UGT considera que los datos del IPC reflejan las debilidades de la recuperación económica, consecuencia de una política fundamentada en la devaluación de las rentas de las familias y que no prioriza el empleo (el paro es nuestro mayor problema y el ritmo de creación de empleo y la calidad del mismo deja mucho que desear). Una política equivocada que vuelve a impregnar los Presupuestos Generales del Estado para 2016, irreales, decepcionantes e insolidarios. UGT considera urgente modificar la orientación de la política de rentas, incrementando el poder adquisitivo de los funcionarios y pensionistas y actualizando convenientemente el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) y el Salario Mínimo Interprofesional y que los Presupuestos apuesten por el crecimiento y el empleo de calidad. Solo con una política salarial y de rentas adecuada será posible hacer frente a la pobreza y la desigualdad.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución anual del IPC se sitúa por segundo mes en positivo, al alcanzar la misma tasa que el mes anterior, 0,1%.  Por su parte, la tasa mensual de la variación de los precios se sitúa en -0,9%, al igual que en el mes de julio de 2014, y doce décimas inferior al 0,3% que registró el mes de junio pasado.

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se sitúa en el 0,8%, dos décimas por encima del mes anterior.

En el mes de julio la tasa de variación anual del IPCA se sitúa en el 0,0%, igualando la registrada el mes anterior. De este modo, el IPCA de España se sitúa siete décimas manteniendo un diferencial de dos décimas con la tasa media de la eurozona, cuyo dato avance es el 0,2%, también igual que el mes anterior.

Valoración

Por segundo mes consecutivo, el IPC ha dejado de caer en términos anuales, y ha registrado un aumento de una décima. De nuevo la bajada de precios de los carburantes ha tenido protagonismo en este comportamiento. Y la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se sitúa en el 0,8%. Se puede afirmar que en este momento España no tiene un problema de precios al alza. En todo caso al revés. Como Europa, que a pesar de las políticas del BCE, no consigue que despeguen ni la economía ni los precios de la eurozona a un ritmo suficiente.

Pero tenemos un serio problema de creación de empleo, con más de cinco millones de desempleados, el ritmo de creación de empleo y la calidad de los nuevos empleos dejan mucho que desear. Nuestro país necesita políticas de impulso al crecimiento y crear puestos de trabajo de calidad, con salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas. Estos precios son reflejo de una economía que no consigue arrancar la demanda como consecuencia de una política fundamentada en la devaluación de las rentas de las familias. Y reflejan las debilidades de la recuperación económica.

Por eso, los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que el Gobierno ha planteado a pesar de que sabe que será otro Gobierno quien los deba gestionar, resultan decepcionantes en cuanto a la consideración de las rentas de los trabajadores y de las familias: se plantea un 1% de incremento salarial para el colectivo de empleados públicos, que no sirve en absoluto para recuperar poder adquisitivo; es más, que continuará con la pérdida, puesto que el cuadro macroeconómico contempla un deflactor del PIB del 1,1% para 2016.

Junto a ello, la tasa de reposición continuará en el 50%, es decir, no solo no colabora al incremento del empleo, sino que incide en su destrucción. Solo alcanzará el 100% en servicios esenciales.

Además, las rentas de los pensionistas, que están actuando durante toda la crisis como colchón familiar en muchas ocasiones, tendrán una nueva reducción de poder adquisitivo, que se une a la de 2015, puesto que el Gobierno espera terminar el año con precios en el 0,5%, y al incremento de 0,25% del año pasado, le va a seguir de nuevo el mínimo incremento contemplado, otra vez 0,25%.

En el colmo de la insolidaridad, las prestaciones sociales a las familias van a mantenerse en el mismo nivel, ya que de nuevo el IPREM quedará congelado (incumpliendo además la legislación que obliga a consultar a los interlocutores antes de fijarlo). Y mientras tanto los Presupuestos contemplan una nueva reducción de 5.480 millones de euros en prestaciones por desempleo, que ya querríamos que fuera consecuencia de un menor desempleo, pero que hasta ahora, se debe fundamentalmente a la menor tasa de cobertura y a los menores niveles de prestación media.

Es decir, todas las rentas de trabajadores y familias que dependen de los Presupuestos van a sufrir una rebaja de poder adquisitivo, con unos Presupuestos que, sin embargo, se presentan como un éxito económico en un acto electoralista que dibuja un escenario macroeconómico increíble por irreal, con una rebaja de déficit desde el 4,2% en 2015 hasta el 2,8% en 2016.

Pero para que el objetivo de déficit de 2016 sea alcanzable, se tiene que producir el objetivo de déficit de 2015, y a la luz de la evolución de la ejecución de ingresos de 2015, esa realidad no está garantizada: en 2015 se presupuestó un incremento de ingresos por impuestos directos y cotizaciones sociales de 3,9%. En el ámbito del Estado, el avance de liquidación de los ingresos por impuestos directos se sitúa un 5% por debajo de lo presupuestado. Resulta un poco difícil creer en un incremento para 2016 de un 6,8% en los impuestos directos, que además si se calculan sobre el presupuesto del 2015 suponen un 1,5%. Y peor anda la previsión de ingresos por cotizaciones sociales, teniendo en cuenta los niveles de ejecución de 2015.

La errática política impositiva del Gobierno, que desequilibra cada vez más el sistema tributario, no va a colaborar a conseguirlo.

Por eso, para UGT es urgente modificar ya la orientación de la política de rentas, incrementando el poder adquisitivo de los funcionarios y pensionistas y actualizando convenientemente el IPREM. No se pueden presentar unos Presupuestos que limitan el gasto, conjugados con unas previsiones de ingresos que se sabe que no van a cumplirse. Y en el sector privado, garantizar ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores y modificar las políticas que han hecho que el empleo creado sea cada vez más precario y que esté generando cada vez más pobreza laboral.

Es preciso incrementar las rentas directas de los trabajadores y de las familias y recuperar un sistema fiscal justo, progresivo y suficiente. Basar el incremento de poder adquisitivo en la rebaja del impuesto sobre la renta es una tomadura de pelo: quienes no llegan a determinado nivel de renta, que son quienes más lo necesitan y quienes más servicios han perdido, no lo van a notar. Eso solo le vale a los más ricos, que no son quienes empujan el consumo.

En definitiva, los Presupuestos tienen que apostar por el crecimiento y para ello hay que favorecer el consumo y eso requiere empleo y rentas para las personas. Es necesario mejorar el poder adquisitivo de quienes lo han perdido durante la crisis y no continuar con políticas de devaluación de las rentas de las familias que solo colaborarán a acentuar la ya creciente desigualdad y pobreza, en cuyo crecimiento durante la crisis sí hemos destacado. Es de justicia social apostar por una política salarial y de rentas que frene la pobreza y la desigualdad.