​Desde el 2011, los recibos de los suministros se han incrementado muy por encima de la inflación -la luz más del 50% y el gas cerca de un 33%-, lo que ha supuesto que el 10,6% de los hogares, casi 5 millones de personas, no puedan mantener una temperatura adecuada en su vivienda y que otros muchos, se hayan visto afectados por cortes por no poder hacer frente a los recibos. En este contexto, UGT reclama al Gobierno que asegure el acceso universal a suministros como la luz y el gas para proteger a los grupos más vulnerables y con renta más bajas. 

El sindicato demanda, además la sustitución del actual bono social, que sólo supone una reducción en un 25% del precio y no protege realmente a los que más lo necesitan, por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta; el establecimiento de un IVA súper reducido para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía; y que se asegure el acceso a bienes esenciales tales como el agua, la electricidad, el gas y la calefacción a las personas sin recursos.

Actualmente España cuenta con 666.600 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos y existen 1.438.300 hogares con todos sus miembros activos en paro - 357.200 están compuestos por una sola persona-. Además, la tasa de cobertura por desempleo se situó, en el mes de septiembre, en el 54,2%, lo que significa que casi la mitad de personas desempleadas en nuestro país no tienen derecho a ningún tipo de prestaciones por desempleo.

UGT recuerda que las situaciones de necesidad no sólo son propias de las personas sin ningún tipo de ingreso, sino también de aquellas cuyos ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. Es el caso de los trabajadores pobres, personas cuyos ingresos no superan el umbral de la pobreza y que, según los datos de la Agencia Tributaria, supusieron, en 2015, el 29,1% del total de asalariados.

El sindicato denuncia que la cobertura de prestaciones para paliar la pobreza, como las rentas mínimas de inserción, cuya cuantía media de 420,63 € (el 65,18% del SMI y el 78,99% del IPREM), y con tan sólo el 5,61% de cobertura poblacional son de todo punto insuficiente para cubrir las necesidades más básicas.

Desde el 2011, los recibos de la luz se han incrementado en más del 50%, el del gas cerca de un 33%, en ambos casos por encima de la inflación, y este aumento en los recibos de los suministros ha conllevado que el 10,6% de los hogares, es decir, casi 5 millones de personas, vivan en una vivienda donde no pueden mantener a una temperatura adecuada. E incluso, algunos hogares, se han visto afectados por cortes en los suministros al no poder hacer frente a los recibos.

Para UGT, urge, ineludiblemente dar una respuesta a aquellas familias que tienen más dificultades para pagar la energía, debido a dos componentes: por una falta de recursos unido a las tarifas abusivas del sector eléctrico.

El sindicato reivindica la asunción por parte del Gobierno de su responsabilidad en política energética, emplazándole a que asegure el acceso universal al suministro y evite su corte, a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas.

Asimismo, demanda la sustitución del actual bono social, que sólo supone una reducción en un 25% del precio y no protege realmente a las rentas más bajas, por una tarifa social de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta; el establecimiento de un IVA súper reducido para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía; y que se asegure el acceso a bienes esenciales tales como el agua, la electricidad, el gas y la calefacción a las personas sin recursos.

Desde el punto de vista social, las situaciones de pobreza actuales nos indican que las políticas formuladas en nuestro país, no suponen ni la prevención ni la solución para la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Por este motivo, nuestro sindicato exige al Gobierno que desarrolle un plan estatal de lucha contra la pobreza que establezca medidas para atenuar el impacto de la crisis en los grupos más vulnerables, de manera que se garantice el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda. Además, es fundamental el incremento de las ayudas de emergencia social y el aumento tanto de la cobertura de las rentas mínimas de inserción como de su cuantía, exigiendo su consideración como derecho subjetivo y garantizando su percepción en tanto exista el estado de necesidad.

El sistema de garantía de rentas es básico para acabar con la pobreza, y en este sentido, las organizaciones sindicales promovieron una Iniciativa Legislativa Popular de creación de una Prestación de Ingresos Mínimos, que garantice unos ingresos adecuados a las personas que, tienen disponibilidad para trabajar pero carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí y, en su caso, para los familiares a su cargo, asegurando unas condiciones mínimas para atender sus necesidades más esenciales.