Un informe del Instituto Sindical Europeo denuncia que las medidas tomadas por los países de la UE han excluido a trabajadores atípicos y autónomos

El informe “Trabajadores atípicos y autónomos en la Unión Europea: protección social durante la pandemia del COVID-19” elaborado por el Instituto Sindical Europeo (ETUI) subraya la necesidad de mejoras estructurales en todos los Estados miembro de la Unión Europea, al margen de las reformas urgentes realizadas en sus sistemas de protección social durante la crisis de la COVID-19.

Este informe revela que, si bien es cierto que 24 de los 27 Estados miembro han aumentado las cuantías, duración o condiciones de acceso de las prestaciones de desempleo o ayudas para aumentar los ingresos, o que se han modificado las condiciones de acceso a las prestaciones por enfermedad o los permisos parentales en 20 de estos Estados en la mayoría de los casos reduciendo el periodo de espera para acceder a las prestaciones, “esta repentina crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las profundas carencias de los sistemas de protección social”.

Así pues, y aunque las reformas llevadas a cabo durante la crisis han sido, en general, beneficiosas, solo abarcaban un periodo temporal, algunas de ellas ya han desaparecido, o ha habido países que no han modificado en absoluto sus políticas en materia de prestaciones clave ya fueran la de desempleo (Croacia, Hungría y Malta), ayudas para ingresos (como es el caso de Hungría, Malta y Suecia), prestaciones por enfermedad (Chipre, Chequia, Grecia, Croacia, Irlanda, Polonia y España), o el permiso parental (Dinamarca, Estonia, Croacia, Hungría, Irlanda, Letonia y Países Bajos).

El informe denuncia también que estas medidas estaban destinadas a favorecer a los y las trabajadoras que ya tenían acceso a los sistemas de protección social y no a aquéllas (como es el caso de los trabajadores atípicos y autónomos) que con frecuencia ya están sin ningún tipo de cobertura ni apoyo.

El Instituto Sindical Europeo recuerda que el Consejo Europeo aprobó en 2019 una recomendación sobre la necesidad de que los sistemas de protección social estuvieran “preparados para el futuro”, extendiendo las coberturas a los trabajadores atípicos y autónomos que, hoy en día, representan a 4 de cada 10 trabajadoras y trabajadores en la Unión Europea. En este sentido, la Confederación Europea de Sindicatos considera que la dinámica creada por las numerosas medidas de urgencia debería abocar a reformas más permanentes y profundas que ofrezcan una protección social decente a todos y todas las trabajadoras, ya que los sistemas de protección social europeos llevan retraso con respecto de los cambios que se han experimentado en la economía a lo largo de esta última década, tras la que la crisis de la COVID-19 no ha hecho sino resaltar aún más estas deficiencias.

Como ha denunciado UGT en el caso español, el informe concluye que también en Europa las personas más vulnerables de nuestras sociedades son las principales víctimas de estas graves deficiencias, especialmente las mujeres y los jóvenes, y apuesta por trabajar las medidas de urgencia establecidas en los Estados miembro que se han demostrado eficaces y posibles, al haberse mejorado, en general, la protección social durante la pandemia, y hacer muchos de ellos permanentes, así como incluir a todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras, incluyendo a los atípicos y a los autónomos.