El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, clausura las jornadas sobre derecho laboral organizadas por UGT y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Clausura donde ha señalado que “la Justicia tiene que complementar a la negociación colectiva para proteger los derechos de las personas trabajadoras. De esta forma, hay numerosas resoluciones judiciales que han inspirado al diálogo social y han ayudado a establecer condiciones de trabajo dignas cuando las empresas no han querido cumplir lo pactado”.

Resoluciones como en la Ley Rider, “donde no sabríamos si la ley hubiera sido igual sin las resoluciones del Tribunal Supremo; la reforma laboral, donde el reconocimiento de la antigüedad de los fijos discontinuos no hubiera figurado de esa manera sin la jurisprudencia y sin el tratamiento que se hizo desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; o el controvertido artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores, el de la prevalencia del convenio de sector por encima del de empresa, que es la prueba del carácter circular de estas resoluciones judiciales y de la negociación colectiva”.

Sin embargo, ha considerado que “aún hay retos que afrontar desde la justicia y la negociación colectiva, como dar respuesta a las nuevas formas de definir el contrato de trabajo; la definición de dependencia, ajenidad, personal o libertad a cambio de una retribución; la negociación del Estatuto del Becario; o el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva como fuente de derecho del trabajo”.  

Despido disuasorio y compensatorio

Pero, sobre todo, Fernando Luján ha manifestado la necesidad de “derogar la regulación del despido colectivo, endureciendo su causalizacion e incrementando el papel de la Inspección de Trabajo”. 

En este sentido, ha señalado que “necesitamos una indemnización para el despido injustificado que sea disuasoria y compensatoria de los daños causados. En nuestro país es demasiado fácil y barato despedir, sobre todo con salarios y antigüedades muy bajas”.

Por ello, ha recordado la “demanda presentada por UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplimiento de la Carta Social Europea revisada, reclamación colectiva que ha sido aceptada y que sigue su camino. Es fundamental que se valoren diversos elementos para incrementar el precio del despido, como el riesgo de vulnerabilidad de la persona, las personas a cargo de ésta o la situación económica o financiera, entre otras cuestiones”.