​En un contexto en el que cerca de 2,5 millones de personas buscan trabajo desde hace más de un año y 1,8 desde hace más de dos y las cifras de cobertura por desempleo están por debajo del 55%, el programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración es todas luces, insuficiente y no resuelve cuestiones básicas sobre la integración de estas personas y tampoco recoge las Recomendaciones marcadas por la Comisión Europea. El programa presentado por el Gobierno -por tercera vez, en Consejo de Ministros-, llevaba un año guardado en un cajón. No se han tenido en cuenta las observaciones de UGT y CCOO al borrador del programa y en ningún momento se ha convocado a los interlocutores sociales para discutir las medidas contenidas en el mismo.

El Consejo de Ministros del 2 de diciembre publicó el Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración así como el acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2016 entre las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Parada de Larga Duración, por importe de 1.802.718.255,88 euros.

UGT recuerda que se trata del mismo Programa que aprobó la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del Sistema Nacional de Empleo el 18 de abril de 2016, sin la participación de las organizaciones sindicales, que ya fue objeto de análisis en dos Consejos Generales del Sistema Nacional de Empleo (en noviembre de 2015 y abril de 2016) y sobre el que UGT y CCOO ya enviaron unas observaciones que tampoco fueron tomadas en cuenta.

En primer lugar la Unión General de Trabajadores quiere dejar claro que la lucha contra el paro de larga duración, un fenómeno que se ha ido extendiendo con el avance de la crisis, sigue siendo una prioridad para el sindicato.

En 2008 poco más del 20% de las personas en paro llevaba más de un año buscando empleo, un porcentaje que se sigue elevando hasta alcanzar el 56,6% en el tercer trimestre de 2016, siendo cada vez mayor la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de dos años (41,9% de los desempleados). En concreto, cerca de 2,5 millones de personas buscan trabajo desde hace más de un año y 1,8 desde hace más de dos. A ello se unen unas cifras de cobertura que están en caída libre. En 2008, el 73,6% de los desempleados registrados tenía una prestación por desempleo; en 2016 la cobertura ha descendido por debajo del 55%.

En este contexto, no se entiende como el programa presentado por el Gobierno -por tercera vez en este pasado Consejo de Ministros-, ha estado “un año guardado en un cajón” que no se hayan tenido en cuenta las observaciones de UGT y CCOO al borrador del programa y, por supuesto que, en ningún momento se haya convocado a los interlocutores sociales para discutir las medidas contenidas en el mismo.

La Unión General de Trabajadores considera que en este Programa no se han resuelto las cuestiones principales sobre la integración de personas en situación de paro de larga duración
En este sentido, UGT exige una reflexión en el marco del Diálogo Social sobre las medidas de política de empleo, lucha contra el paro y creación de una Comisión de seguimiento y evaluación de las medidas de los programas de atención a personas en desempleo de larga duración, en la que participen los interlocutores sociales y, en concreto, propone:

Aumentar la dotación presupuestaria (recursos materiales y humanos) para atender las necesidades específicas (itinerarios personalizados) de las personas en desempleo de larga duración, en todos los rangos de edad.

Desarrollo de la primera recomendación de la Comisión Europea de realizar actuaciones encaminadas a animar a las personas inactivas en situación de paro de larga duración a registrarse en los SPE y participar en itinerarios personalizados de formación y empleo.
Dotar al programa con recursos extraordinarios, no remanentes de programas ni detrayendo recursos de otras partidas.
El Programa debe ejecutarse a través de los Servicios Públicos de Empleo, mediante atención de personal extraordinario contratado a tal fin.

Crear unidades de apoyo especiales para este colectivo, con personal propio de orientación, que aumente de manera estructural y permanente la plantilla de los Servicios Públicos de Empleo.
Controlar la actuación y resultados del programa en las Comunidades Autónomas.