UGT considera que el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE 2015), aprobado hoy por el Consejo de Ministros, parte de una foto distorsionada del mercado laboral español, eludiendo las consecuencias negativas de la reforma laboral del Gobierno. El sindicato critica que este Plan continuista con los anteriores, no ha contado con la participación de los interlocutores sociales, cuenta con una financiación insuficiente y refleja importantes discrepancias con los Presupuestos Generales del Estado 2015 en medidas de políticas activas.

El Consejo de Ministros celebrado hoy 24 de julio de 2015 ha aprobado el Plan Anual de Políticas de Empleo 2015, con un presupuesto para las Comunidades Autónomas de 1.543 millones de euros. 

En la rueda de prensa, la Ministra Báñez ha destacado que el mercado de trabajo en España ha dado un giro de 180º con la recuperación de la economía. Según la titular, en España ahora se crea empleo, indefinido y a tiempo completo.

Bajo este erróneo diagnóstico, de satisfacción con los resultados ofrecidos por la Encuesta de Población Activa publicada ayer, se configura el Plan Anual de Políticas de Empleo para el presente ejercicio.

Recordamos que se trata de un Plan consensuado con las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, pero al margen de la participación de los interlocutores sociales en todo el proceso. Tal y como hemos puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, los interlocutores sociales no hemos participado en ningún momento en la elaboración del PAPE 2015.

El PAPE es uno de los principales instrumentos para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en toda España y debería basarse en la programación, evaluación y financiación. Sin embargo, el Plan para 2015, al igual que sus predecesores, es una mera recopilación de los servicios y programas a desarrollar por las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Para empezar, el PAPE 2015 parte de una foto distorsionada del mercado laboral español, en un diagnóstico que ensalza el éxito de la reforma laboral del Gobierno en la reducción del paro y la creación de empleo y esconde los verdaderos problemas de nuestro mercado de trabajo. 

Para UGT, el PAPE debe partir de un análisis real del mercado laboral español, donde se reflejen: la elevada tasa de paro, especialmente en mayores de 45 años y jóvenes; el crecimiento de la temporalidad; la calidad del empleo creado, basado en la temporalidad y en el auge del tiempo parcial involuntario; y la generalización del paro de larga duración, que junto a la reducción de la tasa de cobertura, supone un peligro para la extensión de las desigualdades y de la pobreza en el país. 

Reiteramos que el PAPE 2015 recoge la misma línea que los años anteriores, sin ningún tipo de crítica sobre la realidad del mercado de trabajo y además exaltando los “mejores” datos cuantitativos del empleo, sin reflejar en ningún momento la situación cualitativa del mercado de trabajo, donde prima la precariedad laboral, la dificultad para encontrar un empleo, la falta de financiación de políticas activas y por tanto, la falta de oportunidades para aquellas personas desempleadas.  

En cuanto a la evaluación, en este nuevo PAPE se sigue empleando la metodología usada en el Plan de 2014, con un sistema de indicadores consensuados con las CCAA de difícil interpretación y que a día de hoy sólo sirve como una herramienta de distribución de fondos para políticas activas entre CCAA en función de objetivos (con este método de indicadores-objetivos se reparten este año un 60% de los fondos; para 2016 será un 70%). 

Así, 1.543 millones se distribuyen según los criterios consensuados con las CCAA. Pero seguimos sin conocer cuáles han sido los resultados reales de los programas y planes en el mercado laboral. La complejidad de los índices compuestos y la falta de información de las variables que componen los indicadores, impide conocer e interpretar los resultados. 

Por su parte, la financiación de este PAPE 2015 refleja importantes discrepancias con los Presupuestos Generales del Estado 2015 en medidas de políticas activas y con los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal ejecutados hasta la fecha. Atender las necesidades de financiación de las continuas bonificaciones a la contratación y la colaboración público-privada está dando paso a un “baile” de cantidades de difícil control. 

Es el caso, por ejemplo, de la partida presupuestaria destinada a modernización de los servicios públicos de empleo, dotada inicialmente en los PGE con 100 millones de euros, y que queda rebajada a 58 millones desde marzo de este año.

El restante pasa a financiar parte de las medidas de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo (PAE) que deben ejecutar las CCAA. En total se destinarán 129 millones de euros al PAE, en el que cada tutor deberá atender a 120 personas. A día de hoy, se realizará la distribución de un 40% de este presupuesto. 

El restante 60% se repartirá al final del ejercicio, con los mismos criterios que el resto de programas de políticas activas, en función de los indicadores.

La financiación de las políticas activas de empleo no puede sufrir los vaivenes de las decisiones del Gobierno, contemplando modificación tras modificación, que dificulta el seguimiento de las actuaciones en este terreno. Los principales perjudicados con todo ello son las personas en situación de desempleo.