​La Unión General de Trabajadores considera que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 presentado por el Gobierno no pasa de ser un escaso y muy insuficiente paliativo para los serios problemas de acceso a la vivienda existentes en nuestro país. En las alegaciones presentadas por el Sindicato al Borrador de Real Decreto del Plan destaca que no se incorpora al mismo el impacto económico y presupuestario, y sería importante conocer de dónde van a salir los recursos para financiar el Plan, especialmente si tenemos en cuenta que los tres programas que conforman la política de vivienda del Ministerio de Fomento han bajado un 20,54%. Las medidas destinadas a los jóvenes, además, resultarán prácticamente inviables para la inmensa mayoría de ellos dada la precariedad laboral que padecen.

El Sindicato considera que es necesario que el nuevo Plan tenga una mayor dotación de recursos que el vigente Plan de Vivienda 2013-2016, y que se defina y concrete el programa de fomento del parque de viviendas en alquiler que debe contribuir a reforzar el débil peso de la vivienda de alquiler en nuestro país. España tenía en 2016 (según la Encuesta Continua de Hogares) un 77,5% de viviendas principales en propiedad y un 17,3% de alquiler, del que sólo un 2% eran viviendas sociales en alquiler, lo que equivale a decir que en España no existe un parque social de viviendas en alquiler.

La falta de datos presupuestarios impide conocer el número de actuaciones que se pretende alcanzar en cada programa, el número de ayudas al alquiler que se pretenden conceder en cada anualidad del Plan, o las cifras de viviendas a construir, rehabilitar, etc; datos de los que dependerá el éxito y alcance de la norma, especialmente para valorar su impacto sobre el empleo.

Las ayudas a jóvenes, prácticamente inviables

Las medidas incluidas en el Plan destinadas a la población joven resultarán poco útiles frente al hándicap que supone para su emancipación el aumento de la precariedad laboral, especialmente por los bajos salarios y la extrema temporalidad, y por la insuficiencia de las ayudas frente a la escalada de precios en el mercado de la vivienda español.

Así sucede, por ejemplo, cuando el Plan establece como requisito para optar a las ayudas a la adquisición de vivienda el disponer de una fuente regular de ingresos, lo que excluiría a miles de trabajadores y trabajadoras jóvenes sometidos a la extrema precariedad laboral. Además, se establece la incompatibilidad de las nuevas ayudas del Plan con la Renta Básica de Emancipación y/o con las concedidas por entes locales o autonómicos, así como la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan reducir el plazo de tres años para las ayudas al alquiler, lo que puede generar enormes desigualdades entre territorios.

Parece contradictorio, en definitiva, que se presente este Plan de Vivienda cuando los PGE recortaron un 20,6% las políticas de vivienda, o cuando la dotación prevista para 2017 de la Renta Básica de Emancipación es de dos millones de euros frente a los catorce millones presupuestados en 2015.

Incluir un Programa específico para víctimas de violencia de género

Asimismo, UGT ha planteado en sus alegaciones la inclusión, entre los programas de ayudas que contiene el Plan de Vivienda, un programa específico de ayuda para las víctimas de violencia de género que cumpla correctamente con las previsiones de la Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la obligatoriedad de establecer criterios de priorización para acceder a todas ayudas de todos los programas de vivienda. De igual modo, se reclama recoger los mismos derechos para las unidades familiares monoparentales con un hijo o más a su cargo (no sólo a partir de dos hijos) que, como sabemos, son mayoritariamente encabezadas por mujeres solas con hijos.