Las medidas aprobadas hoy en el Congreso van en la buena dirección 

► La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) valora el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que se ha aprobado hoy en el Congreso porque ha mantenido la capacidad de la inspección de entrar en los domicilios de posibles defraudadores sin necesidad de notificación previa, y porque establece una tributación del 15% para los beneficios no distribuidos de las SOCIMIS y un endurecimiento de las condiciones de inversión en las SICAVS, medidas que, sin embargo, se quedan cortas. 

► El sindicato considera que es necesaria una reforma fiscal integral y valiente que amplíe los recursos disponibles para fortalecer el Estado de Bienestar. 

► En el IRPF propone que las personas paguen proporcionalmente a lo que ganan, que las rentas de capital tributen como las de trabajo, que los autónomos coticen por sus bases reales y revisar y reducir las deducciones fiscales.

► Aboga por revisar el Impuesto de Sociedades, para que sea más justo y efectivo, establecer una nueva figura tributaria que grave las viviendas vacías de las entidades financieras, de las SOCIMI y de los fondos de capital riesgo; que todos los bienes de primera necesidad tengan IVA reducido o superreducido; y elevar la tributación por sucesiones y donaciones, entre otras medidas.

► Asimismo, insta a revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución para proteger las necesidades esenciales de la ciudadanía, estableciendo un suelo de gasto social que no debe estar afectado por las reglas de limitación del déficit público.

UGT exige acometer una reforma fiscal integral que amplíe los recursos disponibles para que se fortalezca el Estado de Bienestar. Los principios de suficiencia, equidad y progresividad deben ser los pilares fundamentales sobre los que se sostenga nuestro sistema tributario, y para ello no se deben demorar más las siguientes actuaciones:

• La progresividad debe hacerse efectiva a todos los niveles, y aquellas personas que ingresan más deben pagar más proporcionalmente. En el IRPF, se debe realizar una revisión de las reducciones y deducciones fiscales con el fin de suprimir las más ineficientes e injustas, así como eliminar el método de estimación objetiva, que ha perdido todo sentido. De igual manera, las rentas de capital deben tributar como lo hacen las rentas del trabajo, porque no existe justificación para que no sea así y se vean favorecidas. Y, en el caso de los autónomos, se debe destopar la base máxima en las cotizaciones sociales y hacer que este colectivo cotice por sus bases reales. 

• En el Impuesto de Sociedades es importante limitar al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones de las que gozan las empresas –sobre todo los grandes grupos y corporaciones- que actualmente permiten que su tipo efectivo (lo que finalmente pagan) sea muy inferior al tipo de gravamen general (lo que deberían pagar según sus resultados). Garantizar un tipo mínimo efectivo sobre el beneficio contable que evite la desfiscalización de estas rentas (como se está debatiendo a nivel internacional) y eliminar el régimen de consolidación de grupos es imperativo. Además, UGT propone modificar el régimen fiscal de las SICAV (Sociedad de inversión de capital variable) y SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) para que tributen en mayor medida, ya que ahora lo hacen en un 1 y 0 por ciento, respectivamente. En este sentido, hay que valorar positivamente las medidas que contiene el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que se ha aprobado hoy en el Congreso, y que establece una tributación del 15% para los beneficios no distribuidos de las SOCIMIS y un endurecimiento de las condiciones de inversión en las SICAVS para poder beneficiarse de esa tributación del 1%, aunque resultan actuaciones insuficientes. 

• Debe crearse una nueva figura tributaria que grave las viviendas vacías de las entidades financieras, de las SOCIMI y de los fondos de capital riesgo para evitar actuaciones especulativas y propiciar su disponibilidad para los parques públicos de las distintas administraciones. 

• Respecto al IVA, proponemos varios cambios indispensables que afectan a la progresividad del mismo. Por un lado, es preciso revisar la afectación de los diferentes bienes y servicios que se incluyen en los tipos reducidos (10%) y superreducidos (4%) para que tributen ahí todos los bienes de primera necesidad. Entre estos bienes deben incluirse los suministros básicos de la vivienda para consumos bajos. Por otro lado, se deben suprimir en este impuesto las exenciones a la sanidad y educación privadas por su elevado coste fiscal. Por último, impulsar en Europa la recuperación de un tipo impositivo incrementado sobre los bienes de lujo, puesto que los consumen las personas con mayor renta y riqueza. 

