​La crisis no debe ser el paraguas para frenar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, uno de los colectivos que más está padeciendo la grave situación económica y laboral de nuestro país. UGT, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana, insta al nuevo Gobierno a poner en práctica acciones eficaces para detectar, en primer lugar, los factores que inciden en la baja ocupación de estos trabajadores y encaminadas a impulsar la integración de estas personas en función de la ley de oferta y demanda del mercado laboral. Asimismo, considera que es necesario establecer campañas de sensibilización social para promover la integración eficaz de este colectivo.

Durante este año, se ha adaptado nuestra legislación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desaprovechando una oportunidad valiosa para avanzar en la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, ya que muchos de los derechos que allí se establecen ya fueron plasmados con anterioridad en nuestro ordenamiento jurídico, y en ámbitos tan importantes para la verdadera integración como son el laboral y el de los servicios sociales. Tan sólo se limita a mencionar cuestiones como el derecho a trabajar en condiciones de igualdad en el mercado ordinario y accesible, que también se encontraban integrados en nuestra normativa, sin aportar ningún instrumento para garantizar su cumplimiento. Para nuestro Sindicato, todavía queda por garantizar el cumplimiento real y efectivo de principios como éste, por lo que todas las políticas deberían ir encaminadas a lograr este objetivo.

Se han alcanzado múltiples logros hacia la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, pero todavía no se ha conseguido su plena igualdad. Ya la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad para los años 2008 a 2012, con la participación de UGT, supuso un impulso muy importante en el momento actual y a la vez es un instrumento orientador de las políticas que afectan, directa o indirectamente, a la discapacidad.

Consideramos que precisamente las claves de las políticas e intervenciones que se deben realizar en estas materias deben ir encaminadas precisamente a lograr la plena igualdad y la integración real y efectiva. Ha llegado el momento de dejar de minusvalorar determinadas capacidades. El paraguas de la crisis no debe utilizarse como excusa para aceptar todo tipo de situaciones que en nada benefician a determinados grupos de personas.

Complementariamente, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 sirve de marco de las políticas públicas sobre discapacidad, pero lo que es evidente es que no se ha realizado ninguna acción de desarrollo de la Estrategia Española de Empleo de las Personas con discapacidad, aún en vigor, habiendo quedado en suspenso el avance de la misma, así como del Plan de Acción que ejecuta dicha Estrategia. Precisamente, su objetivo es facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse de una participación en la economía y la sociedad, dando cumplimiento a los objetivos cuantificados de la Estrategia Europea 2020, de tal forma que este colectivo alcance los niveles deseables de empleo y ocupación.

Todas estas situaciones se analizaron y pusieron de manifiesto en la aludida Estrategia de Empleo, sin que hasta el momento se haya realizado ni una sola actuación tendente a eliminar y erradicar tanto la falta de oportunidades laborales de estos trabajadores como su plena inclusión en el mercado laboral; y del Programa Nacional de Reformas de España 2011 en temas como el empleo, la educación y la pobreza y la exclusión social, Estrategia que, por otra parte, ha venido consensuada y avalada y tan sólo supone un compendio de buenas intenciones.

Para nuestro Sindicato las políticas de discapacidad deben ir más allá, y estar orientadas al acceso al empleo ordinario de estos trabajadores y la lucha contra la discriminación por razón de discapacidad, y complementariamente atender a ámbitos como la protección social de estos trabajadores, el acceso a la educación, su formación, o incluso la política fiscal.

Precisamente, y para lograr la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, surgieron los Centros Especiales de Empleo (CEE), como tránsito hacia el empleo ordinario. Si bien en el año 85 se hacían imprescindibles, tras años de funcionamiento hemos podido comprobar que lejos de integrar en el mercado laboral ordinario, éstos habían crecido desproporcionadamente sin que se lograra esta integración, motivo por el cual fueron cuestionados. Por este motivo se estableció en la Estrategia la necesidad de abordar una reforma global de todas las políticas de integración de las personas con discapacidad y, de forma muy específica, la funcionalidad de los CEE. A esto se añaden las dificultades que se dan por la falta de coordinación de los servicios públicos de empleo y los CEE, por la dificultad administrativa en cuanto al tiempo de búsqueda de los trabajadores con discapacidad, la falta de especialización que existe en los servicios de empleo sobre las necesidades específicas de los trabajadores con discapacidad, adaptación de puestos de trabajo, etc. Si dificultad entraña, por la falta de especialización de los servicios públicos de empleo, imposible nos resulta la selección directa de estos trabajadores a través de agencias de colocación.

Uno de los mayores problemas de estos momentos es la falta de empleo debido a la crisis que está afectando a este país, pero no por este motivo debemos obviar que las políticas públicas deben ir orientadas a lograr el acceso empleo y el mantenimiento del puesto de trabajo, haciendo hincapié en todo lo que atañe a la integración de aquellos colectivos con mayor riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.

Como Sindicato reivindicamos la integración de las personas con discapacidad e instamos al Gobierno a reactivar políticas laborales no sólo para la población en general. Para lograrlo, el punto de partida debe ser la detección de aquellos factores que inciden en los niveles de baja ocupación de estos trabajadores y poder realizar acciones que vayan en consonancia con la ley de oferta y demanda del mercado laboral, sin dejar pasar por alto los nuevos yacimientos de empleo.

Consideramos que es necesaria la labor conjunta del Gobierno y de los interlocutores sociales para la realización de campañas sensibilizadoras, fundamentalmente informativas, en las que se destaque no solo el derecho que tienen las personas con discapacidad para trabajar sino también para compatibilizar su trabajo con la pensión que reciben.​