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La larga crisis y las políticas de austeridad impuestas han puesto de manifiesto la insuficiencia de nuestro sistema de protección social. La expulsión de millones de trabajadores y trabajadoras del mercado laboral ha incrementado sus niveles de pobreza y exclusión social ante la incapacidad de las redes públicas de protección de cubrir sus necesidades mínimas. Por ello, UGT reclama una prestación de ingresos mínimos que garantice unos ingresos básicos para las personas sin recursos, vinculada a la Seguridad Social, con una cuantía de 426 euros (que aumente en función de los componentes de la unidad familiar) que se mantenga mientras la persona esté en esta situación. De esta forma, lograremos que muchas personas puedan salir del umbral de la pobreza y vivir con dignidad.

UGT y CCOO han propuesto, mediante una Iniciativa Legislativa Popular, la creación de una prestación de ingresos mínimos que garantice unos ingresos básicos a todas aquellas personas que pudiendo y queriendo trabajar no pueden hacerlo, que carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad, y a quienes los actuales instrumentos de protección social no dan respuesta. Ante esta situación se debe incrementar el gasto social para que, a todos estos ciudadanos y ciudadanas, el sistema de protección social les garantice unos recursos mínimos. Se trata de configurar y ampliar el sistema de protección social actual, para que pueda amparar las situaciones nuevas que ahora se plantean.

Por ello, UGT cree que esta Iniciativa debe ser una de las primeras que se aborde en las Cortes de la próxima legislatura, puesto que responde a una emergencia social: garantizar unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales de las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí o para los familiares a su cargo.

Una prestación que va dirigida a personas entre 18 y 65 años, que no reúnen las condiciones para otras prestaciones y que lleven inscritos en el desempleo, al menos, un año, por lo que se calcula que los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 millones de personas.

Un nuevo derecho subjetivo, vinculado a la Seguridad Social, financiado vía Presupuestos Generales del Estado, que permita a sus beneficiarios tener una cuantía de 426 euros, el 80% del IPREM de 2015 (532,51 euros), que aumentará en función del número de componentes de la unidad familiar y que se mantenga mientras la persona siga en esta situación; y que sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas) pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier administración pública.

Presentación: Hacen falta compromisos concretos sobre empleo, protección social o servicios públicos esenciales en la nueva legislatura

Compromiso 1: La Legislatura tiene que iniciarse con un plan de choque por el empleo

Compromiso 2: Construir un modelo de relaciones laborales más equilibrado y garantista para los trabajadores

Compromiso 3: Una política económica expansiva que impulse el crecimiento y el empleo

Compromiso 4: Incrementar pensiones y salarios para dinamizar la economía

Compromiso 5: Es necesario aumentar el gasto en políticas activas y reformar la protección por desempleo

Compromiso 6: Hay que reformar la política fiscal para que sea más justa y equitativa

Compromiso 7: Promover un suelo de gasto social en la Constitución para financiar los servicios públicos fundamentales

Compromiso 8: Recuperar el gasto en educación, sanidad y servicios sociales hasta niveles anteriores a la crisis

Compromiso 9: Revalorizar las pensiones con el IPC y recuperar el modelo de jubilación anticipada y a tiempo parcial

Compromiso 10: Es preciso alcanzar un pacto social y político por la educación

Compromiso 11: Aprobar una Ley de Igualdad Salarial y ampliar el permiso de paternidad a 4 semanas

Compromiso 12: El nuevo Gobierno debe reforzar la prevención de riesgos