En los últimos días se han sucedido en Perú numerosas manifestaciones que han culminado con la dimisión del presidente Manuel Merino, quien había asumido los mandos del país solo cinco días antes, tras la destitución del anterior presidente Martín Vizcarra.

El pasado 9 de noviembre, Martín Vizcarra, fue destituido como presidente a través de una moción parlamentaria, amparada en la figura jurídica de la “incapacidad moral”, cuya utilización en este proceso ha sido fuertemente cuestionada por diferentes sectores sociales peruanos. 

El rechazo social a la estrategia de destitución del presidente Vizcarra por parte de la oposición se sumó a la desconfianza ya existente respecto de la mayoría de la clase política en Perú, que alcanza ya niveles irreconciliables. Además, la destitución de Vizcarra se produjo a solo cinco meses de las elecciones presidenciales y en medio de una grave crisis económica y sanitaria provocada por el Covid-19, que continúa afectando gravemente al país sudamericano. Las protestas, que se iniciaron tras la asunción de Merino como presidente, fueron reprimidas duramente por el nuevo Gobierno causando centenares de heridos y dos jóvenes manifestantes asesinados.

Finalmente, ante el crecimiento de las protestas y la brutal represión, Manuel Merino presentó su dimisión, que fue seguida por la renuncia de todo el gabinete. De esta manera, el país sudamericano se mantuvo durante casi dos días en un peligroso escenario de vacío de poder institucional, sin autoridades al mando de los poderes ejecutivo y legislativo. Finalmente, el pasado lunes, el Congreso designó a Francisco Sagasti, como nuevo presidente, aunque se mantiene pendiente una resolución del Tribunal Constitucional peruano sobre la destitución parlamentaria de Vizcarra.

Diferentes organizaciones sindicales y sociales peruanas han convocado un paro nacional para este miércoles 18 de noviembre, con el objetivo de que el Gobierno en funciones y el Parlamento acepten las exigencias de un Gobierno provisional con participación popular, con el objetivo principal de la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Desde UGT enviamos nuestra solidaridad y apoyo al conjunto de trabajadores peruanos, a sus organizaciones sindicales y a toda la sociedad del país en sus justas reivindicaciones de exigencia de un Gobierno que atienda las necesidades fundamentales de la ciudadanía y del inicio de construcción de una nueva Constitución que sirva como marco para un Perú más justo para toda su población. 

Los recientes acontecimientos en Bolivia y Chile son una buena muestra de que, si permanece unido respecto de sus justos objetivos, no habrá poder de las élites o intervencionismo extranjero que pueda frenar que los deseos de justicia social y democracia del pueblo peruano se hagan realidad.