► Cristina Antoñanzas, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, destaca que, sin el aporte de la población migrante, nuestro país tendría entre un 15% y un 20% menos de habitantes, seríamos una población más envejecida y contaríamos con menos población activa.

► Reclama una política migratoria integral que respete los derechos de las personas migrantes.

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha manifestado que “la ausencia o la precariedad del empleo es una motivación para migrar”, tal y como se ha comprobado en esta crisis como en la anterior, y que “abordar las migraciones forzadas requiere afrontar y contribuir a hacer desaparecer sus causas”. Asimismo, ha señalado que “nuestro país, sin el aporte de la población migrante, tendría entre un 15% y un 20% menos de habitantes, seriamos una población aún más envejecida y contaríamos con menos población activa”. 

Antoñanzas que ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado ha ofrecido algunos datos de la situación laboral de la población española de nacionalidad extranjera. 

En este sentido ha dicho que las trabajadoras y trabajadores de nacionalidad extranjera o de origen migrante sufren más desempleo, tienen más empleos precarios y más facilitad para quedarse sin trabajo. Así, la población de nacionalidad extranjera representaba el 20% de la pérdida de altas en la afiliación y el 49% del total de caída de contratos indefinidos, según datos de la última quincena del mes de marzo.

Una política de migraciones integral en el contenido y en la gobernanza

Antoñanzas ha recordado que el 56% de la población extranjera lleva más de 10 años residiendo en España y ha defendido “una política con normas y medidas efectivas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades en todos los ámbitos”. 

Ha remarcado que “hay un nexo ineludible entre la situación del mercado de trabajo, el desempleo y la calidad del trabajo y los flujos de entrada y salida”. Por eso, la movilidad entendida como el desplazamiento de trabajadores y trabajadoras en la Unión Europea, también debería ser parte de una política integral de migraciones”.

Ha defendido una mayor coordinación, tanto entre distintos departamentos ministeriales como con las Administraciones Territoriales y “un aumento presupuestario no solo para las materias relacionadas con las migraciones, sino también para dotar de recursos materiales y humanos a los servicios públicos que atienden a las personas migrantes, tanto en España (sistema de acogida a los solicitantes de protección internacional, oficinas de extranjería, oficina de asilo y refugio entre otras) como el Servicio Exterior del Estado”.

Algunos aspectos que deben tenerse en cuenta

La Vicesecretaria General de UGT ha expresado también durante su intervención algunas de las preocupaciones del sindicato que afectan a la situación de la población migrante en España y que deben formar parte de esta política integral. En este sentido, ha dicho que debería hacerse un análisis pormenorizado de la situación de la población migrante en España.  Además, “el Gobierno español reformar el Código Civil para dar una solución a las personas descendientes de españoles de origen que no pudieron acogerse al procedimiento establecido a raíz de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica e  impulsar en el marco de la UE la adopción de la Directiva que impida la actuación de intermediarios no autorizados y de agencias y Empresas de Trabajo Temporal que, aprovechando las lagunas de la regulación, ofrecen empleos en otros Estados miembros, cuyas condiciones son precarias y no coinciden con la oferta inicial”. 

En relación con las mujeres migrantes y el trabajo del hogar y cuidados ha señalado que “no puede demorarse más la apertura de una mesa de Diálogo Social que avance en la equiparación total de condiciones laborales y de Seguridad Social con el resto de la población trabajadora por cuenta ajena”. Estas trabajadoras/es no están protegidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una situación que se agrava para las mujeres en situación administrativa irregular.

Ha instado, además, a extender el acuerdo alcanzado en la mesa de Diálogo Social en torno a las plataformas digitales de reparto y la laboralización de sus trabajadores/as a otras plataformas digitales, como las que llevan servicios de cuidados o tareas del hogar, para evitar la “elusión de la normativa laboral”.

Antoñanzas ha recordado que es necesario reformar la Ley de Infracciones y Sanciones para adaptarla a la realidad de los movimientos migratorios actuales e incrementar las sanciones; reformar el Código Penal para incluir los delitos de trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud y elaborar un Plan Integral contra la trata de seres humanos.

En cuanto a la regulación de los flujos migratorios laborales ha demandado revisar los mecanismos de detección de necesidades del mercado de trabajo. Necesidades que deben ser “reales, acreditadas y responder a empleos de calidad”.

Por último, ha afirmado que hay que “recuperar el valor de la palabra igualdad, en referencia a la población de nacionalidad extranjero o identificada con un origen migrante”.

⇒ Comparecencia