​Tras 300 días sin Gobierno, se han paralizado las políticas de protección a los ciudadanos de este país y hemos asistido a una pérdida continua de derechos. Millones de personas han perdido todas sus prestaciones, sus recursos y la posibilidad de encontrar un empleo. Por ello, UGT exige al nuevo Gobierno que tome medidas de manera urgente para atender a las personas en peor situación. El sindicato reclama un nuevo contrato social que restablezca los derechos sociales perdidos y que el Congreso debata de manera inmediata la necesidad de una prestación de ingresos mínimos para las personas en peor situación, como le demandó la población española a través de la ILP que presentamos las organizaciones sindicales el pasado mes de mayo, con el fin de apostar de forma decidida por fortalecer el Estado de Bienestar y rescatar a las personas de este país.

Tras 300 días sin gobierno, 300 días en los que se han paralizado las políticas de protección a los ciudadanos y ciudadanas, hemos asistido a una permanente pérdida de derechos, a una caída sin red de millones de ciudadanos que han perdido todas sus prestaciones, sus recursos y las posibilidades de encontrar un empleo…Alrededor de 3,5 millones de personas padecen pobreza severa y 13,3 millones (un 28,6 por ciento de la población) están en riesgo de pobreza y exclusión social, con un 25% de trabajadores jóvenes en esta situación. Personas que precisan que el nuevo Gobierno tome medidas urgentes para paliar esta situación.

Desde UGT exigimos la urgente puesta en marcha de un nuevo contrato social que reestablezca los derechos sociales y los anteponga a los intereses económicos. La sociedad no puede esperar más porque las situaciones más perentorias continúan aumentando.

Mientras el Gobierno considera incuestionable los recortes impuestos por Bruselas, para UGT la solución no consiste en recortar 5.000 millones de euros, sino en invertirlos y recuperar recursos para políticas sociales y de protección a la población que se encuentra en vulnerabilidad social. Nos encontramos en una situación de alarma social que nos hizo debatir nuestro sistema de protección social y la respuesta que se ha venido dando ante las necesidades de la ciudadanía. Nuestra conclusión más inmediata: es apremiante una intervención pública.

De esta necesidad evidente, debe hacerse un replanteamiento de los sistemas de protección social y seguridad económica. El crecimiento económico no es suficiente para reducir la tasa de personas es situación de pobreza. La capacidad redistributiva, que le corresponde al Estado, debe intervenir en la creación de las políticas sociales y en estos momentos debe ser prioritaria, para lograr una mayor cohesión social y equidad en todo el país. A su vez, intervenir en la economía; con el objetivo de cambiar la distribución de la renta, conforme a los principios de solidaridad e igualdad social. Entre esta cobertura se encuentra la protección a las personas frente al riesgo de pérdida o carencia de ingresos suficientes, a través de nuestro sistema de la Seguridad Social que se establece como un instrumento de prevención de la pobreza.

Para ello, UGT plantea una serie de medidas con el objetivo de rescatar a las personas mediante la creación de empleo, la protección social y el desarrollo económico y social. Es imprescindible una actuación urgente.

UGT exige al nuevo Gobierno que ponga en marcha la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentamos en el mes de mayo para una Prestación de Ingresos Mínimos. 165 días en los que más de dos millones de personas de este país está esperando ampliar la acción protectora de la Seguridad Social y garantizar unos ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender sus necesidades más esenciales, ya que, con disponibilidad para trabajar, estas personas carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para ellos mismos y, en su caso, para los familiares a su cargo. La Prestación de Ingresos Mínimos se debe configurar como una prestación de derecho subjetivo enmarcada en el nivel no contributivo de la Seguridad Social, debiendo garantizarse la financiación vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado.

165 días de espera para la puesta en marcha de esta Iniciativa Legislativa Popular, que con independencia de la voluntad de este Gobierno de realizar políticas que protejan a las personas; se verá en la obligación de debatir esta prestación en el Congreso. Iniciativa que ya se comprometieron a apoyar los grupos parlamentarios para apostar de forma decidida por fortalecer el Estado de Bienestar y rescatar a los ciudadanos y ciudadanas.