​La Unión General de Trabajadores considera que a pesar de la cancelación de la multa a España por el incumplimiento del déficit, la incompetencia del Gobierno en funciones condena a nuestro país a dos años más de austeridad y ajustes que, una vez más, pagarán los ciudadanos. El sindicato mantiene que frente a los recortes del gasto público es necesario actuar para lograr el aumento de ingresos mediante una reforma fiscal integral –basada en la proporcionalidad, la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida, los paraísos fiscales y la evasión fiscal de las grandes empresas- que permita a España crecer de forma estable y sostenida en el tiempo y contribuya al cambio de modelo productivo.

Los peores presagios se han cumplido. España vuelve a no cumplir con los objetivos de déficit impuestos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y Bruselas contraataca con duros recortes. Cada uno en su papel.

Bruselas ha calculado que España sumará un déficit público del 4,6% en 2016 y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado de que el déficit se desviará entre el 4,1% y el 4,7% en 2016. En cualquier caso, muy lejos de las cifras establecidas en Programa de Estabilidad 2016-2019, según el cual el déficit debería reducirse del 5% del PIB al 3,6% en 2016 y al 2,9% en 2017.

Según la AIReF la situación y perspectivas de las finanzas públicas han sufrido un progresivo deterioro desde Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 en el mes de abril, sobre todo debido a que los precios no se recuperan lo que retrae los ingresos tributarios a pesar del avance de la actividad económica (en consonancia con la devaluación salarial y el deterioro de las rentas en nuestro país), y a la reforma tributaria del PP tanto del Impuesto de Sociedades como del IRPF en plena campaña electoral, hecho que ha tenido un impacto muy negativo en la recaudación (se estiman unos 7.000 millones de euros menos).

Hoy el gobierno del PP ha quedado en evidencia: habrá más recortes, porque no se puede fiar la economía a un crecimiento débil, insostenible y desigual y al empleo precario y devaluado.

Bruselas ya puso en duda en su momento las cuentas presentadas por el ejecutivo español e insistió una y otra vez en el riesgo de incumplimiento del déficit. Ahora ha dicho basta. Da por perdido el año 2016 porque el gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para y sí medidas electoralistas en un año en continua campaña electoral, pero en el escenario de un país sumido en el paro, la precariedad y el deterioro social y laboral.

Bruselas ha hecho suyos los argumentos de la AIREF, y considera que las medidas enviadas por el Ministro de Economía para evitar las sanciones (que por otro lado reconocen la propia incompetencia y los errores de un ejecutivo que se enmienda a sí mismo) no son suficientes ni adecuadas.

Así las cosas, Bruselas exige la supervisión trimestral de nuestras cuentas poniendo de relieve la falta de credibilidad del Gobierno en Europa, y lo que es peor, nuevos objetivos fiscales: un déficit del 3,1% en 2017 y del 2,2% en 2018, lo que supondrían ajustes de hasta 26.000 millones de euros en esos años, dado el ajuste de casi dos puntos y medio del déficit que España debe atender sin más demora.

Pero la consecuencia la sufrirán de nuevo los ciudadanos y los trabajadores de este país, y son las derivadas del duro ajuste fiscal que nos exigen de 10.000 millones de recortes estructurales en 2017 y 2018, medio punto del PIB cada uno de estos dos años. Estos ajustes deben, además, concretarse en medidas estructurales, es decir, desvinculadas del ciclo económico, y con carácter permanente. Y a esto hay que sumar que a la vuelta de las vacaciones Bruselas aprobará el recorte de los fondos estructurales derivado también del incumplimiento del déficit y que podría alcanzar los 1.000 millones de euros, el 50% del total.

Para cumplir con estos ajustes solo hay dos vías: aumentar impuesto o recortar gasto público. Este desastre tiene un único final para Bruselas: los PGE de 2017 serán de nuevo unos presupuestos basados en la austeridad, si España quiere evitar nuevas sanciones de hasta 5.500 millones de euros.

Frente a esta estrategia de más y mayor austeridad vía recorte de gasto público, la alternativa de UGT para por aumentar los ingresos: una reforma fiscal integral más justa y con mayor poder recaudatorio. Se trata de diseñar una política fiscal desde el consenso social y político que permita a España crecer de forma estable y sostenida en el tiempo, que permita contribuir al cambio de modelo productivo que defiende la Unión General de Trabajadores y que necesita el país. Y para ello UGT propone llevar a cabo una reforma fiscal integral, que actúe sobre todas las figuras tributarias, que tenga como eje central el nivel de renta de los contribuyentes: acometer un plan de choque de lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, que contenga un incremento de los medios humanos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, aumente los plazos de prescripción para los delitos fiscales y los recaudatorios de la Seguridad Social, y reduzca el límite para que el fraude sea considerado un delito; e impulsar a nivel nacional, europeo e internacional la lucha contra los paraísos fiscales y contra las prácticas de elusión de impuestos de las grandes empresas. Sólo persiguiendo el fraude fiscal podrían recaudarse más de 80.000 millones de euros, un dinero que permitiría desarrollar políticas sociales y de empleo.

Para tratar éstas y otra cuestiones, UGT insta al conjunto de las fuerzas políticas a abrir un debate inmediato sobre fiscalidad, entre otro asuntos, porque el diálogo social debe ser clave en estas decisiones, dada la urgencia de garantizar la suficiencia de recursos para atender las necesidades sociales, necesidades agravadas por la crisis, y que tiene sumidos a los trabajadores y a la ciudadanía en general a una precariedad laboral y social insostenible, y que terminará de derrumbar ante nuevos recortes derivados de la incompetencia del gobierno español y de las instituciones europeas.