​La Unión General de Trabajadores considera que es indispensable y urgente establecer una vía de financiación de las pensiones con cargo al sistema impositivo, que deberá ser estudiada y aplicada a través del Pacto de Toledo -el Gobierno ya está financiando con impuestos más de 13.000 millones de euros del agujero que ha creado en la Seguridad Social-. El empleo por sí solo, y menos en las condiciones de fragilidad y precariedad del actual mercado laboral, no va a equilibrar la situación. Hay que atajar también las causas que han provocado el hundimiento de los ingresos por cotizaciones, derogando la reforma laboral y las medidas de devaluación salarial, suprimiendo las reducciones de las cotizaciones sociales y ampliando la cobertura por desempleo. UGT, ante los próximos comicios, llama a los ciudadanos a tener en cuenta la voluntad real de las fuerzas políticas para colocar en primer lugar las pensiones.

Lo primero, lo más importante y lo prioritario es defender las pensiones públicas, las presentes y las futuras. Nada puede haber, en este sentido, más importante a juicio de UGT que eso. Y desde luego la pretensión electoralista de bajar los impuestos nunca se puede anteponer a la necesidad de que la Seguridad Social cuente con las fuentes de financiación necesarias para pagar las pensiones públicas a los millones de beneficiarios que tienen derecho a las mismas. No cabe, ni está justificado de ningún modo, por lo tanto, recorte alguno de las pensiones.

Dejando claro estos principios que defenderá UGT en todo momento, es preciso explicar con claridad cuál es la situación que ha producido el debate actual y cómo se ha llegado a la misma.

El saldo negativo del Sistema de la Seguridad Social ha crecido más del 20% en 2015, alcanzando la cifra de 16.707,7 millones de euros. Pero, la gravedad de la situación ha sido parcialmente ocultada por el ingreso de 2.888 millones de euros procedentes de una transferencia de capital realizada por las Mutuas, que ha supuesto más del 60% del incremento total de los ingresos no financieros del Sistema.

La Seguridad Social en sentido estricto (es decir, sin contar con el Servicio Público de Empleo Estatal y el FOGASA) ha entrado en una situación de descuadre importante, y rápidamente creciente, entre los ingresos por cotizaciones y los gastos por prestaciones. Tal saldo negativo ha alcanzado en 2015 el 1,7% del PIB, frente al 1,4 en 2014, muy por encima de las cifras que el Gobierno había estimado y presentado ante la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad.

La Seguridad Social mantuvo el equilibrio hasta casi el ejercicio de 2011 y a partir de ese momento, el desequilibrio ha crecido de forma claramente acelerada. De no corregirse, las tendencias actuales muestran que el desequilibrio podría aproximarse en tres ejercicios al 4% del PIB.

Por otro lado, no es cierto, como ha declarado el Presidente del Gobierno, que los problemas provengan de la pérdida de empleos ocurrida antes de 2012. La pérdida de empleos durante el conjunto de la crisis, incluida la importante caída provocada en la primera mitad de esta pasada Legislatura es una de las causas esenciales, pero no la única, que ha conducido a la Seguridad Social a esta situación. De hecho, fue a partir de 2012 cuando se produjo el verdadero hundimiento de los ingresos no financieros del Sistema (que más o menos se habían sostenido entre 2009 y 2011), que no se ha recuperado, sino que ha continuado empeorando en los ejercicios siguientes, abriendo cada vez más la brecha entre ingresos y gastos.

No se deben ocultar las verdaderas causas, todas las causas, de esta situación. A la crisis y la pérdida de afiliados al Sistema de Seguridad Social se le unen otros factores muy importantes: las políticas de austeridad que impidieron la superación de la primera recesión en 2010, la reforma laboral que en 2012 aceleró los despidos, hundiendo el empleo, y la política de devaluación salarial y de expansión del empleo a tiempo parcial y de bajos salarios derivadas de esa reforma, y finalmente la utilización de la Seguridad Social para reducir las cotizaciones en programas inútiles de fomento a la contratación, todo lo cual ha hundido la recaudación por cotizaciones y ha impedido su posterior recuperación.

