​Los datos de Contabilidad Nacional constatan la fase expansiva de nuestra economía y que esa recuperación no llega a las familias, pues ha caído su nivel de vida. Hay 2,3 millones de desempleados más que antes de la crisis y 2,2 millones menos de ocupados.

Además el trabajo se ha devaluado y cada vez es más precario, temporal y con bajos salarios. Casi el 20% de la población trabajadora (3,3 millones) se encuentra en situaciones de pobreza.

Por ello, es necesario cambiar ya este modelo de crecimiento desigual e injusto. Hay que actuar en 4 frentes: fomentar el empleo de calidad (derogando las reformas laborales); subir los salarios para aumentar su poder de compra; reforzar las redes de protección social básicas y cambiar nuestro modelo productivo. Prioridades que deben reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y tener su traslación en las mesas del diálogo social, tanto en el ámbito tripartito como bipartito.

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre de 2016, publicados hoy por el INE, recogen un aumento trimestral del PIB del 0,7% y un aumento anual del 3%, tal y como ya estimó el avance conocido a finales de enero. Con ello, el crecimiento medio en 2016 fue del 3,2%, igual que el registrado en 2015. Ha sido el tercer año consecutivo de aumento de la actividad, ratificando que la economía española está en plena fase de expansión, creciendo el doble que EEUU (1,6%) y casi el doble que la zona euro (1,7%).

Con ello, el PIB español alcanza la cifra total de 1.113.851 millones de euros, aún ligeramente por debajo de los 1.116.207 millones de 2008, pero ya muy cerca. Sin embargo, aún tenemos 2,3 millones de desempleados más que hace nueve años, antes del comienzo de la crisis, y 2,2 millones menos de ocupados. Es decir, que la renta global es casi la misma que antes de la crisis, pero el nivel de empleo se ha reducido mucho. Mantenemos una fuerte crisis de empleo, que golpea a las familias trabajadoras de nuestro país, y que se agrava por la elevada precariedad del mismo, consecuencia de las reformas laborales, y sobre todo de la de 2012.

Para 2017 se estima que el PIB crecerá en torno al 2,5%, menos que en 2015 y 2016, pero aún a un ritmo notable. Las empresas seguirán obteniendo cuantiosos beneficios, y las perspectivas exportadoras para nuestro país siguen siendo buenas. Es un contexto de expansión económica, que debería traducirse en una mejoría de la calidad de vida de la mayoría de la población. Pero no está siendo así, por tres razones.

• Primero, porque el empleo que se crea es de muy baja calidad, muy precario, y de escasa productividad. Un empleo inestable, que aporta poco valor añadido a las empresas, y que frena el consumo.

• Segundo, porque la devaluación salarial sufrida desde 2009 ha hundido las rentas de los trabajadores y las trabajadoras, perdiendo mucho poder de compra, lo que también está lastrando el consumo. La Contabilidad Nacional ofrece más datos que subrayan lo que está pasando: mientras el excedente de las empresas crece a un ritmo del 5,3%, la remuneración por asalariado está prácticamente congelada (aumentó una décima en el cuarto trimestre), y los costes laborales unitarios caen un 0,2%.

• Y tercero, porque los recortes en las políticas básicas del estado de bienestar (pensiones, sanidad, políticas sociales) también están empeorando el nivel de vida de una mayoría social, reduciendo el potencial de crecimiento y generando incertidumbre económica.

La consecuencia de esta situación es doblemente negativa. De un lado, al no despegar definitivamente el consumo de los hogares, nuestra economía no crece como podría y, en consecuencia, no crea empleo con la intensidad que necesita. De otro, y más importante aún, la expansión de la actividad no se está traduciendo en una expansión coherente del bienestar de la mayoría de la ciudadanía, que sigue en una profunda crisis. No es casualidad que casi el 20% de la población trabajadora (3,3 millones) se encuentre en situaciones de pobreza y exclusión social. Trabajador y pobre es una categoría, lamentablemente, cada vez más habitual en España.

De lo anterior se deducen cuáles deben ser las actuaciones prioritarias para relanzar el crecimiento económico, generar más empleo y de más calidad y mejorar la calidad de vida de todas las personas, y especialmente de aquellas que peor lo están pasando:

1. La creación de empleo de calidad es prioritaria. Hay que impulsar un Plan de Choque por el Empleo con medidas efectivas para fortalecer la creación de empleo estable y con derechos y sacar del desempleo a los parados de larga duración y con mayores dificultades. Para todo ello, es imprescindible derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, que han desquiciado el mercado laboral y desequilibrado la negociación colectiva.

2. Ha llegado el momento de subir los salarios, de aumentar su poder de compra. Sin aumento de salarios por encima del IPC no se consolidará la recuperación, y la mayoría trabajadora no verá mejorado su bienestar. Esto debe traducirse en subidas en los convenios del 1,8% al 3%. Y también deben aumentar los salarios de los empleados públicos, recuperando parte de los cerca de 13 puntos porcentuales perdidos en los últimos cinco años.

3.  Hay que reforzar las redes de protección social básicas: pensiones, prestaciones por desempleo y prestaciones sociales (incluyendo la atención a la dependencia). Porque estas rentas suponen el medio de vida de millones de personas que no tienen empleo y de sus familias, y que han sido especialmente golpeados por la crisis y por las políticas de austeridad extrema. Su recorte es, junto a la destrucción de empleo y a la devaluación salarial, una de las causas fundamentales del aumento de la pobreza, la exclusión social y las desigualdades en los últimos años. La salida de la crisis no puede dejar personas por el camino; hay que mejorar la calidad de vida de todas y todos. Porque sin mayor solidaridad no habrá tampoco mayor crecimiento económico.

4.  Y hay que cambiar nuestro modelo productivo, otorgando más peso a la industria y a las actividades que aceleran el desarrollo, como el I+D+i, la sociedad del conocimiento y la digitalización, y reforzando a la vez su carácter sostenible social y medioambientalmente. En este sentido, se precisa un Plan Estratégico para la Industria que sustente una estrategia equilibrada de largo plazo.

Todas estas prioridades deben reflejarse las partidas esenciales de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, y deben tener traslación en las diferentes mesas del diálogo social entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos, tanto en el ámbito tripartito como bipartito. La mayoría de nuestra sociedad está reclamando un cambio de políticas que derive en una nueva senda de crecimiento que genere más y mejor empleo y que reparta sus beneficios de manera más justa.