Sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España

Empleo

Igualdad

Mujer Trabajadora

Fecha: 22 Nov 2018

El miedo al despido o al aislamiento laboral, obstáculo para que las mujeres denuncien el acoso en el trabajo

• 971 mujeres han sido asesinadas desde 2003 y se han presentado 1,5 millones de denuncias por violencia de género desde 2007 en nuestro país.

• Los contratos bonificados por violencia de género en 2016 solo supusieron el 0,009% del total de la contratación femenina y, de esa contratación bonificada, el 76% era temporal.

• Las mujeres no denuncian el acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo por miedo al despido o al aislamiento laboral.

• UGT reclama un cambio de política y de mentalidad social para acabar con esta lacra y garantizar los derechos y la protección de todas las mujeres.

971 mujeres han sido asesinadas desde 2003; se han registrado 13.057 violaciones de niñas y mujeres entre 2008 y 2017; y 1.532.662 denuncias han sido presentadas por violencia de género desde el año 2007.

La Unión General de Trabajadores denuncia que el desempleo y la mala calidad del empleo que se genera, con altas tasas de temporalidad y precariedad, aumentan el riesgo de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Además, faltan políticas públicas que adopten medidas ágiles, efectivas y suficientes para lograr la inserción laboral de las mujeres maltratadas y el fin de la violencia de género.

Así se recoge en el informe “Empleos y salarios de calidad, claves para luchar contra la violencia machista" elaborado por UGT con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, donde se señala que, según el borrador del último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de 2016, de las 44 víctimas mortales por violencia de género, solo el 41% estaba trabajando.

Asimismo, en este borrador se refleja que el total de contratos bonificados por violencia de género en 2016 supusieron tan solo el 0,009% del total de la contratación femenina registrada por los Servicios Públicos de Empleo, y de esa contratación bonificada, casi el 76% era temporal.

Para UGT, la inserción laboral de las mujeres que son víctimas de violencia de género debería estar garantizada. El total de contratos bonificados en 2016 y 2017 fue de 801 y 808, cifras totalmente insuficientes. Los datos reflejan importantes déficits en relación a las medidas implantadas para conseguir la inserción de este colectivo.

Actuar contra el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo

El informe de UGT denuncia también que el acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de sexo constituyen otra manifestación más de la violencia de género que sufren las mujeres, en este caso en el ámbito laboral. Según la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, un gran número de casos de acoso sexual no llega a denunciarse como consecuencia de varios factores: la escasa sensibilización social al respecto, el miedo al despido, la dificultad para conseguir pruebas, unos insuficientes canales de denuncia, seguimiento y protección de las víctimas y la normalización de la violencia.

Muy a menudo, denunciar casos de acoso sexual en el trabajo puede conducir al despido o al aislamiento de la víctima en el lugar de trabajo. Además, esta forma de violencia contra las mujeres en el trabajo tiene también graves repercusiones físicas, sexuales, emocionales y psicológicas para las víctimas, constituyendo una violación de las libertades fundamentales.

UGT reclama más sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Entre 2008 y 2017 encontramos tan solo 9 sentencias sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, algo que para UGT es totalmente inaceptable, poniendo en evidencia que esta lacra social se encuentra aún demasiado invisibilizada en nuestra sociedad.

El sindicato está de acuerdo con la posición que desde Europa reclama a los Estados miembros la puesta en marcha de políticas activas y eficaces que prevengan y combatan cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluidos el acoso sexual y los acosos sexistas y de acoso laboral a los que la mayoría de las mujeres pueden estar expuestas en el ámbito laboral, destacando la necesidad urgente de establecer normas en materia de violencia y acoso en el trabajo, que proporcionen un marco legislativo para los gobiernos, los empleadores, las empresas y la actividad sindical a todos los niveles.

Mejores planes de prevención en el trabajo; procedimientos eficaces, transparentes y confidenciales para las víctimas; sanciones duras y disuasorias para los agresores; información exhaustiva y cursos de formación para que los trabajadores entiendan las políticas y los procedimientos; y apoyo a las empresas para que elaboren planes de acción a fin de aplicar estas medidas deben ser medidas fundamentales a adoptar de manera inmediata.

Propuestas de UGT

Para UGT, es imprescindible adoptar medidas y políticas más contundentes y eficaces contra las distintas formas de violencia de género. No será posible acabar con esta lacra social mientras no pongamos fin a la desigualdad y la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Uno de estos ámbitos es el laboral, para lo que es necesario empleos y salarios dignos y de calidad. Las estadísticas demuestran que, con mejores empleos y condiciones de trabajo, las mujeres están más protegidas y tienen más recursos de cara a cualquier manifestación de violencia de género. Por ello, el sindicato reclama la necesidad de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, muy lesivas para colectivos tan vulnerables como las mujeres.

UGT propone implantar protocolos de prevención y eliminación del acoso sexual en las empresas por ley, así como la formación obligatoria para todos los empleados y cargos directivos en las empresas, además de los operadores implicados en el control y sanción de este tipo de violencia en el ámbito laboral.

El sindicato considera necesario un enfoque integral de la violencia en el lugar de trabajo, incluido su tratamiento en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y el endurecimiento de las sanciones de este tipo de comportamientos, el resarcimiento adecuado del daño a las víctimas, la eliminación de trabas que dificultan la denuncia, la prueba en vía jurisdiccional de este tipo de violencia y la adopción de un convenio internacional en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que permita el tratamiento específico de la problemática de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, que defina un conjunto fundamental de principios que sustenten un enfoque inclusivo e integrado para su erradicación y que proporcione orientaciones sobre cómo se han de aplicar estos principios.

Por otra parte, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, resulta insuficiente para proteger de forma efectiva a las víctimas; y la Justicia debe formarse y actualizarse para no situarse al margen de la sociedad y situarse a la vanguardia en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.

La erradicación de esta lacra social tiene que ser obra de todos. Tolerancia cero contra la violencia de género y luchar por la erradicación de todo tipo de conductas de violencia contra las mujeres y por la mejora de sus derechos y de su protección deben ser los objetivos transversales de todas las políticas en nuestro país.