UGT valora el Plan de Estabilidad Presupuestaria aprobada hoy por el Congreso de los Diputados, que contempla un techo de gasto que asciende a 125.064 millones, un 4,4% más que en 2018. La relajación en el objetivo de déficit (se pasa del 1,3% del PIB al 1,8%) permitirá que las Administraciones Públicas puedan disponer de unos 6.000 millones de euros más, lo que debe redundar en beneficio de los ciudadanos.

 

Este margen adicional implicará 2.500 millones de euros para el desarrollo de políticas competencia de las Comunidades Autónomas, las administraciones más próximas a las necesidades de los ciudadanos.  Asimismo, el Estado y la Seguridad Social contarán con mayor financiación (aproximadamente 3.500 millones) y se proyectan modificaciones normativas hacia una mayor flexibilidad de gasto para medidas sociales en las corporaciones locales que tengan superávit. En la misma línea, es positivo que se relaje, también, la amortización de deuda para 2019, en 7 décimas.

 

 

El sindicato considera que es hora de iniciar un nuevo camino dejando atrás las políticas de recortes, que han llevado a nuestro país al empobrecimiento, la desigualdad, la precariedad en el empleo y el desempleo (que ya es estructural) y la pérdida de poder adquisitivo de distintos colectivos, como los pensionistas. Asimismo, es preciso revertir el modelo basado en bajos costes salariales, con escasa inversión en tecnologías y formación y en el que ha primado el trabajo precario y sin derechos.

 

Insta, a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, a impulsar el Estado de Bienestar, mermado por las políticas de austeridad y reforzar los servicios públicos fundamentales.  Se trata de revertir los recortes en Sanidad, Educación, dependencia, etc.

Se necesitan más ingresos

 

Pero para recuperar la cohesión social y reforzar el Estado de Bienestar, abortando los recortes que se han llevado a cabo, bajo la excusa de la crisis, es preciso incrementar los ingresos.

 

En este sentido, UGT defiende una reforma fiscal integral que impulse un sistema tributario potente, justo y eficaz. Una reforma que debe facilitar la redistribución de la renta y la equidad económica e incluir medidas como un aumento de los tipos marginales del IRPF para las rentas más elevadas, la reformulación como rentas del trabajo de los rendimientos de capital y situar la lucha contra el fraude fiscal como objetivo prioritario.

 

Hay que establecer impuestos adicionales y avanzar hacia la progresividad tributaria. No es de recibo que desde 2014, primer año de crecimiento del PIB, el peso del IVA sobre el total de ingresos tributarios, haya aumentado en tres puntos y se sitúe ya en un 34% (este Impuesto sobre el Valor Añadido, es uno de los menos progresivos pues todos los ciudadanos pagan lo mismo independientemente de su nivel de renta). El sindicato considera que hay que establecer elementos de justicia en este impuesto y defiende, en este sentido, un IVA reducido para los consumos y suministros relacionados con el hogar.

 

 

En materia de gastos es preciso apostar por un Sistema Público de Pensiones que afronte los retos del futuro y asegure el poder adquisitivo de los pensionistas, invertir en políticas de empleo eficientes que potencien y reformulen las políticas activas y que refuercen las prestaciones por desempleo, para aumentar su grado de protección contributivo y asistencial. Y aprobar, en el marco el diálogo social, un verdadero plan de choque, con recursos excepcionales, para impulsar la contratación laboral y el empleo de calidad, especialmente de los colectivos en peores condiciones.

 

Asimismo, es preciso dotar presupuestariamente la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, potenciar la vivienda social, etc. (actualmente, contrasta el mayor peso del gasto militar y la ausencia de recursos en vivienda social)

 

Los PGE para 2019 deben incrementar, también, la inversión en materias importantes como el necesario cambio de nuestro modelo productivo. Ello implica más inversiones en industria, en tecnología e innovación, en formación, afrontar el reto del cambio climático y la protección del medio ambiente.

 

En definitiva, se trata de conseguir sentar las bases para un crecimiento sostenible y la distribución equitativa de la riqueza.