UGT denuncia que la población de nacionalidad extranjera tiene mayores tasas de paro y pobreza, y recuerda que desde 2016 el crecimiento en España solo ha sido posible gracias a los saldos migratorios positivos.

Con motivo del Día Internacional del Migrante, UGT ha publicado un informe basado en datos de su campaña #TrabajoLibreDeBulos, en el marco del Proyecto “Por un trabajo digno”, para recordar las consecuencias de la COVID-19, los cambios en los flujos migratorios o el Brexit en la población en general y en particular en la población migrante.

El sindicato subraya que, pese a las restricciones y cierres de fronteras del pasado año, el saldo migratorio positivo ha permitido compensar un crecimiento vegetativo negativo más acusado como consecuencia del terrible incremento de las defunciones y el descenso de los nacimientos. De hecho, el documento señala que la población de nacionalidad española nacida en España está en descenso desde 2011.

Una de las conclusiones del informe destaca que el 11´42% de la población española tiene nacionalidad extranjera, y que, si añadimos a la población de nacionalidad española nacida en el extranjero, como mínimo, el 16´5% de la población tiene su origen en un movimiento migratorio.

Además, el informe incide en que, en cuanto a población de nacionalidad española, el 21,2% tiene más de 65 años, y la edad media es de 43,8 años. Mientras que, de la población de nacionalidad extranjera, es de 36,6 y que la motivación principal para venir a España es trabajar.

Mayores tasas de paro y pobreza entre la población extranjera

Otra de las conclusiones resalta que el 14´5% de las personas ocupadas y el 13´5% de las afiliadas a la Seguridad Social tienen nacionalidad extranjera y que el 72´5% de los hogares extranjeros tienen como principal fuente de ingreso el trabajo por cuenta propia o ajena.

El sindicato advierte de que, con independencia de la nacionalidad, España fue el cuarto Estado de la Unión Europea con la tasa más alta de riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2020, y que el gasto en inclusión social de nuestro país en el año 2019 fue de 61´8 euros por habitante, muy por debajo de la media europea de 195 euros. 

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