​UGT considera que el informe de la OCDE denunciando la caída del empleo juvenil en España entre 2007 y 2015, y al mismo tiempo los datos ofrecidos ayer, desde Bruselas, sobre el escaso impacto del Plan de Garantía Juvenil (que según datos de la UE sólo ha llegado a uno de cada diez jóvenes de los potenciales beneficiarios, en España) denotan el absoluto fracaso de las políticas de empleo puestas en marcha por el Gobierno del PP, ahora en funciones. Unas políticas erróneas, más centradas en favorecer a las empresas (concediéndoles bonificaciones y subvenciones a la contratación) que en garantizar la inserción y estabilidad de los trabajadores jóvenes en el mercado laboral español, y que están teniendo y van a tener un alto coste para nuestro país.  

El aumento de los ninis en España, jóvenes que ni estudian, ni trabajan (según publica hoy la OCDE en su informe "Panorama de la Sociedad") unido a la "infrautilización en España del Plan de Garantía Juvenil, según datos de la propia Comisaria de Empleo de la UE, Marianne Thyssen, muestran el fracaso absoluto de las política de empleo del Gobierno del PP, incapaz de solucionar los problemas de nuestros jóvenes en el mercado laboral. Un colectivo especialmente vulnerable, carne de cañón del desempleo, la temporalidad, la precariedad y la rotación laboral.

Así, pese a que el desempleo juvenil de los menores de 35 años es del 38,12%, el Plan de Garantía Juvenil en España se queda corto (sólo alcanza a un cuarto del total de posibles beneficiarios, se registran 325.636 inscripciones o resoluciones positiva en el Sistema de Garantía Juvenil, según las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondientes al 31 de agosto de 2016). Hay que tener en cuenta que en 2015, en nuestro país,  se amplió el colectivo de beneficiarios hasta los 29 años.

Por otro lado, el sindicato denuncia que el Plan de Garantía Juvenil, parece estar más pensado para conceder subvenciones a las empresas que para garantizar una empleabilidad duradera de los jóvenes.

UGT considera que es preciso cambiar la política económica y apostar por la creación de empleo estable y con derechos, en línea con el plan de choque por el empleo propuesto en el documento,  "20 actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social". Esto pasa por derogar las dos últimas reformas laborales, en especial la de 2012, e impulsar un modelo de crecimiento económico más justo, equilibrado y sostenible.