La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, interviene en unas jornadas sobre la responsabilidad de las empresas en materia de violencia de género organizadas por Mujeres Avenir

Jornadas en las que ha reclamado “más recursos para acabar con la violencia hacia las mujeres, con el fin de prevenir y dar una atención integral a las víctimas, y acelerar la aplicación efectiva de distintos acuerdos y convenios en el ámbito nacional e internacional”.

En este sentido, ha considerado imprescindible “incrementar la efectividad del Pacto de Estado en materia de violencia de género; implementar el Convenio de Estambul de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica; acelerar la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y la ratificación del Convenio 189, sobre las trabajadoras domésticas”.

Para Cristina Antoñanzas, “las mujeres seguimos siendo discriminadas y asesinadas por el mero hecho de ser mujeres, también en el trabajo. Es fundamental luchar contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. Está muy invisibilizado, las cifras son muy bajas, cuando pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y se producen muchos casos, aunque no se denuncian”.

La negociación colectiva, fundamental para acabar con la violencia de género

De esta forma, ha considerado que la labor de UGT “es fundamental para apoyar a las mujeres que sufren violencia y denunciar. Y también trabajar desde la negociación colectiva, impulsando los planes de igualdad. Desde 2007 es obligatorio que las empresas tengan protocolos de prevención contra el acoso sexual o por razón de sexo, y hay miles de empresas que no lo tienen. Es fundamental potenciar estos protocolos de acoso en las empresas”. 

Por ello, ha demandado la necesidad de “garantizar una independencia económica a las mujeres víctimas de violencia y mejorar los mecanismos de políticas activas de empleo para fomentar su contratación. El empleo es esencial e imprescindible para combatir la violencia de género, por lo que resulta fundamental impulsar la inserción laboral y el empleo de calidad para las víctimas de violencia de género”. 

Además, ha exigido revisar el Programa de Inserción Socio-laboral para Víctimas de Violencia de Género y adoptar nuevas medidas para mejorar los déficits en esta materia; y “redoblar los esfuerzos, desde el ámbito legal y de las políticas públicas para eliminar la discriminación y la desigualdad de género en todos los ámbitos, incluido el laboral, imprescindible para erradicar la violencia machista contra las mujeres”.