El Índice de Precios del Trabajo ratifica que los salarios cayeron otra vez en 2017

► Las personas asalariadas redujeron 2,5 puntos porcentuales su poder de compra en 2017 (aunque el PIB creció un 3%), la mayor desde 2012 (cuando el PIB bajo un 2,9%)

► El 16% de los ocupados se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que tienen que ver con los malos empleos existentes y con los bajos salarios

► Es urgente la conformación de un gobierno de izquierda, que rompa definitivamente la dinámica de empobrecimiento y desigualdad

Los datos del Índice de Precios del Trabajo (IPT) de 2017, publicados hoy por el INE, vuelven a poner de manifiesto una realidad muy preocupante: el crecimiento económico no se traslada a los salarios. Si para 2016 este indicador reflejó una caída de los salarios de 1,3 puntos porcentuales, los datos para 2017 añaden una nueva caída, en esta ocasión de 0,5 puntos. Eso en un período de importante crecimiento económico y de los beneficios de las empresas, que aumentan como nunca.

Esta situación no puede continuar, porque supone una anomalía económica de primer nivel. Los frutos del aumento de la actividad deben repartirse de manera más equitativa. Y para ello, hay que revertir la reforma laboral de 2012, que fue la que rompió el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva en favor de las empresas, y con ello, posibilitó una devaluación salarial permanente que empobrece a las familias y resta capacidad de crecimiento al conjunto de la economía.

El IPT es el indicador que aporta una imagen más fiel de la evolución concreta de las retribuciones, puesto que elimina de la evolución salarial el llamado efecto composición del empleo, es decir, todos aquellos cambios en las retribuciones que tienen que ver con cuestiones no estrictamente salariales, sino relacionadas con la cantidad y calidad del empleo, como el número de horas trabajadas, el tipo de contrato, la estructura de ocupaciones, etc.

Por ello, sus resultados resultan especialmente ilustrativos y preocupantes. Porque muestran que la devaluación salarial que sufre la clase trabajadora en España desde 2009 tiene dos vías de plasmación: una, la baja calidad del empleo; y otra, los bajísimos aumentos salariales nominales, que no están respondiendo a la evolución de la economía.

Economía creciendo, salarios bajando

Teniendo en cuenta la evolución del IPC en 2017, que aumentó un 2%, el descenso salarial del 0,5% que refleja el indicador conocido hoy se traduce en que, en aquel año, las personas asalariadas sufrieron una pérdida de poder de compra de 2,5 puntos porcentuales, la mayor desde 2012. La diferencia es que aquel fue el segundo peor año de la recesión, con un descenso del PIB del 2,9%, mientras que en 2017 el PIB creció un 3%.

Con ello, la pérdida media de poder adquisitivo de los salarios acumulada desde 2009 se eleva a 12,2 puntos porcentuales. Es decir, que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país podían comprar en 2017 un 12,2% menos de bienes y servicios que ocho años antes. Una situación que, como reflejan otras fuentes estadísticas de salarios con información sobre períodos más recientes, apenas ha mejorado desde entonces.

La información más desagregada muestra que la caída de salarios en 2017 afectó a los hombres (-1%), mientras que en las mujeres aumentaron ligeramente (0,2%). Por tipo de contrato, cayeron tanto los temporales como los indefinidos, aunque más los primeros (-1,2% frente a -0,4%). Por edades, el descenso salarial se concentró entre quienes tienen de 35 a 54 años, aumentando entre los grupos de edad de los extremos, y sobre todo entre los menores de 25 años (3,3%).

Esta situación no puede continuar, ni en términos de eficiencia económica ni sociales. Sin mejores salarios no podremos sostener el crecimiento económico, ni crear empleo de calidad, ni acceder a mayores grados de desarrollo colectivo, ni, por supuesto, mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población.

Trabajos para la pobreza

La Encuesta de Condiciones de Vida, cuyos resultados de 2018 (pero con los datos de 2017) se conocieron ayer, muestra cómo la tasa de riesgo de pobreza de la población total apenas se reduce, de manera que una de cada cinco personas se encuentra en tan penosa situación (el 21,5%). Incluso aumenta el número de hogares con carencias materiales severas, que ya es del 5,4%. En el caso de los ocupados, el 16% se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que tienen que ver con los malos empleos existentes y con los bajos salarios.

El crecimiento económico por sí solo, en el contexto actual, no es capaz de distribuir de manera equitativa sus frutos. Por eso, es necesario que las empresas cumplan la ley y aumenten los salarios mínimos hasta al menos 900 euros en 2019, y que lleguen a 1.000 euros en 2020, como se comprometieron en el IV AENC.

El necesario giro político hacia lo social

Además, se precisa un giro social en las políticas aplicadas, con actuaciones específicas en al menos los siguientes ámbitos:

• Modificar el marco laboral para perseguir el fraude en la contratación y priorizar la de carácter estable, lo que pasa en primer lugar por revertir la reforma laboral de 2012.
• Reequilibrar la negociación colectiva, devolviendo la prioridad a los convenios sectoriales frente a los de empresa y recuperando la ultraactividad (continuidad automática de la vigencia de los mismos mientras no se sustituya por uno nuevo).
• Reformar el sistema impositivo, para obtener más ingresos y aumentar la justicia de las aportaciones, haciendo que paguen más los que más tienen: las rentas del capital, los grandes patrimonios y las grandes empresas.
• Incentivar el cambio de modelo productivo para aumentar el peso de la industria, que ocupa mejores empleos, y en especial en aquellas actividades que permiten generar mayor valor añadido.
• Y potenciar el sistema de protección social en sentido amplio (pensiones, prestaciones por desempleo y prestaciones sociales), para que se ofrezcan garantías de renta suficientes a quienes se encuentran fuera del mercado laboral de manera involuntaria o porque han llegado al final de su vida laboral.

Por eso es urgente la conformación de un gobierno de izquierda, que tenga en cuenta las reivindicaciones mayoritarias de la sociedad, y que rompa definitivamente la dinámica de empobrecimiento y desigualdad vigente desde 2008 para situarnos en una nueva senda de progreso económico y social.