UGT considera que se debería aprobar un Código de conducta y establecer un sistema obligatorio de revelación de esquemas de planificación fiscal agresiva en el ámbito de la Unión Europea.
Los días 10 y 11 de enero la Unión General de Trabajadores organizó unas Jornadas confederales sobre justicia social y fiscalidad. En la clausura de las mismas, Pepe Álvarez declaraba “Este mundo es muy complejo y ha cambiado de una forma poco coherente. Una globalización sin normas, una globalización que tiende a sustituir en parte la democracia y la libertad de los ciudadanos.

En la propia Unión Europea algunos Estados miembros son o actúan como paraísos fiscales, por eso, es necesario que la Unión Europea regule el ámbito fiscal y nos permita converger desde el punto de vista fiscal”.

En estas jornadas, en las que la UGT ha contado con la participación de miembros de la sociedad civil, así como profesionales del ámbito tributario, como ejemplo, hemos reunido en unas mismas jornadas a los 3 últimos presidentes de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Pepe Álvarez se comprometió a situar las políticas fiscales como uno de los ejes fundamentales de UGT para el 2017, y así mismo declaró “UGT va a trabajar en todos los ámbitos, lo haremos desde un punto de vista global, lo vamos a hacer en el ámbito de la Unión Europea, de hecho así lo estamos haciendo, espacio que nos es más próximo y en el que tenemos mayor facilidad para trabajar”.

Es en este marco que UGT ha elaborado una respuesta a la consulta pública lanzada por la Comisión Europea sobre medidas que disuadan a asesores e intermediarios fiscales de proponer esquemas de planificación fiscal potencialmente agresivos.

Nos preocupa que la suficiencia del sistema tributario se vea afectada negativamente por la evasión y la elusión fiscal, pues se están originando importantes pérdidas de ingresos públicos, poniendo así en riesgo el modelo social europeo.

Además, las posibilidades de fraude y elusión son mayores cuanto más elevada es la capacidad económica del contribuyente, y en muchas ocasiones, este comportamiento es favorecido por determinados asesores e intermediarios fiscales, así como algunas entidades financieras sin cuyo concurso resultaría imposible que los esquemas defraudatorios fueran efectivos.
En el ámbito de la Unión Europea, se debería aprobar un Código de conducta y establecer un sistema obligatorio de revelación de esquemas de planificación fiscal agresiva para cada  uno de los 3 colectivos siguientes:

1- Los contribuyentes

• Deberán comprometerse a no utilizar ningún tipo de esquema de planificación agresiva.

• En el caso de sociedades y entidades, deberá existir una identificación clara del sistema de toma de decisiones sobre esquemas de planificación fiscal, con el compromiso de que el consejo de administración u órgano equivalente asuma expresamente su aprobación, y en su caso, su revelación inmediata a la administración tributaria.

2- Los asesores e intermediarios fiscales

• No deberán promover, ni difundir, ni ayudar a la aplicación de esquemas de planificación fiscal agresiva.

• En caso de existir dudas sobre el carácter agresivo o no de un esquema de planificación, deberán comprometerse a la revelación del mismo a la administración tributaria.

• Deberán contar con un seguro de responsabilidad civil.

3- Las entidades financieras

• No deberán servir de cauce a los esquemas de planificación fiscal agresiva.

• Deberán comprometerse a revelar a la administración tributaria todas aquellas operaciones con paraísos fiscales que gestionen, así como cualquier caso que consideren susceptible de formar parte de un esquema defraudatorio.

Adicionalmente, consideramos imprescindible que las administraciones tributarias refuercen sus plantillas y sus medios técnicos, para asumir la recepción, análisis y explotación de toda la información que les llegue por la vía de los sistemas de revelación obligatoria de planificaciones fiscales potencialmente agresivas, directamente o suministrada por otros países.

Así como que los Estados miembros refuercen sus legislaciones para exigir responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, no solo a quienes evaden y eludan el pago de los impuestos, sino también a quienes actúen como inductores, cooperadores necesarios o cómplices de tales comportamientos (asesores y entidades financieras).