​Las bonificaciones a la contratación, las reducciones en las cotizaciones sociales o cualquier otra forma de subvencionar la contratación de desempleados suponen una mera transferencia de rentas desde el presupuesto público a las empresas sin beneficios reales sobre el empleo ni sobre los colectivos de desempleados incentivados. Desde 2014, el Gobierno ha ido aumentando el presupuesto destinado a las bonificaciones para el fomento del empleo en más de 400 millones y las reducciones en cotizaciones sociales a más de 200 millones de euros entre 2015 y 2016. Para este año, se destinan entre bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales más de 3.700 millones de euros –más de la mitad del presupuesto destinado a políticas activas- que podrían emplearse en políticas mucho más eficaces para mejorar la situación de los desempleados.

UGT destaca que el grado de eficacia de los incentivos a la contratación es considerablemente bajo pero su coste, extraordinariamente elevado. Consume elevadas sumas de los presupuestos públicos que podrían destinarse a políticas mucho más eficaces para mejorar la situación de los desempleados.

De hecho, los incentivos a la contratación en España se han comido cerca de un tercio del presupuesto anual de las Políticas Activas de Empleo impidiendo que se pusiera en pie un verdadero sistema de políticas de superación real de los problemas de los desempleados y el reciente sistema de financiación de las ayudas a la contratación ideado por el PP, carga el coste de estas ayudas contra los ingresos de la Seguridad Social, acentuando su desequilibrio económico, sobrecargando el recurso al Fondo de Reserva y atentando contra la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El sindicato advierte que los incentivos a la contratación no generan empleo, se limitan a producir una reducción de los costes laborales de los contratos bonificados y, como máximo, facilitan el desplazamiento o sustitución de unos trabajadores (no incentivados) por otros (incentivados) en el proceso de contratación. Además, una vez que finalizan las ayudas, el empresario opta, en muchos casos, por deshacerse del trabajador con contrato bonificado.

Los incentivos a la contratación se han ido extendiendo con el pretexto de ayudar a crear empleo. Esos incentivos se extienden cada vez más hacia los contratos temporales, los contratos a tiempo parcial, los contratos formativos, hasta abarcar casi todo tipo de contratación.

En lugar de precisarse y reducirse los colectivos en los que se incentiva la contratación, intentando identificar las verdaderas causas de sus problemas de empleabilidad, se extienden y se hacen cada vez más amplios, difusos y heterogéneos.

Los incentivos a colectivos desfavorecidos como jóvenes, mayores de 45 años, etc. no son acertadas porque se trata de grupos demasiado amplios donde no todos los integrantes son “difícilmente empleables”. Esta generalización conlleva, en muchos casos, que los incentivos tienen elevado peso muerto, que se contrata mucho más a quienes menos problemas de empleabilidad tienen y que no se aborda la verdadera causa de los que sí tienen dificultades de empleabilidad.

En cuanto a los incentivos a la contratación de parados de larga duración, como mucho, suelen conseguir que se contrate al desempleado por cortos periodos (el que duran las bonificaciones) para a continuación volver al desempleo por otro largo periodo, lo que supone poner el contador a cero pero no resuelve los problemas.

Y con respecto a las ayudas a la contratación indefinida, resultan ineficaces mientras simultáneamente no se corrija la utilización fraudulenta de los contratos temporales para actividades estables. La respuesta no está en conceder incentivos para que se cumpla la ley sino disponer sanciones a su incumplimiento.

UGT subraya que la mejor forma de usar la enorme cantidad de recursos que se destinan a abaratar a las empresas la contratación laboral es la creación de empleo de calidad -a través de una política económica que desarrolle otro modelo productivo más basado en conocimiento, inversión y tecnología-, una regulación del mercado de trabajo que impida la precarización contractual y despidos injustificados y unas Políticas Activas de Empleo bien dotadas, eficaces y personalizadas que resuelvan los problemas de formación y cualificación de los desempleados e igualen sus oportunidades ante el empleo.