​UGT y CCOO reclaman una reforma de la Constitución, ante su 38 aniversario, en que se aborde, entre otras cuestiones, el derecho al trabajo, el derecho de huelga, el derecho a la negociación colectiva, el régimen público de Seguridad Social, el derecho a la protección social, el derecho a la vivienda digna, las pensiones públicas, o la articulación del territorio y la forma de Estado.

La Constitución Española de 1978 constituye, a nuestro juicio, un texto avanzado de derechos y libertades, que hemos de valorar con la justicia que se merece y reclamar su cumplimiento en su totalidad. Ello no es óbice para que 38 años después, constatemos el agotamiento de algunos de los principios y objetivos que la inspiraron, y creamos necesario abordar en el marco que la propia Constitución reconoce, una reforma con el máximo consenso político y una amplia participación de la sociedad civil organizada.

De los 169 artículos de la Constitución, a los que hay sumar las 4 disposiciones adicionales, las 9 disposiciones transitorias, las disposiciones derogatorias y la disposición final, una parte de su contenido proclama un buen número de los derechos que tienen de protagonistas a las trabajadoras y trabajadores y a sus organizaciones representativas, los sindicatos. Por eso, CCOO y UGT creemos imprescindible reclamar, además de una nueva articulación del territorio, un mayor empeño por incorporar, actualizar y precisar los derechos sociales y laborales, y lo hacemos, insistimos, desde el reconocimiento al carácter avanzado del texto constitucional.

UGT y CCOO apoyaron hace ahora 38 años el SÍ a la Constitución y en este tiempo han demostrado su compromiso con la Carta Magna. Y exigimos su cumplimiento. Es por esto que nos movilizamos en defensa de los derechos que ampara la Carta Magna hoy. Y que son incompatibles con el Estado de las desigualdades que vivimos hoy, con unos altísimos niveles de desempleo, de precariedad, de empobrecimiento de la población, de niveles de protección social bajo mínimos... 

En este sentido, los sindicatos, en tanto que organizaciones de los trabajadores/as que la Constitución proclama, seremos especialmente activos en la defensa de aquellos derechos sociales y laborales de una democracia avanzada:

1.- Una defensa del derecho al trabajo, que sea más ambiciosa en la naturaleza de su dignidad, calidad y estabilidad, frente al uso abusivo de prácticas e interpretaciones que vulneran los más elementales principios de justicia e igualdad.

2.- Un compromiso constitucional con la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. En el caso concreto de la igualdad de género evitar la profunda brecha laboral, salarial y social que sufren las mujeres. Incluso el poco respetuoso uso del lenguaje de género debe merecer otro tratamiento en la redacción y reedición de un nuevo texto constitucional.

3.- Una decidida apuesta por la negociación colectiva como herramienta de igualdad y cohesión social dentro y fuera de la empresa, fijando algunas prioridades que trasciendan a los vaivenes políticos y de gestión gubernamental que se han dado y pueden darse en el futuro.

4.- Un régimen público de Seguridad Social, protección social y atención a las personas en situación de necesidad, blindado ante tentaciones de "liberalización y/o privatización", que tanto gustan a ciertos grupos y poderes del capitalismo financiero y, por supuesto, a las fuerzas política que lo sustentan.

5.- Una arquitectura del derecho del trabajo, que consagre derechos y deberes equilibrados entre la población asalariada y las empresas, de manera que ningún poder ejecutivo pueda acabar con ella cuando la situación económica "lo aconseje".

6.- Una definición justa y rotunda sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada -como recoge el actual texto constitucional-, incompatible con la injusticia social y el interés de una minoría, que las leyes han permitido y las instituciones financieras han practicado.

7.- Un reconocimiento explícito al derecho a una pensión pública digna, suficiente y justa, que consagre la naturaleza jurídica pública del sistema de pensiones e impida la deriva hacia un régimen que vulnere lo aquí planteado.

8.- Una redacción del Título VIII que avance decididamente hacia un Estado Federal, a partir de un debate plural y sensible con la realidad cultural y política de cada comunidad autónoma.

9.- Reconocimiento del derecho de los trabajadores y trabajadoras, a ejercer su derecho a huelga, manifestación y representación.

10.- Establecimiento de un suelo de gasto público y derogación del artículo 135 de la Constitución que impone un techo de gasto.

CCOO y UGT creen que la sociedad española ha cambiado lo suficiente para compartir que, aunque los valores constitucionales, aquí como en cualquier otro país, deben ser imperecederos, pueden y deben actualizarse a través de los mecanismos contemplados en la propia Carta Magna, en su título X sobre la reforma constitucional. Una reforma que, en nuestra opinión, debe concitar como mínimo, los apoyos que tuvo la Constitución de 1978, para ser finalmente refrendada por la ciudadanía española.