​Los precios profundizan su senda descendente al caer 7 décimas en diciembre, respecto al mes anterior, y la tasa anual se sitúa en el 0,0%. España lleva 28 meses consecutivos registrando tasas de variación del IPC inferiores a las de la eurozona.

Esta evolución de los precios refleja la debilidad de nuestra economía a consecuencia de las políticas que se han aplicado en estos últimos 4 años. Unas políticas: que han empobrecido a la población y han fomentado la desigualdad.

La renta media por habitante en España es inferior a la media de la UE de los 28 países y ha ido perdiendo posiciones a lo largo de la crisis. Para superar esta situación UGT insta a que en la nueva legislatura se apueste por una política económica y social totalmente diferente, priorizando la creación de empleo estable y con derechos y la recuperación de la renta de las familias.

Para ello, es preciso que los trabajadores, los pensionistas y perceptores del SMI, entre otros, recuperen el poder adquisitivo perdido, lo que permitirá reactivar la demanda interna. El objetivo es volver a lograr un crecimiento equilibrado, sostenible e integrador, corrigiendo la desigualdad y la pobreza que la crisis y las políticas aplicadas han generado.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC ha profundizado su senda descendente, al caer siete décimas respecto del mes anterior, hasta el -0,3%, y situar la variación en los últimos doce meses en el 0,0%, una décima menos que la registrada en noviembre.

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta una décima y se sitúa en el 0,9%, casi un punto por encima del IPC general, como consecuencia de la incidencia negativa de los precios del petróleo en la tasa general, que no se incluyen en la tasa subyacente.

Por su parte, en el mes de diciembre la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) aumenta tres décimas y se sitúa en el –0,1%. De este modo, el IPCA de España se sitúa tres décimas por debajo de la tasa media de la eurozona, que se mantiene estable en el 0,2%, según el dato provisional. España lleva 28 meses consecutivos registrando tasas de variación del IPC inferiores a las de la eurozona.

Valoración
La evolución de los precios en nuestro país con un indicador claro de la debilidad de la recuperación económica, resultado de la persistente devaluación de las rentas de las familias. Esta devaluación no consigue recuperar la fortaleza de la demanda interna, y está generando unos niveles de desigualdad inadmisibles.

De modo que el enquistamiento del paro de larga duración, el deterioro de la calidad del empleo y la devaluación salarial han provocado una fuerte pérdida de renta de las familias españolas, aumentando de forma notable la población en riesgo de pobreza o exclusión social y la desigualdad en España.

Además, las políticas de austeridad aplicadas en nuestro país han propiciado el alejamiento de España en términos de renta por habitante del conjunto de la Unión Europea. España se encuentra por debajo de la media de renta por habitante de todo el conjunto de la Unión Europea de los 28 países (93 puntos sobre 100 de la UE28). Ha ido perdiendo posiciones a lo largo de la crisis y en 2014 se distanciaba 9 puntos del valor logrado en 2008 y 14 puntos de la renta de la Zona Euro. Una brecha que sigue en aumento.

Por otro lado, según los últimos datos publicados sobre los costes laborales y salariales, en el tercer trimestre de 2015 el coste laboral que las empresas pagaron por trabajador ha crecido un tímido 0,3% respecto al mismo periodo de 2014. Como media, por cada trabajador, las empresas pagaron 2.456,5 €, sólo 6 euros más que en el tercer trimestre de 2014 pero 135 menos que en el trimestre anterior.

La crisis sigue enquistada en nuestro país, mientras el gobierno sigue tan complaciente con un modelo incompatible con el progreso social y la igualdad. Se crea empleo temporal, parcial y precario, que convive con una extensión insostenible del paro de muy larga duración y del número de hogares con todos sus miembros en paro.

Y en este escenario el consumo se resiente, y este hecho se refleja en la evolución de los precios, por lo que urge en España recuperar las rentas salariales y de este modo revitalizar la demanda interna. Porque en esta nueva fase de expansión, los salarios deben ganar poder de compra.

