​UGT considera que el Fondo Monetario Internacional recupera su discurso más ultraliberal en su informe final sobre la economía española y vuelve sobre las mismas recetas y una política económica que se ha demostrado fracasada durante la crisis y que generará más desequilibrios fiscales, más precariedad laboral y más injusticia y desigualdad social, proponiendo medidas que perjudicarán el progreso económico y social de España. 

UGT ya mostró su decepción con las conclusiones preliminares del FMI sobre España, presentadas en diciembre, pues el organismo internacional, con un marcado sesgo ideológico, se mostraba a favor de políticas desreguladoras y de corte regresivo, ignorando sus propias consideraciones del mes de octubre de 2016, en las que había resaltado el aumento de las desigualdades por las políticas aplicadas por el Gobierno.

El FMI reconoce que el crecimiento económico en España (que ya se ha ralentizado dos décimas respecto al trimestre anterior, según el dato del PIB avanzado por el INE) se debe entre otros, a factores externos como la disminución del precio del petróleo y de los tipos de interés, en combinación con un euro más débil. Además, destaca además la aportación al crecimiento de una fiscalidad más relajada.

Por otra parte, fía buena parte del crecimiento futuro a una mayor demanda externa, obviando la actual situación de incertidumbre de la economía mundial (la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca y sus anunciadas medidas proteccionistas) o la recuperación de los precios del petróleo, entre otros.

Asimismo, destaca que las sucesivas reformas estructurales explican la mitad del impacto del crecimiento total. Entonces, si ya hemos salido de la crisis porque como dice el FMI España sigue con su “impresionante recuperación”, ha llegado el momento de finiquitar estas reformas y repartir los beneficios de esa recuperación y recuperar los salarios como elemento clave para apuntalar esa recuperación. Y no de insistir en que sigan siendo los mismos, los trabajadores y trabajadoras de este país, los que aporten al crecimiento sacrificando sus salarios, sus pensiones y su calidad de vida.

Tal y como argumentó UGT a los analistas del FMI durante su visita, el nivel de vida en España ha caído notablemente durante la crisis y ha aumentado la desigualdad de ingresos y el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El propio organismo internacional reconoció que el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión aumentó en más del 23 por ciento entre 2007 y 2015 en España y vinculó esta situación al desempleo, la dualidad del mercado laboral, los bajos salarios y la temporalidad, entre otros factores. Por tanto, desde UGT no podemos aceptar las recomendaciones que realiza ahora el FMI de seguir profundizando en reformas, que han sido perjudiciales para la economía española y han empobrecido a la mayoría de la población, especialmente a las rentas más bajas.

Incoherencia en política fiscal

En materia de política fiscal, el FMI insiste en continuar con ajustes presupuestarios, como los implementados entre 2010 y 2013, a pesar de que no han logrado reducir el déficit al ritmo planteado (los compromisos con la Comisión se han incumplido todos los años del período) y que han sido los causantes del aumento de los niveles de pobreza y desigualdad y del paulatino desmantelamiento de los servicios públicos esenciales.

Como aspectos positivos apunta a la necesidad de racionalizar los incentivos a la contratación y mejorar la efectividad de las políticas activas de empleo, así como la necesidad de aumentar los ingresos fiscales, algo que venimos reclamando desde UGT, porque solo con más ingresos será posible consolidar las cuentas públicas y fortalecer simultáneamente el Estado de Bienestar.

Es incoherente que recomiende elevar la recaudación y, al mismo tiempo, defender que el Impuesto de Sociedades y el IRPF tributen menos, de la misma forma que alerta sobre el incremento de la desigualdad y la pobreza y receta el aumento del IVA, un impuesto que todo el mundo paga en idéntica proporción independientemente de su nivel de renta. Por tanto, UGT se opone a este planteamiento, y considera necesaria una reforma fiscal integral, después de un amplio debate social, con el objetivo de aumentar ingresos y capacidad de redistribución, desde la justicia social.

Preocupantes recetas laborales

En materia laboral, las líneas de actuación que plantea el documento del Fondo son muy preocupantes. Insiste en profundizar en las reformas del mercado de trabajo de los últimos años, cuyo impacto ha sido muy negativo. El mercado de trabajo es cada vez más frágil, los trabajadores más pobres, a causa de la devaluación salarial y el trabajo más volátil (el empleo cada vez es más precario y temporal, hay más contratos a tiempo parcial involuntario e indefinidos con menos garantías legales).

Las sucesivas reformas laborales han hecho de nuestro mercado de trabajo uno de los más desregulados y precarizados de Europa y de los que otorgan mayor capacidad a las empresas para disponer unilateralmente de las condiciones laborales fundamentales, incluido el salario.

El FMI realiza un análisis también alejado de la realidad en lo referente a la negociación colectiva ya que parte de la base de que las reformas laborales no la han afectado. Lo ha hecho de lleno al contenido de los acuerdos, ya que ha roto el equilibrio en las relaciones laborales y los empresarios tienen más potestad para decidir sobre las condiciones de trabajo. Sin embargo, se ha demostrado que la pérdida de empleo ha sido más intensa entre los trabajadores no cubiertos por la negociación colectiva.

Las conclusiones finales del FMI, por tanto, resultan muy decepcionante ya que recuperan el discurso ultraliberal que caracteriza sus posiciones, por lo que UGT muestra  su rechazo a las recetas que recoge, porque van en sentido contrario de lo que necesita nuestra economía y solo generarán más desequilibrios fiscales, más precariedad laboral y más injusticia y desigualdad social.  A través de ellas queda patente la buena relación que existe entre esta Institución y el Gobierno, en la medida en que apoya sus políticas. El sindicato recuerda que, de aplicarse estas medidas, acabarán con la paz laboral en este país y la Unión General de Trabajadores no lo va a permitir.

Hoy lo que se trata es de construir un nuevo contrato social que recupere los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las trabajadoras, y los ciudadanos, en general.