Con motivo de Día Mundial de los Refugiados, que tiene lugar mañana 20 de junio, la Unión General de Trabajadores reclama al Gobierno de España una mayor implicación en las políticas de atención a las personas desplazadas forzosas y refugiadas, víctimas de una crisis humanitaria internacional, que se han duplicado desde 2005. El sindicato exige, además, que el Gobierno acelere el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados adquiridos por nuestro país, y que promueva la ruptura del Acuerdo con Turquía en el ámbito de la Unión Europea.

Según datos de ACNUR sobre desplazamiento forzado, correspondientes a 2016, la población refugiada en todo el mundo asciende a 22,5 millones de personas, el doble de la existente en el año 2005. Los países que acogen el mayor número de refugiados son Turquía (2.900.000 en junio de 2016), Pakistán, Líbano, Irán y Uganda. Más de la mitad de los refugiados proceden de Siria, Afganistán y Sudan. En el año 2016 más de 65´6 millones de personas fueron desplazados de manera forzosa. Alemania, al igual que en el año 2015, sigue siendo el primer país en recibir solicitudes de asilo, seguida de EEUU.

Estos datos indican que son precisas políticas y medidas que, además de abordar la situación humanitaria, se dirijan a afrontar las causas que obligan a millones de personas a abandonar sus países de origen. Es necesario una voluntad política compartida y comprometida con los derechos humanos que coloque a los seres humanos por encima de intereses estratégicos, económicos o comerciales.

En el caso de la Unión Europea, la evolución del programa de reubicación y reasentamiento acordado en el año 2015 que finaliza el próximo 26 de septiembre, es un reflejo de ausencia de voluntad. La decisión de reubicar a 160.000 personas desde Italia, Grecia y Hungría, se encontró con la inmediata negativa de Hungría a participar en el programa. A nueve de junio de 2017, solo 20.869 solicitantes de protección internacional –el 13% de los previstos- han sido reubicados desde Italia y Grecia. Aunque es preciso reconocer que se trata de un procedimiento complejo, a la falta de voluntad de algunos estados miembros se ha sumado la permisividad de las autoridades europeas (tan ágiles en actuar cuando se trata de incumplimientos presupuestarios) con aquellos que, abiertamente, han adoptado medidas contrarias al derecho internacional o no han reubicado a ninguna persona.

No ha sido hasta el 14 de junio, cuando la Comisión ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción a Hungría, Polonia y la República Checa; estos países tienen ahora un plazo de dos meses para contestar, y los tramites siguientes se prolongarán más allá de la fecha límite para el cumplimiento de los compromisos de reubicación.

La política europea se ha orientado, por otra parte, a impedir la llegada de solicitantes de asilo al territorio de la Unión. Al Acuerdo con Turquía, sin base ni instrumento legal alguno, han seguido acuerdos con otros países, de origen o tránsito de migración hacia la Unión Europea. El objetivo principal es que migrantes y solicitantes de protección internacional no lleguen al territorio de la UE, objetivo que se está consiguiendo a costa de la desprotección de posibles refugiados y de migrantes.

La Unión General de Trabajadores, en el Día Mundial de los Refugiados, demanda:

1. Que el Gobierno español acelere el cumplimiento los compromisos adquiridos de reubicación y reasentamiento de solicitantes de protección internacional antes de la fecha fijada en la Decisión 2015/1601 del Consejo.
   
   
2. Que el Gobierno español promueva en el seno del Consejo Europeo la ruptura del Acuerdo con Turquía, aprobado por la Declaración de 18 de marzo de 2016 del Consejo, por vulnerar dicho Acuerdo los principios de no devolución y no discriminación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1957, y el Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos humanos. El Gobierno español debe comprometerse, igualmente, a impulsar una política común de asilo respetuosa con los derechos humanos y, al mismo tiempo, asegurar el estricto cumplimiento de la legislación internacional en el territorio español.
   
   
3. Que el día 26 de septiembre, plazo en que acaba el programa europeo de reubicación y reasentamiento, no implique poner punto final a medidas para afrontar la crisis humanitaria. A los solicitantes de protección internacional ya incluidos entre los 160.000 que debían ser reubicados, se han sumado más personas que siguen llegando y que en algunos casos se encuentran en una situación de emergencia humanitaria en el territorio de la Unión. La respuesta de la Unión Europea ha de ser contundente con los estados miembros que vulneran el derecho de asilo o que se niegan a cumplir los compromisos, al mismo tiempo que se adoptan nuevas medidas más eficaces.
   
   
4. Que, en coherencia con el Estudio Prospectivo Anual sobre el crecimiento 2017 (COM (2016) 725 final), que señala entre las prioridades económicas y sociales más acuciantes para la Unión Europea la necesidad de abordar la precariedad y la segmentación del mercado de trabajo, la igualdad de oportunidades (como presupuesto necesarios para la justicia social), la discriminación de la población inmigrante y el establecimiento de estructuras adecuadas para hacer frente a la afluencia de migrantes y solicitantes de protección internacional a largo plazo, el Gobierno español debe promover políticas de apoyo a la inserción laboral, reconocimiento de cualificaciones y/o experiencia laboral y  garantía de la igualdad de estos colectivos, a través del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales.
   
   
5. Que, en consenso con los interlocutores sociales, se eliminen los obstáculos legales y se adopten las medidas necesarias para permitir el acceso de los solicitantes de protección internacional al mercado de trabajo y a la formación desde el momento de la solicitud, fomentando al mismo tiempo la intervención temprana y continuada de los Servicios Públicos de Empleo en el proceso de integración laboral y social.