• En el momento actual, se debe hacer uso de la tecnología de una manera responsable. Por este motivo, desde UGT consideramos que hay que establecer nuevos sistemas recaudatorios a las empresas que utilicen las nuevas tecnologías en sustitución de las personas trabajadoras, porque no es admisible que el beneficio empresarial se haga a costa de una merma del bienestar de los trabajadores y trabajadoras y de los recursos que obtiene el Estado. 

• Para que se cumpla el principio de equidad, por el que dos personas en las mismas condiciones deben tributar lo mismo, es preciso elevar la tributación por sucesiones y donaciones, estableciendo criterios mínimos homogéneos a nivel nacional y eliminando así la competencia fiscal entre regiones, que tiene efectos muy perniciosos para el erario público y, por ende, para el conjunto de la sociedad. Igualmente, es necesario establecer una imposición efectiva sobre la riqueza que integre todo el patrimonio de los contribuyentes, y que también debe incluir unos tipos mínimos homogéneos en todas las CCAA.

• Reformar la Constitución para proteger las necesidades esenciales de la ciudadanía en materia de sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, protección por desempleo y pensiones, estableciendo un suelo de gasto social que no debe estar afectado por las reglas de limitación del déficit público estructural y las medidas que de ello se deriven. Las prioridades para cualquier Gobierno deben pasar por mantener y mejorar los servicios públicos, y el ciclo económico no debe servir de justificación para menoscabar los derechos de la clase trabajadora. 

• Por este motivo, se debe revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución que antepone el principio de estabilidad presupuestaria al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas en circunstancias recesivas como la actual. 

Además de todo lo anterior, hay una actuación clave, sin la cual no será posible mejorar de manera sustancial nuestro modelo tributario, y que afecta a todas las figuras: el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal. España tiene un elevado nivel de fraude y elusión fiscal que repercute, de manera inaceptable, en los ingresos públicos totales, y que genera crispación en la sociedad al poner de manifiesto evidentes desigualdades de trato, favoreciendo a las personas defraudadoras. Por esta razón, se debe incrementar el número total de la plantilla de la Administración Tributaria y ampliar los recursos que se emplean en esta materia para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones. Además, es necesario fomentar un comportamiento responsable entre los ciudadanos y ciudadanas, lo que requiere de campañas de información e insertar esta cuestión en la educación reglada, así como establecer una evaluación de la política fiscal que evite despilfarros, malos usos e ineficiencias en su ejecución.  

En este ámbito, es importante que el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal haya mantenido la capacidad de la inspección de entrar en los domicilios de posibles defraudadores sin necesidad de notificación previa, siempre con la pertinente autorización judicial y ante la existencia de indicios de delito, puesto que lo contrario habría inutilizado esta necesaria y extraordinaria vía de actuación.

En conjunto, todas estas propuestas contribuirán reequilibrar el peso de las distintas figuras tributarias para que la imposición directa, que tiene en cuenta la situación del contribuyente a la hora de aplicarse, retome el protagonismo que tenía hace años. Se trata de elevar la progresividad tributaria o, lo que es lo mismo, el grado de justicia con el que se recauda. La redistribución de los ingresos generados por el Estado vía gasto es la otra vía para mejorar la justicia económica y social, para lo cual es necesario garantizar la suficiencia de los recursos públicos para reforzar las políticas que conforman el Estado de Bienestar. 

La propuesta del sindicato de una reforma fiscal integral apoyada en estos ejes ha sido aprobada la semana pasada por el 43 Congreso de UGT, como parte de una estrategia global dirigida a devolver a los trabajadores y trabajadoras al centro de las políticas públicas, aumentando la redistribución de la renta y la riqueza y ensanchando las bases de nuestro magro Estado de Bienestar. Porque sin una fiscalidad justa no puede haber progreso.