Pero, aún hay un factor más. Y muy relevante en la negativa evolución de los ingresos por cotizaciones: la caída de la protección por desempleo impuesta también en la etapa de gobierno del PP. En 2015, los ingresos por cotizaciones procedentes de los ocupados crecieron un 2,6%, frente a una caída superior al 14% en las procedentes de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo, una evolución que se registra de forma continuada desde 2012. En suma, este factor, los menores salarios particularmente de los grupos de menores retribuciones y de los nuevos empleos en el inicio de la recuperación, el considerable aumento del tiempo parcial, y las crecientes reducciones en las cotizaciones sociales constituyen el conjunto de los factores que explican el agravamiento en el periodo más reciente de los ingresos de la Seguridad Social. Porque es en esta Legislatura cuando todos esos factores unidos han recrudecido considerablemente los efectos de la crisis. Han sido, en consecuencia, decisiones del Gobierno del Partido Popular.

Por lo tanto, la mejora de la situación de la Seguridad Social y del mantenimiento de las pensiones pasa necesariamente y en primer lugar por un cambio completo en las causas que han originado el hundimiento de los ingresos por cotizaciones: derogar la reforma laboral y las medidas de devaluación salarial, incluido el tiempo parcial, suprimir las reducciones de las cotizaciones sociales, y ampliar la cobertura por desempleo.

Todo esto es imprescindible, pero no es suficiente. El empleo, y menos en las condiciones actuales, no solucionará en modo alguno el problema. La prueba está precisamente en esta etapa de creación de empleo: la recaudación por cotizaciones crece mucho más despacio que el empleo, lo que, sumado al resto de los factores señalados, hace que la brecha entre ingresos y gastos sea cada año mayor (ya se acerca al 2% del PIB), y dentro de dos o tres ejercicios será extremadamente elevada. Es evidente que, entretanto se logra la mejora de los ingresos del sistema de pensiones e incluso en la medida en que estos no alcancen a cubrir la totalidad del gasto en prestaciones (porque tendencialmente el gasto en pensiones crecerá más que los ingresos por cotizaciones, sea cual sea el crecimiento del empleo), es indispensable e ineludible establecer una vía de financiación de las pensiones con cargo al sistema impositivo. La mejor fórmula ha de ser estudiada rápido y aplicada a través del Pacto de Toledo, porque la situación de desequilibrio creciente lo hace imperativo y urgente.

Resalta en este aspecto la falsa preocupación de quien considera esta idea disparatada, cuando lo que aparece claramente como un disparate irresponsable es negarse a adoptar las medidas que salvaguarden las pensiones y pretender, sabiendo que eso es inviable, que el empleo, y menos aún el empleo devaluado, será por sí solo una respuesta a la necesidad de devolver al sistema de pensiones rápidamente a su equilibrio y mantenerlo a lo largo del tiempo. El Gobierno ya hoy está financiando con impuestos más de 13.000 millones de euros del agujero que ha creado en la Seguridad Social. Aún resulta más clara la falta de responsabilidad con los pensionistas y las pensiones futuras de quienes, como las fuerzas políticas de la derecha, negándose a garantizar la financiación del sistema de pensiones a través del sistema impositivo, anuncian nuevas rebajas fiscales y se niegan a revertir la pasada rebaja fiscal del IRPF que favoreció como siempre sobre todo a las rentas más altas.

La voluntad de sostenimiento del sistema público de pensiones es un test político de primer orden: las fuerzas políticas que en las circunstancias actuales no acepten que se requiere superar la devaluación laboral y establecer un nuevo mecanismo tributario o presupuestario de financiación de las pensiones públicas, están apostando con plena claridad por los recortes de las pensiones y por la pretensión de crear las condiciones para una desaparición del sistema público de pensiones en España tal y como hoy lo conocemos.

Por todo ello, UGT declara que lo primero son las pensiones, y pide al conjunto de los ciudadanos que tengan en cuenta en los próximos comicios la voluntad real de cada fuerza para anteponer a las rebajas de impuestos las medidas que de verdad garantizan el sistema público de pensiones.