UGT rechaza la revalorización del 0,25% de las pensiones públicas para 2018 (1,61 euros de media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 645 euros y de 2,31 euros de media al mes para cada pensionista) que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros (el mínimo que establece la Ley), en una decisión unilateral del Gobierno que vuelve a condenar a los más de 10 millones de pensionistas a perder poder adquisitivo, del 1,25% en esta ocasión.

La Unión General de Trabajadores exige al Gobierno de Mariano Rajoy que rectifique y aumente las pensiones de acuerdo con la previsión de inflación -al menos en un 1,5%- e introduzca una cláusula de revisión que garantice ese incremento, en caso de desviación al alza de la inflación real para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

El Gobierno ha mentido a este colectivo y ha obviado totalmente el diálogo social a las primeras de cambio en esta Legislatura, con el fin de disminuir tanto las pensiones que las personas tengan que invertir en fondos privados para asegurar su bienestar.

Más empobrecimiento

Para UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que supone una pérdida de poder adquisitivo del 1,25% para todos los pensionistas, según la inflación prevista. Un recorte bastante evidente que va a aumentar los niveles de pobreza de este colectivo y reducir, más si cabe, su Estado de Bienestar.

El sindicato lleva defendiendo durante meses la revalorización de las pensiones en un 1,5% para 2018, conforme a la previsión de inflación, y establecer medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. En este sentido, UGT propone asegurar el poder adquisitivo de las pensiones incluyendo también una cláusula de revisión a final de año para que no lleguemos a un sistema de pensiones mínimas. Además, reclama la revisión inmediata de las fuentes de financiación, para que el sistema no solo se financie a través de cotizaciones, sino también con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización.

Sin embargo, el Gobierno, que parece más preocupado en bajar las pensiones año a año para favorecer los fondos privados a la vista de la última reforma realizada m, no solo ha hecho caso omiso a las reivindicaciones sindicales, sino que ha vetado de facto la proposición de ley que presentaron la mayoría de los grupos parlamentarios para la revalorización de las pensiones en el próximo año en un 1,5%, de acuerdo con la inflación prevista.

El Gobierno, único responsable

El sindicato considera que la ciudadanía debe saber que el Gobierno es el único responsable del recorte de las pensiones ya que ha tomado la decisión unilateralmente y en contra de lo que han pedido tanto las organizaciones sindicales como la mayoría parlamentaria y llama a los grupos políticos a enfrentarse al Gobierno en el ámbito parlamentario para sacar adelante su proposición de ley para revalorizar las pensiones conforme a la previsión de inflación y negociar, en el marco del Pacto de Toledo, medidas que aseguren el presente y el futuro de los pensionistas y del sistema público de pensiones.

El Ejecutivo ha demostrado que no quiere negociar en esta materia pero desde UGT vamos a seguir proponiendo el diálogo y el consenso para que se abra un auténtico debate sobre la suficiencia actual y futura de las pensiones en nuestro país.

Si el Gobierno no reacciona y acepta el diálogo, volveremos a plantear a los grupos parlamentarios que nos apoyaron con nuestra proposición de ley de revalorización de las pensiones para 2017, medidas para que las pensiones actuales y futuras garanticen el poder adquisitivo y la calidad de vida, ahora en cuestión, para todos los pensionistas de este país.

Para UGT, un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la reforma que el PP aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, por lo que exigimos su derogación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público.