​Los presupuestos para 2017 en materia de políticas de empleo siguen siendo insuficientes, profundizan en la desprotección de las personas, debilitan el papel de los Servicios Públicos de Empleo y olvidan la necesidad de mejorar la empleabilidad e inserción de las personas en desempleo. Y eso a pesar de que la situación de los desempleados cada vez es peor, pues la tasa de cobertura ha pasado del 78,4% en 2010 al 53,75% en abril de 2017.  Las bonificaciones a la contratación no dejan de aumentar mientras disminuye la mayoría de partidas al empleo, como las de personal de los Servicios Públicos de Empleo. UGT acusa al Gobierno de hacer prevalecer en las políticas los criterios económicos a los criterios sociales y eso a pesar de la buena marcha de nuestra economía. Una mejora que sigue sin trasladarse a los trabajadores y trabajadoras. El sindicato reclama un Plan de Choque por el Empleo, que atienda con especial atención a las personas desempleados con mayores dificultades de inserción, como mayores de 50 años y jóvenes, así como medidas de políticas activas centradas en la empleabilidad de las personas y desarrolladas a partir de unos Servicios Públicos de Empleo de calidad.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 recortan el gasto en empleo un 3,93%, intensificando la precarización que estas políticas han sufrido en España en los últimos años. Un descenso que se acumula a los de años anteriores y deriva en una pérdida de recursos para políticas de empleo del 38% entre 2010 y 2017.

Por un lado, la cuantía programada para prestaciones por desempleo desciende a 18.027 millones de euros, un 6,7% menos que en los PGE 2016, en una situación en la que más de 4,2 millones de personas (según la EPA) están en paro, la tasa de cobertura no logra subir del 55% y casi 6 de cada 10 desempleados lleva buscando empleo más de un año.

Por otro lado, el presupuesto que aglutina las partidas de políticas activas de empleo, se dota de 5.575 millones, un 6,36% más que en 2016, pero cuyo ascenso no se destina a mejorar los servicios públicos de empleo. El aumento se concentra en el pago de las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social por contratación (que crece un 11,67%, hasta 1.825 millones, lo que supone un tercio del conjunto de políticas activas, aumentando cada año su peso en el total).

En 2010, con 4 millones de desempleados, una tasa de cobertura del 78,4% y un ratio de paro de larga duración inferior al 43%, el presupuesto total alcanzó 38,7 millones de euros. Ahora, en 2017, con 3,46 millones de personas registradas como paradas, una cobertura inferior al 54% y una tasa de desempleo de larga duración del 54,4%, el presupuesto es sólo de 23,9 millones.

Descenso continuado

Desde 2010, el descenso se produce tanto en la partida de prestaciones como en las políticas activas. Y no se entiende como el gasto total en políticas del mercado de trabajo caiga de nuevo en 2017, en un contexto macroeconómico marcado por la recuperación, tal y como asegura el gobierno en su actualización del cuadro macro, y de un ajuste fiscal menos exigente.

El presupuesto de 2017 es insuficiente para atender a más de 3,46 millones de parados, teniendo en cuenta que por cada desempleado registrado en los Servicios Públicos de Empleo se van a destinar 6.932 euros, 2.603 euros menos que en 2010 (9.535 euros) y muy lejos de los niveles europeos de referencia.

La caída del gasto total en 2017, frente a 2016, tiene su origen en un menor presupuesto en prestaciones por desempleo, que se reducen en 1,3 millones de euros (un -6,7%). Entre otras, descienden las partidas de prestaciones contributivas (-4,9%), subsidios (-14,2%), Renta Activa de Inserción (-23,9%) y Programa de Activación para el Empleo (-20%).

En este sentido, cabe destacar la caída del presupuesto de la ayuda del PAE, que pasa de 350 a 280 millones, a pesar de que, según mantiene el Gobierno, la prórroga del programa recién aprobada cubrirá a más personas desempleadas de larga duración, debido a la modificación en algunos requisitos de acceso. Algo difícil de creer con unos presupuestos para el programa que caen un 20%.

