La oferta de diálogo social realizada por el candidato a la Presidencia es insuficiente
Fecha: 26 Oct 2016
El programa político presentado por el candidato a la presidencia del Gobierno, y presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy durante la primera sesión del debate de investidura da continuidad a las políticas practicadas en los últimos cinco años y que se han demostrado como un absoluto fracaso para la mayoría de los ciudadanos, porque los ricos son más ricos, las empresas pueden despedir de manera más fácil y barata, y se ha comprometido el sistema de valores y servicios europeos con medidas con la aprobación del acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA). Estas políticas se han demostrado fallidas para lograr un crecimiento económico y social más justo e inclusivo.
Para UGT, este continuismo no se corresponde con la voluntad de cambio expresada mayoritariamente por los ciudadanos en las urnas, ya que siete de cada diez personas que ejercieron su derecho a voto respaldaron proyectos políticos de cambio, como queda reflejado en la pluralidad de la actual composición parlamentaria.
El Sindicato valora la disposición expresada por el candidato a recuperar el diálogo y la negociación como instrumentos para la acción política. UGT considera que éste cambio de posicionamiento se debe al debilitamiento parlamentario del Partido Popular más que por su confianza en las ventajas de una fórmula de actuación que han practicado escasamente en los últimos años.
UGT lamenta que hayamos tenido que atravesar por casi un año de parálisis política y por la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular para que el candidato a la presidencia reconozca el valor del diálogo social. No obstante, damos la bienvenida a la apertura de un nuevo proceso de interlocución social, pero cuyo contenido es absolutamente insuficiente, si se excluye del mismo la revisión de la normativa impuesta con las últimas reformas laborales. UGT considera imprescindible la derogación de las mismas para restituir el equilibrio en el sistema de relaciones laborales, y la recuperación de algunos derechos esenciales para que podamos hablar realmente de empleo de calidad.
De igual forma, consideramos que la oferta realizada a los grupos políticos y a la comunidad educativa para consensuar un nuevo modelo educativo, supone de hecho que el Partido Popular ha comprendido finalmente la situación de colapso producida en el sistema educativo por las reformas que ha impuesto en los últimos años (como la LOMCE) y la necesidad de sustituirlas.
Confiamos en que, si el candidato resulta investido, el compromiso se materialice en el ámbito del diálogo social desde la buena fe y una sincera y leal voluntad de acuerdo. Para las organizaciones sindicales supondría un cambio sustancial respecto a la práctica inexistencia de diálogo social en los últimos años, a la utilización propagandística por parte del Gobierno de las escasas ocasiones en las que se ha producido, y a los decepcionantes resultados a los que la cicatería del Gobierno condujo los acuerdos alcanzados.
UGT recuerda que nuestro país necesita, de manera prioritaria y urgente, actuaciones para crear empleo con derechos (1 de cada 5 españoles está en el paro, la mitad de los desempleados son de larga duración, y uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo), para mejorar el sistema de protección social (la mitad de los parados no tienen ningún tipo de cobertura) y combatir la pobreza creciente incluso entre la población trabajadora (3,6 millones de asalariados viven con menos de 350 euros al mes, 700.000 españoles no tienen ningún tipo de ingresos, 1,6 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro, y uno de cada 4 ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza) y ninguna de esas cuestiones forman parte del programa de Gobierno planteado por el candidato a la presidencia.
No contempla una revisión con las instituciones europeas de los plazos para la consolidación fiscal que eviten a la sociedad española nuevos sacrificios (la Comisión Europea nos exige un nuevo ajuste de 5.500 millones); no contempla la derogación de las reformas laborales, imprescindible para restablecer derechos esenciales de los trabajadores y restaurar el equilibrio en las relaciones laborales. No tiene planes para el fortalecimiento de las políticas esenciales del Estado de Bienestar, ni una política fiscal con medidas contundentes frente al fraude, que incremente la tributación de los que más tienen y de los que eluden con diversas fórmulas su responsabilidad de aportar recursos a la sociedad de la que forman parte. No plantea invertir recursos en un plan de choque para la creación de empleo, ni un incremento sostenido del SMI, ni medidas para la viabilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, o una estrategia para la recuperación de unos servicios públicos de calidad y de acceso universal. Son estas cuestiones las que consideramos prioritarias para recuperar un proyecto de país ilusionante, incluyente, solidario y dispuesto a superar nuestras dificultades con la vista puesta en asentar las bases de un futuro en el que los ciudadanos podamos confiar. En este sentido sería fundamental derogar la Ley Mordaza, promover las reformas legales que han abocado a sindicalistas como los de Arcelor a tener que reclamar ante la justicia europea su derecho a ejercer el derecho de huelga en libertad y sin la presión de ser penados o encarcelados.
Finalmente, UGT considera una prioridad para el Gobierno de la próxima legislatura recupera el protagonismo de España en el entorno europeo e internacional.
Para UGT es incuestionable que nuestro país necesita un cambio de políticas y, aunque a priori no parezca viable que ese cambio sea liderado por los mismos que adoptaron las políticas que necesitamos cambiar, puede que la inédita anomalía política en la que está inmerso el Parlamento abra opciones en ese sentido. Hay que reparar las fracturas sociales abiertas en nuestro país durante estos años, y UGT advierte que si esas brechas se convierten en estructurales se perderán los principios de cohesión, equidad e igualdad sobre los que se asienta el consenso constitucional, algo que el Sindicato no puede consentir y que está dispuesto a combatir.