​La Unión General de Trabajadores advierte que la explotación en España pudo haber movido más de mil millones de euros en 2015, unas ganancias ilegales obtenidas de la vulneración de derechos fundamentales y laborales y denuncia la inactividad de un Gobierno que parece considerar que la lucha contra la explotación laboral o sexual no es una materia prioritaria. El sindicato ha remitido una carta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, solicitando información sobre el proceso de ratificación por parte de España del Protocolo al Convenio de Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque mañana, día 11 de junio, se cumplen dos años desde de la adopción del mencionado Protocolo y todavía desconoce el estado de los trámites para una ratificación que debería llevarse a cabo en la próxima Es urgente también elaborar un plan nacional contra el trabajo forzoso. Ambas actuaciones no pueden demorarse más.

Según el informe “Ganancias y pobrezas” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las ganancias obtenidas en todo el mundo por el trabajo forzoso en cualquiera de sus formas, supone casi 134.000.000 euros anuales.

En España, a partir de datos del informe “Trata de seres humanos, delitos de odio 2015” del Ministerio del Interior, y asumiendo que las personas en riesgo, según dicho informe, podrían ser víctimas de trabajo forzoso en su concepción más amplia, UGT calcula que el total de ganancias obtenidas de la explotación sexual y laboral en 2015 ascienden a más de mil millones de euros (1.179.980.064).

Los datos del informe “Trata de seres humanos, delitos de odio 2015” estiman que en España había 13.879 personas en riesgo de explotación sexual. Teniendo en cuenta los datos incluidos en el informe “Ganancias y pobrezas” de la OIT, la ganancia media anual en la Unión Europea y los países desarrollados por víctima de este tipo de explotación es de unos 70.536 euros; el dinero que se movería en nuestro país giraría en torno a los 978.969.144 euros.

En cuanto a las personas en riesgo de explotación laboral en nuestro país, unas 10.835 personas, la ganancia media obtenida en la Unión Europea y los países desarrollados por víctima de explotación laboral en el trabajo doméstico, agricultura y el resto de sectores es de unos 18.552 euros, por lo que el dinero que se movería en España alcanzaría unos 201.010.920 euros.

Se trata de cifras estimadas, y considerando que todas las personas en riesgo podrían ser víctimas de trabajo forzoso, pero la realidad es que las ganancias ilegales obtenidas de la explotación son, sin duda, mayores. Si el Gobierno pusiera los medios necesarios para luchar contra la explotación, ese dinero, que desde el cambio en la contabilidad, forma parte del PIB junto a las ganancias procedentes de la prostitución y la economía sumergida, afloraría, pero sobre todo, no tendríamos una sociedad donde una parte de la población es explotada y donde estas ganancias ilegales se obtienen a costa de la violación de los derechos fundamentales y laborales de quienes, por una razón u otra se encuentran en situación de vulnerabilidad.

UGT considera fundamental la ratificación de Protocolo de 2014 al Convenio sobre trabajo forzoso de la OIT, que obligaría a establecer una política y un plan nacional contra el trabajo forzoso en consulta con los interlocutores sociales y proporcionar a las víctimas una protección efectiva.

El sindicato cree que este Protocolo permitiría ir más allá del vigente Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y corregir también una de las materias pendientes en la normativa de extranjería: la documentación de las víctimas extranjeras sin autorización que son víctimas de delitos contra los derechos de los trabajadores y, en el caso de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, garantizar su protección, hoy por hoy inexistente por falta de presupuesto.

Para la Unión General de Trabajadores, la ausencia de mecanismos de protección y de instrumentos específicos, son, sin ninguna duda, una de las razones por las que las situaciones de trabajo forzoso, la explotación laboral y la trata con esta finalidad, no se detectan y sus víctimas permanecen invisibles.