Por otra parte, se crea una partida de 500 millones de euros destinada a ayudas para jóvenes a través del Plan de Garantía Juvenil, cuyas medidas que pretende el Gobierno financiar con estos recursos, han sido anunciadas por la Ministra de Empleo recientemente, sin pasar previamente por las mesas de diálogo social.

Desde UGT venimos denunciando que el criterio seguido en los presupuestos es puramente económico y se basa en una previsión sobre la creación de empleo que peca de excesivo optimismo. Para UGT este criterio no puede prevalecer, porque el descenso en el gasto en prestaciones por desempleo no sólo es consecuencia del menor número de personas desempleadas (a veces que ni siquiera encuentran un empleo y pasan a la inactividad por efecto desánimo, sin protección), sino sobre todo del endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, del agotamiento de los periodos de prestación contributiva por la extensión de la situación de desempleo, del descenso del número de beneficiarios y también de las menores cuantías medias recibidas. Factores que han conducido a una rebaja de la tasa de cobertura, que ha pasado del 78,4% en 2010 al 53,75% en abril de 2017.

Para UGT otros criterios no económicos son determinantes y se centran en la situación de desprotección de las personas. No es coherente este presupuesto con un país que, a pesar del crecimiento del empleo (de peor calidad, eso sí) presenta una tasa de paro del 18,75%; con 4,2 millones de parados (EPA).

Los últimos datos también señalan que el 54,4% de las personas en paro lleva más de un año buscando empleo (muy por encima del 42,6% del año 2010), siendo muy elevada la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de dos años (el 40% de los desempleados).

Situación de necesidad

Con todo ello, UGT manifiesta que hay situaciones de necesidad provocadas por el desempleo, que deben ser atendidas. Que no se puede limitar exclusivamente a proteger según la actual normativa; y no sólo no debe reducirse, sino que debe aumentar para dar mayor cobertura. Pues hay que convencerse de que no es la mejora del empleo la que está reduciendo los gastos de esta partida, sino el debilitamiento del sistema de cobertura.

Como sucedió con los presupuestos anteriores, a cambio del descenso de la partida en prestaciones por desempleo se incrementa el gasto en políticas activas: con un presupuesto que crece un 6,36%, hasta 5.575 millones de euros. Pero para UGT es un presupuesto aún insuficiente, lejos del existente en el año 2010 (7.742 millones de euros).

Además, se trata de un presupuesto desigualmente repartido. El incremento del gasto en políticas activas queda absorbido por el aumento de determinadas partidas, que tienen como destino las bonificaciones para todo tipo de contratación. No está orientado, como plantea UGT, a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas, mediante la mejora de los servicios públicos de empleo, sino a subvencionar, de forma ineficiente, la contratación.

Las bonificaciones a la contratación aumentan mientras recortan el resto de partidas

La partida de bonificaciones a la contratación crece un 11,67%, pasando de 1.635 millones a 1.825, con un peso cada vez mayor en la cuantía total de políticas activas (del 33% en 2017, frente al 31% en 2016). La apuesta del Gobierno por este tipo de medidas es clara. UGT recuerda que hay que evaluar estas medidas por la posible existencia de peso muerto en los contratos realizados, pues podrían ser contrataciones que se llevasen a cabo sin la ayuda.

Por último, para UGT es incomprensible que las partidas de gastos de personal del Servicio Público de Empleo Estatal y de modernización de los servicios públicos de empleo permanezcan congeladas otro ejercicio más.

En definitiva, desde UGT venimos reclamando un plan de choque que atienda con especial atención a las personas en desempleo con mayores dificultades de inserción, como mayores de 50 años y jóvenes, así como medidas de políticas activas centradas en la empleabilidad de las personas y desarrolladas a partir de servicios públicos de empleo de calidad.