Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC ha profundizado su senda descendente  hasta situarse en el -0,8%, una cifra que pone de manifiesto la clara debilidad de una recuperación económica que no llega a los ciudadanos y trabajadores de nuestro país. 

UGT demanda un giro de 180 grados en la política económica y social, en el marco de una estrategia integral hacia un nuevo modelo productivo que no deje a nadie en la cuneta. El sindicato considera que urge una modificación general de la política de rentas para revitalizar la demanda interna y la inversión. 

Es necesario mejorar el SMI aproximándolo al 60% del salario medio, tal y como se recoge en la Carta Social Europea –un salario mínimo que debería alcanzar los 800 euros en 2017- así como incrementar el poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas y garantizar el cumplimiento del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en el sector privado.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC ha profundizado su senda descendente. La tasa mensual se situó en el -0,4%, un punto y medio por encima de la registrada en enero (-1,9%), mientras que la tasa anual ha descendido cinco décimas, hasta el -0,8%.

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta una décima y se sitúa en el 1,0%, más de un punto por encima del IPC general, como consecuencia de la incidencia negativa de los precios del petróleo en la tasa general, que no se incluyen en la tasa subyacente, y que este mes de febrero han bajado mientras que en febrero de 2015 subieron.

Por su parte, en el mes de febrero la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) cayó seis décimas y se sitúa en el –1,0%. De este modo, el IPCA de España se sitúa ocho décimas por debajo de la tasa media de la eurozona, que cae hasta el -0,2%, según el dato provisional. España lleva 29 meses consecutivos registrando tasas de variación del IPC inferiores a las de la eurozona.

La evolución de los precios en nuestro país con un indicador claro de la debilidad de la recuperación económica, resultado de la persistente devaluación de las rentas de las familias. Esta devaluación no consigue recuperar la fortaleza del consumo y la demanda interna. Porque el crecimiento del PIB no se traslada a los ciudadanos y trabajadores de nuestro país. 

Además, nuestro modelo de crecimiento es tan dependiente de actividades y factores estacionales y tradicionales, que nuestra economía es muy vulnerable ante shocks externos y vaivenes del ciclo económico internacional. 

La crisis sigue enquistada en nuestro país, debido a un modelo económico y productivo incompatible con el progreso social y la igualdad, e incluso con la propia estabilidad macroeconómica. Esta realidad se manifiesta sin titubeos en la evolución del empleo en España: la tasa de temporalidad se mantiene en el 25,7% y el empleo a tiempo parcial involuntario se sitúa cerca del 62%. 

Además, avanza la precariedad en el desempleo: en el cuarto trimestre de 2015 el 59,5% de las personas desempleadas llevaba más de un año buscando empleo y un 43,6% llevan buscando empleo más de dos años. Y mientras, la tasa de cobertura está en caída libre.

En este escenario el consumo se resiente, y este hecho se refleja en la evolución de los precios, resultado de la persistente devaluación de las rentas de las familias. La pérdida de poder adquisitivo de las familias se refleja sin fisuras en la imposibilidad de la economía española de salir adelante con perspectivas reales de recuperación, y en consonancia los precios continúan con una atonía que resulta más preocupante si cabe dadas las perspectivas europeas. 

Tanto es así, que ante el fantasma de una  nueva recesión y un crecimiento más que debilitado en la Eurozona (0,3%) que han hecho caer los precios hasta el -0,2% en febrero, frente al 0,3% del mes de enero, ayer mismo el Banco Central Europeo anunció una nueva rebaja de los tipos de interés, hasta el 0,0%, y una nueva inyección de liquidez. Los efectos esperados de estas medidas son varios. Por una parte, se trata de estimular la economía real, y en última instancia alejar el riego de deflación en la Eurozona. 

Además, puesto que el precios del dinero que los bancos se prestan entre si cae, los bancos tiene más estímulos para aumentar el crédito disponible y obtener así una mayor rentabilidad. Pero también se espera que, dada la rebaja que suponen estos menores tipos de interés en el Euribor, índice de referencia para el cálculo de las hipotecas, las familias tengan más renta disponible para destinar al consumo. Por último, esta rebaja de los tipos de interés presiona al euro a la baja, abaratando la producción y por tanto se espera que contribuyan también a aumentar las exportaciones de la Eurozona. Ahora bien, el efecto contrario también es esperable, puesto que las importaciones se encarecerán dada la debilidad del euro. Está por ver si todos estos agentes se comportan como prevé el BCE o no.

El crecimiento al que asistimos en España y en Europa es increíblemente inestable y delicado, y las políticas impuestas en nuestro país en los últimos años se han caracterizado por un debilitamiento de la estructura económica y una creciente desigualdad social. Además hoy existe la amenaza de una tercera recesión, pero en un escenario con menos industria, menos empleo y de peor calidad, y sin hay margen para aumentar la deuda pública. Porque la reforma laboral, junto a los recortes en el gasto público y medidas  fiscales y laborales erróneas han empobrecido año tras año a los trabajadores y al conjunto de la población.

Hoy, en la senda de una recuperación de la economía impulsada casi en exclusiva por factores externos (como la caída libre del precio de los carburantes, hasta el -8,0% en la Eurozona en febrero), será necesario reorientar las políticas económicas -europeas y nacionales- con medidas fiscales expansivas que impulsen la demanda agregada, y se centren en la creación de empleo de calidad y la redistribución de la renta. Y esto pasa por una apuesta decidida en Europa por el crecimiento.

Europa tiene la obligación de permitir el crecimiento de sus miembros y no ahogarlos con unos objetivos de déficit público imposibles de garantizar sin una estructura económica fuerte. Para ello es preciso que Europa asuma que nuestro país también debe participar también de una política social expansiva, porque se trata de reconstruir el modelo social europeo: con una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y con derechos conseguidos mediante la negociación colectiva. Porque nuestra economía funciona mejor cuando funciona para todos y no sólo para unos pocos.

Para nuestro país, UGT demanda un giro de 180 grados en la política económica y social, en el marco de una estrategia integral hacia un nuevo modelo económico y social para nuestro país, que no deje a nadie en la cuneta. España necesita crear buenos empleos y buscar fórmulas para mejorar la innovación de las empresas y aumentar su productividad, junto con el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tenga un papel fundamental. 

Urge una modificación general de la política de rentas, para poder revitalizar la demanda interna, incrementando el poder adquisitivo de los funcionarios y pensionistas, y garantizando ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores en el sector privado, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017.

La clave para el crecimiento es una política salarial y de rentas que frene la precariedad y la desigualdad, situaciones del todo incompatibles con un escenario de recuperación económica. España necesita políticas destinadas a estimular el consumo y la inversión a través de la mejora del poder de compra del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cumpliendo la Carta Social Europea – hasta alcanzar los 800 euros en 2017 - y de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos. 

Por ello, UGT demanda un cambio radical en las políticas económicas, una apuesta firme por el crecimiento acompañado de empleo de calidad y rentas para las familias españolas. Son necesarios buenos empleos, mejoras en la innovación empresarial y aumentos de productividad, junto con el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tenga un papel fundamental. 

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