​La Unión General de Trabajadores denuncia que los recortes, del Gobierno del PP, en el Estado de Bienestar han convertido al trabajo doméstico, en la única opción de muchas familias para cubrir servicios y prestaciones que no existen o cuyos precios no pueden pagar. Así, España tiene el 28,1% del total del empleo doméstico de toda la Unión Europea, un trabajo que se ha precarizado aún más con la crisis y que, en nuestro país, recae sobre todo en mujeres de nacionalidad extranjera. El sindicato denuncia, una vez más, el déficit de derechos de quienes trabajan en este sector, incluidos los bajos salarios, respecto al resto de la población trabajadora y exige un reconocimiento y una legislación adecuada para resolver esta situación.

En España, más de medio millón de personas, mujeres fundamentalmente y una gran mayoría de nacionalidad extranjera, trabajan en el sector doméstico. UGT considera que el empobrecimiento de las familias, por la crisis y los recortes en prestaciones y servicios públicos, está repercutiendo en unas peores condiciones para estos trabajadores, que en muchos casos, tienen que realizar servicios y actividades ajenas a su profesión.

El 28´1% del total del empleo doméstico de la Unión Europea, está en España. Además, nuestro país es el segundo en el que el empleo en esta actividad representa el porcentaje más alto, respecto al total del empleo, con el 3´4%.

La comparación entre los estados miembros de la Unión indica que hay una relación inversa entre el volumen del empleo en el trabajo doméstico y el empleo en las actividades en servicios sociales y asistencia en establecimientos residenciales. En España, el empleo en estas dos actividades solo representa el 2´5% del total del empleo de nuestro país, porcentaje muy por debajo de la media Europea (el 4´6%).

Coincide que en países donde hay menos porcentaje de servicios sociales y asistencia hay más porcentaje de trabajo doméstico (Chipre tiene un 1´1% de empleos en servicios sociales y asistencia, y un 3´6% en trabajo doméstico e Italia tiene un 2´4% de empleos en estas actividades y el 3´3%, en trabajo doméstico) Por contra, en Finlandia, donde el empleo en servicios sociales y asistencia supone el 9% del empleo total del país, el trabajo doméstico solo alcanza el 0´3%, o en los Países Bajos, donde el empleo en las dos primeras actividades representa el  8´6% el trabajo doméstico solo representa el 0´02%.

El trabajo doméstico suple así las carencias en servicios y prestaciones que deberían ser puestas a disposición de la población por las Administraciones Públicas. En el caso de nuestro país, ha servido para cubrir la ausencia, la desaparición o la privatización de servicios esenciales de cuidado de las personas.

Por otro lado, el empobrecimiento progresivo de las familias, ha tenido una repercusión directa en el salario y la jornada de los empleados de hogar, con una sobrerrepresentación de las

mujeres inmigrantes. El salario medio en el trabajo doméstico en 2014 era de 745 euros, un 60´3% inferior al salario medio total español.

A medida que avanzaba la crisis, el presupuesto de las familias dedicado al salario del trabajo doméstico, ha caído drásticamente. En el año 2011, las familias dedicaban un 1´15% de su presupuesto al pago de salarios del trabajo doméstico y un 0´03% al pago de su Seguridad Social. En 2015 el porcentaje destinado al pago del salario es del 0´9% y el correspondiente a la Seguridad Social, un 0´07% (en este caso el aumento se relaciona directamente con la reforma del sistema que entró en vigor en el año 2012). Por otro lado, según la Encuesta de Presupuestos Familiares, y en relación con el año 2006, el gasto en 2015 en productos farmacéuticos se ha incrementado un 53%; el gasto en educación primaria, un 34´7%, en educación secundaria obligatoria un 10%; sin embargo, el gasto en servicios recibidos fuera de los centros educativos por niños (guarderías, jardines de infancia) ha disminuido un 20%. Las consecuencias de los recortes y el desempleo, han dado lugar a que se prescinda del trabajo doméstico, se precaricen sus condiciones de empleo o se cubran con este empleo las necesidades de cuidado de las personas.

Consecuencia de la crisis también ha aumentado la ocupación a tiempo parcial en esta actividad. En 2015, el 54´2% del total de población ocupada en el trabajo doméstico, lo está a tiempo parcial, el porcentaje más alto de todas las  ramas de actividad. El salario medio en esta jornada es de 378 euros.

Por tanto, como consecuencia del empobrecimiento generalizado de la población española y de los recortes o la privatización de servicios y prestaciones que cubren necesidades básicas de cuidado de personas, las necesidades sociales se han cubierto en parte con un trabajo doméstico en condiciones de precariedad. Con unas trabajadoras y trabajadores que, hoy por hoy, y debido a la inacción del Gobierno, siguen sin estar equiparados en derechos laborales y de protección social con el resto de la población trabajadora. En este sentido, UGT considera que esta inacción es absolutamente voluntaria, ideológica y utilitarista: el Gobierno recorta servicios y prestaciones, o los vuelve inasumibles por las progresivas privatizaciones, pero pone a disposición para poder cubrirlas, a un colectivo de trabajadoras y trabajadores con unas condiciones precarias.

La Unión General de Trabajadores reclama el reconocimiento que merece el trabajo doméstico de más de medio millón de personas, mujeres fundamentalmente, y reivindica:

• Que se inicien los trámites para la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

• Que el Gobierno del PP cumpla de una vez la norma que regula esta actividad y reúna de manera inmediata el grupo tripartito previsto en ella (Gobierno, Organizaciones Sindicales y Organizaciones Empresariales) para abordar, entre otros asuntos:  la protección por desempleo de este colectivo, la desaparición del desistimiento como fórmula de extinción del contrato, materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales, que su salario de referencia sea el Salario Mínimo Interprofesional; o la búsqueda de fórmulas alternativas que permitan la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.