Por ello, UGT demanda la modificación de la política de rentas, incrementando el poder adquisitivo de los funcionarios y pensionistas, y garantizando ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores en el sector privado, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2015-2017 firmado por los interlocutores sociales en junio de 2015, cuyo objetivo es ir recuperando la capacidad adquisitiva perdida por los salarios durante la etapa de recesión.

El informe de UGT, sobre la situación de la negociación colectiva hasta noviembre de 2015 refleja que la negociación colectiva evoluciona algo mejor que en años anteriores, un hecho que no es ajeno al III AENC. El número de convenios hasta noviembre de 2015 se sitúa en 2.159 que afectan a un total de 5.852.787 trabajadores y a 854.767 empresas y la subida salarial media se situó en el 0,75%, igual que la de octubre.

En cuanto a las pensiones, la subida del 0,25% para 2016 aprobada es claramente insuficiente: supone 2,5 euros al mes para una pensión media de jubilación y 2 euros al mes para una pensión mínima.

Esto se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas puesto que el propio Gobierno tiene previsto que los precios suban en torno al 1%. Por ello, y para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, UGT exige la recuperación del IPC como la referencia para la revalorización de las pensiones- tal y como establecía el artículo 48 de la Ley de Seguridad Social.

Asimismo, para 2016 consideramos inaceptable el incremento para del SMI del 1% (inferior a 7 euros), pasando de 648,6 €/mes a 655,2 €/mes pues no permite recuperar la pérdida de poder de compra acumulada. Entre 2010 y 2013, el aumento del IPC unido al moderado incremento nominal del SMI (en 2012 y 2014 incluso congelado), causan una pérdida de su poder de compra de 5,4 puntos. A pesar de la mejora de su capacidad real en 2014 y 2015, provocada por el descenso generalizado de los precios de consumo, desde 2010 el SMI ha perdido 4,1 puntos de su poder adquisitivo.

Este incremento del SMI tampoco es coherente con el escenario de recuperación de la economía española que promulga el Gobierno, limitando un mejor comportamiento de las expectativas y una expansión de la demanda interna vía consumo. Por  eso proponemos un aumento del 11% para 2016 con el fin de llegar a los 720 euros, y otro 11% en 2017 hasta los 800 euros ⁽¹⁾ , de manera que se aproxime al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, suscrita por España.

Con estos datos, para UGT es más que evidente que la reforma laboral, junto a los recortes en el gasto público y medidas  fiscales y laborales erróneas han empobrecido año tras año a los trabajadores y al conjunto de la población, retrasando la recuperación de la economía. Hoy, en la senda de una recuperación de la economía impulsada por factores externos, será necesario reorientar las políticas económicas -europeas y nacionales- con medidas expansivas que impulsen la demanda agregada, y se centren en la creación de empleo de calidad y la redistribución de la renta.

Desde UGT exigimos un nuevo rumbo para la política económica y social, con propuestas claras y realistas en cada ámbito, que forman parte de una estrategia integral hacia un nuevo modelo económico y social para nuestro país. España necesita crear buenos empleos y buscar fórmulas para mejorar la innovación de las empresas y aumentar su productividad, junto con el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tenga un papel fundamental.

Se trata de reconstruir el modelo social europeo: con una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y con derechos conseguidos mediante la negociación colectiva. Para el próximo gobierno el reto es triple: lograr un crecimiento equilibrado, sostenible e integrador, generar más y mejor empleo, de calidad y con derechos, y elevar el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudadanía, corrigiendo la desigualdad y la pobreza que la crisis y las políticas aplicadas han generado.

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El pasado 23 de diciembre, el Director General de Empleo nos remite para trámite de consulta, a contestar como límite el lunes 28, el borrador de proyecto de real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016, con un aumento del 1% (menos de 7 euros). Esto es, 655,2 €/mes. Ante esta situación, el mismo lunes 28 dimos respuesta y remitimos una carta conjunta de UGT y CCOO a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en la que manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta presentada. A pesar de esto, el martes 29 queda aprobada en Consejo de Ministros y publicada en el BOE (Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016) la subida del 1%.

Valoración de Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT