​UGT y CCOO van a redoblar las acciones para luchar contra la discriminación salarial y laboral que sufren los trabajadores de las empresas multiservicios. En este sentido, reiteran la necesidad de realizar una reforma legislativa que garantice los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de externalización y en las actividades ya externalizadas.

Ambos sindicatos seguirán impulsando en los convenios cláusulas para garantizar que no se devalúen las condiciones retributivas y de trabajo del convenio sectorial de referencia en las empresas multiservicios; y solicitan a la Inspección de Trabajo que intensifique la vigilancia para evitar las prácticas fraudulentas o irregulares de estas empresas (que repercuten negativamente en los ingresos por cotizaciones en el sistema de la Seguridad Social y en los ingresos de la Hacienda Pública). Consideran que la responsabilidad última de las condiciones de los trabajadores de estas empresas multiservicios recae en las empresas que contratan, sean éstas de carácter privado, público o la propia Administración.

La reforma laboral, de 2012 y la prevalencia aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, han provocado la devaluación de salarios y de las condiciones de trabajo de miles de trabajadores, a través de la externalización y las empresas multiservicios.

Por eso, CCOO y UGT iniciaron en marzo de 2015 una campaña para impulsar acciones que evitaran esto. Actuaciones recogidas en una Declaración conjunta y en base a tres ejes: en el ámbito jurídico, de la negociación colectiva y propuestas para establecer una reforma legislativa.

Aunque después de año y medio se han producido avances éstos han sido dispares y todavía son insuficientes, por eso UGT y CCOO van a redoblar esfuerzos para perseguir la devaluación del trabajo a través de las empresas multiservicios.

Hasta ahora los mejores y más inmediatos resultados han sido la anulación, por falta de legitimidad de las partes firmantes, de casi el 100% de las decenas de convenios de empresa que los sindicatos han impugnado ante la Audiencia Nacional y las diferentes campañas de denuncia a la Inspección de Trabajo que se han iniciado a raíz de dichas anulaciones que están produciendo efectos en amplios colectivos y sectores.

Respecto a la propuesta de modificación legislativa solicitada por ambos sindicatos, en julio de 2015, el resultado ha sido el silencio por parte de la Administración y del Gobierno, si bien los partidos políticos, en mayor o menor medida, recogieron en sus programas medidas en este sentido en las elecciones generales de diciembre y junio.

En el ámbito de la negociación colectiva aunque también se han producido avances, el principal obstáculo sigue siendo la reforma laboral de 2012 y la prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial. Aun así, existen cláusulas de garantía para el personal externalizado en los convenios de: Hostelería de Baleares, Málaga, Navarra, Las Palmas, Tenerife y Teruel, en el I Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal 2016, en el Convenio de Limpieza de edificios y locales de Guipúzcoa, en el I Convenio de Colectividades de 2016 y en el Convenio de Empresa de SEAT 2016. 

Con el objetivo de redoblar la campaña contra el modelo de externalización por el que se ha optado en la última década en nuestro país, UGT y CCOO acuerdan:

1. Intensificar las acciones, tanto sindicales como administrativas y judiciales, para corregir las desigualdades y fraudes que producen las empresas multiservicios en todos los sectores de actividad.

2. Instar a la Dirección General Estatal de la Inspección de Trabajo para que actúe de oficio contra las prácticas fraudulentas o irregulares de estas empresas  que tienen, además, una importante repercusión negativa en los ingresos por cotizaciones en el sistema de la Seguridad Social y, en última instancia, en los ingresos de la Hacienda Pública.

3. Insistir de nuevo, ante los partidos políticos y el Gobierno, en la reforma urgente de los artículos 43 al 45 del Estatuto de los Trabajadores, la derogación de la reforma laboral y la regulación legal o administrativa de las Empresas Multiservicios para su control y seguimiento.

4. Instar a CEOE y CEPYME a que se posicionen respecto a las empresas multiservicios y más en concreto, sobre la aparición de nuevas asociaciones que parecen convivir e invadir espacios de negociación colectiva y patronales ya existentes.

5. Impulsar en los convenios sectoriales y de empresa cláusulas de garantía para regular una externalización responsable, tanto con las plantillas de las empresas principales como con el personal subcontratado.

6. Trasladar la presión y la responsabilidad del modelo de externalización a las Empresas principales o clientes y Administraciones. UGT y CCOO consideran que los términos en los que se contratan y subcontratan las actividades, tanto principales como auxiliares, en el propio contrato mercantil, son los que fijan las condiciones laborales y salariales de las personas externalizadas, es decir, la plantilla de las empresas multiservicios.

7. Ambas organizaciones ratifican su compromiso de no firmar convenios que no cumplan con las mínimas garantías laborales  y salariales recogidas como base en la Declaración conjunta del 18 de marzo de 2015.