo exigimos una regulación normativa integral para erradicar la violencia de género, en todas sus formas. Es hora de resarcir a las mujeres víctimas de violencia machista y facilitarles una vida digna y sin miedos. Ganan ellas, ganamos todas y todos, gana nuestra sociedad.

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