​El Estado debe proteger a aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad, que sufren la pobreza en todos sus ámbitos, incluida la energética, por tanto, UGT considera que el bono social era una medida de justicia, por lo que no comparte la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a las eléctricas y obliga a devolverles lo que pagaron. Para el sindicato, el coste de esta decisión judicial no puede recaer en ningún caso sobre los ciudadanos e insiste que es necesario establecer una regulación para asegurar el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas (evitando en todo caso el corte de suministro por falta de pago), poner en marcha un Plan integral de choque contra la pobreza, que ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las políticas de austeridad que se han aplicado (más de un 28% de los españoles está ya en riesgo de pobreza y exclusión social).

A falta de conocer con exactitud el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, que da la razón a los grandes grupos eléctricos y les exime de financiar el bono social de la tarifa, del que se benefician colectivos sociales muy vulnerables, UGT manifiesta que este bono es una cuestión de justicia social, y que su coste en ningún caso debe recaer sobre los ciudadanos, que han sufrido en primera persona los efectos de la crisis y de las políticas económicas que se han aplicado para combatirla. En este sentido, UGT demanda:

• Una regulación normativa que asegure el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas, evitando en todo caso el corte de suministro por falta de pago.

• Un IVA súper reducido para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía.

• Una estrategia orientada a salir de la crisis, que permita abordar la lucha contra la pobreza y la exclusión social de forma transversal, permitiendo identificar líneas concretas de actuación, con objetivos claramente diferenciados. Esto implica, desarrollar un Plan Estatal de Lucha contra la Pobreza que establezca medidas puntuales dirigidas específicamente a atenuar el impacto social negativo en los grupos más vulnerables y mitigar las consecuencias de la crisis en el momento actual. Estas medidas deben garantizar el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la protección de la vivienda evitando su pérdida, y el establecimiento de ayudas de emergencia social; y qué duda cabe, asegurar el acceso a bienes esenciales tales como el agua, la electricidad, el gas y la calefacción.