​La Unión General de Trabajadores lamenta la decisión del Parlamento de nuestro país, que en el día de hoy ha ratificado el Acuerdo Comercial entre la UE y Canadá (CETA), con los votos favorables del PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Nueva Canarias y Foro Asturias. Un ejercicio de desprecio hacia el interés general de la ciudadanía, que supone asumir un acuerdo que representa una pérdida de soberanía, no solo para nuestro país sino también para toda la UE, el recorte de derechos laborales, sociales y medioambientales y la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. Por ello, UGT continuará defendiendo un comercio justo que cree riqueza y progreso igualitarios, y unas relaciones comerciales que respeten derechos y normas justas y democráticas, algo que el CETA no contempla.

La Unión General de Trabajadores lamenta la decisión del Parlamento de nuestro país de ratificar, en el día de hoy, el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), gracias a los votos favorables del PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Nueva Canarias y Foro Asturias.

Pese a que ocho parlamentos autonómicos y más de doscientos municipios en España (Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, entre otros) han aprobado resoluciones en contra de este tratado, y pese a que hay numerosos cuestionamientos jurídicos acerca del mismo, el Congreso ha decidido ratificar un tratado comercial insuficiente, con muchas incertidumbres legales y en el que los derechos de los trabajadores están totalmente desprotegidos.

Un tratado que representa una pérdida de soberanía, no solo para España, sino para el conjunto de la UE, y que supondrá la eliminación, a medio plazo, de decenas de miles de puestos de trabajo.

La Unión General de Trabajadores ha reiterado, en numerosas ocasiones, su posición en contra de este acuerdo, tanto a los grupos políticos de nuestro país como a las instituciones europeas, debido, entre otras cuestiones, a que:

• Este tratado se olvida de salvaguardar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los consumidores y de las consumidoras y de la ciudadanía, en general.

• No asegura el empleo, ni las condiciones del mismo.

• No asegura los servicios públicos (que deberían ser definidos de manera más amplia y quedar lo suficientemente protegidos ante los mercados mediante una cláusula específica).

• Contiene un muy controvertido y antidemocrático sistema de resolución de disputas ICS, un auténtico privilegio que España regala a las corporaciones extranjeras y con el que los gobiernos locales, autonómicos y nacional verán mermada su capacidad de legislar en pro del interés de la ciudadanía.

• No descarta, de forma expresa, que los estándares sociales, laborales y medioambientales puedan ser interpretados como barreras al comercio.

• No establece un mecanismo de sanciones legales que castigue las infracciones de la legislación laboral y medioambiental.

• No garantiza el principio de precaución europeo (la inocuidad de los productos debe ser demostrada antes de su aprobación), que no está especificado ni en el texto del acuerdo, ni en la explicación adicional.

UGT ha venido reclamando una reflexión de calado sobre este acuerdo que va mucho más allá del comercio y se enmarca en una nueva estrategia geopolítica muy alejada de los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El sindicato siempre ha abogado por un comercio justo, sostenible y libre como elemento fundamental de crecimiento económico, social y democrático. Sin embargo, el CETA es un claro ejemplo de todo lo contrario, un regalo a los que entienden y quieren la globalización como una máquina de creación de desigualdad y sometimiento de la voluntad de la mayoría.

En este sentido, por la importancia que el empleo público y las pequeñas explotaciones agrarias (tan vulnerables al CETA) tienen para el acceso de la mujer al mundo del trabajo en zonas rurales de España, UGT exige un estudio de impacto específico de género sobre las repercusiones que este acuerdo tendrá sobre las mujeres. Mucho tememos que, una vez más, sean éstas las que más acusen el golpe de este texto antisocial.

UGT no entiende que los que se dicen protectores de la globalización justa acaben apostando, con sus votos en el Congreso, por mecanismos bilaterales alejados de los principios globales, de cooperación efectiva y buen gobierno de la OMC. Esta ratificación pone de manifiesto el desprecio de estos partidos políticos al interés general, representado por las organizaciones sindicales, ambientales y socialistas, que juntas han trabajado para forzar un debate público y poner luz sobre un acuerdo que, desde el comienzo de sus negociaciones, se ha mantenido totalmente opaco.

UGT continuará defendiendo un comercio justo que cree riqueza y progreso igualitarios, y unas relaciones comerciales que respeten normas justas y democráticas, algo que el CETA no contempla.