​Los datos de Contabilidad Nacional, publicados hoy por el INE, ponen de manifiesto que la aparente recuperación de la economía, de la que tanto habla el Gobierno, no se ha trasladado a los hogares españoles. La recuperación del empleo se está basando en un modelo productivo con un marcado carácter estacional, sustentado en actividades de escaso valor añadido, con bajos costes laborales, escasa inversión en tecnologías y formación y en el que prima el trabajo precario, temporal y a tiempo parcial y la devaluación salarial. 

Un modelo que está provocando el grave deterioro de la calidad de vida de millones de familias y el incremento de los niveles de pobreza. Para UGT la mejora salarial es garantía de más crecimiento, más empleo y una redistribución más justa y equitativa de la riqueza nacional, por lo que es necesario que los salarios ganen poder de compra, desarrollar políticas que impulsen la demanda interna y la creación de empleo en el marco de un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible. 

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del primer trimestre del año, publicados hoy por el INE, confirman que la economía española registró un crecimiento del 0,9% en el primer trimestre de 2015, tal y como señalaba el indicador adelantado, que se conoció el 30 de abril. Esta tasa es dos décimas superior a la registrada en el cuarto trimestre del año anterior (0,7%). En cuanto al del crecimiento anual, se sitúa en al 2,7% frente al 2,0% del trimestre anterior, y una décima superior al avance del mes de abril. 

La contribución al crecimiento agregado de la demanda nacional es tres décimas superior a la registrada en el trimestre anterior, situándose en 3,0 puntos, y la demanda exterior mejora su aportación al PIB trimestral en cuatro décimas respecto al trimestre pasado, aunque sigue en negativo (de -0,7 a -0,3 puntos). La variación interanual de las exportaciones mejora, desde el 4,7% al 5,7% de contribución a la demanda, las importaciones caen tres décimas, desde el 7,7% al 7,4%. 

En cuanto a la situación de los principales componentes de la demanda interna, el gasto en consumo final de los hogares experimenta un crecimiento anual del 3,5%, una décima superior a la del trimestre anterior, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas presenta una variación interanual  del 0,1%, seis décimas superior a la del trimestre precedente, y la formación bruta de capital fijo, presenta una tasa de crecimiento interanual del 6,0, nueve décimas superior a la del trimestre anterior.

Por su parte, el empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, registra una variación trimestral del 0,8%, una décima superior a la experimentada en el trimestre anterior, y  en términos anuales presenta una tasa de crecimiento del 2,8%, cuatro décimas superior a la registrada en el tercer trimestre, lo que supone un aumento neto de 458.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. 

Y la remuneración de los asalariados en el primer trimestre de 2015 pasa del 2,4% al 4,1% en tasa anual. En este sentido, conviene no olvidar que a pesar del dato del primer trimestre, en 2013 la media fue del -2,7% y que en 2014 no se recuperó buena parte de esta pérdida de rentas del trabajo, puesto que el crecimiento medio del año fue del 1,3%.  

El resultado de la remuneración de los asalariados durante el primer trimestre de 2015 es consecuencia del aumento en tres décimas de la tasa de variación anual del número de asalariados (del 2,9% al 3,2%) y de la subida de 1,4 puntos de la remuneración media por asalariado (del –0,5% al 0,9%). Así, el crecimiento del coste laboral por unidad de producto (CLU) se sitúa en el (1,0%), cinco décimas por encima de la variación experimentada por el deflactor implícito de la economía (0,5%). 

Valoración

Los datos que se han conocido hoy muestran una aparente recuperación de la economía. Y efectivamente solo aparente, porque los indicadores laborales y sociales, ponen de manifiesto que la situación sigue siendo de crisis. Una crisis que España sufre desde hace años y que está tendido como resultado graves desigualdades en el mercado laboral, la incapacidad para generar empleo y frenar la sangría del desempleo, la devaluación salarial generalizada en nuestro país, con menores ingresos y salarios percibidos, la caída de la capacidad adquisitiva de los hogares españoles y el empeoramiento en la distribución de la renta, la extensión de la precarización laboral y del paro de larga duración. 

En esta dirección apuntan algunos datos sobre la situación de nuestra economía, nuestro empleo y nuestra sociedad, donde son preocupantes las tendencias que se están configurando en el mercado de trabajo español. Por un lado, el incremento del empleo incorpora rasgos de precariedad, con consecuencias negativas en términos de calidad del empleo y salarios. En abril, un 91,4% de los contratos realizados fueron temporales y el 34% fueron contratos a tiempo parcial. 

Además, se extiende la precariedad también en el desempleo, que se refleja en un descenso continuado de los beneficiarios de prestaciones, de las cuantías medias, del gasto y, en última instancia, de la tasa de cobertura (55,35% en marzo) y en la extensión del paro de larga duración (61,2%) y de muy larga duración (27,4%, 4,3 puntos más que el año anterior).

Todo apunta a que la recuperación del empleo se está basando en un modelo productivo con un marcado carácter estacional que permite mejoras en etapas vacacionales y que se sustenta en actividades de escaso valor añadido, con bajos costes laborales, escasa inversión en tecnologías y formación, y en el que prima el trabajo precario, temporal y a tiempo parcial, y la devaluación salarial, que está hundiendo la calidad de vida de millones de familias e incrementado los niveles de pobreza.

Estos efectos son resultado de la una nefasta gestión de la crisis, con reformas laborales impuestas por el Gobierno, y por la rendición de este Gobierno a las políticas de austeridad impuestas por la Troika. El resultado agregado es un grave deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país, tal y como ponen de manifiesto los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2014 publicados el pasado día 26 por el INE. 

Según estos datos, en 2013 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales un 2,3% menos que el año anterior. La renta media por persona cayó un 1,5%, y entre los ocupados, la renta media descendió un 2,2%; entre los parados un 7,6% menos y entre los jubilados, un 1,4%. Además, el indicador agregado AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 29,2% de la población residente en España, frente al 27,3% registrado el año anterior, es decir, un 7% más que en 2013. 

Según este indicador, es España la población con carencia material severa en 2014 fue del 7,1%, un 14,5% más que en 2013, y la población viviendo en hogares con baja intensidad en el empleo se situó en el 17,1%, un 9% más que en 2013. 

En relación con la actividad, el 60,3% de los trabajadores desempleados  estaba en riesgo de pobreza según este indicador, un 6,7% más que el año anterior. Y en esa situación también se encontraba el 17,6% de los trabajadores ocupados, un 19% más que en 2013. Y el resultado es que en 2014, el 16,1% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes con “mucha dificultad”, el 42,6% de los hogares no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 46,4% de los hogares no se podía permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, y el 11,7% de los hogares tenía retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal.

En este escenario, la supuesta reactivación de la economía que apuntan algunos indicadores macroeconómicos no parece haberse trasladado a los hogares españoles, por lo que resulta imposible afirmar que España ha salido de la crisis. 

Y en este escenario social, urge que los salarios ganen poder de compra, lo que precisa de un sistema de políticas de empleo eficiente, que potencien y reformulen las políticas activas de empleo y que refuercen las prestaciones por desempleo para aumentar su grado de protección contributivo y asistencial, actualmente en caída libre. 

Y aprobar un “plan de empleo de choque”, que implique también a las autoridades comunitarias, con recursos excepcionales para impulsar la contratación laboral y el empleo, especialmente de los colectivos en peores condiciones (parados de larga, jóvenes, trabajadores sin formación). Y todo ello en el marco de un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible, sin el cual no habrá una salida real de la crisis. Esto exige profundas y continúas transformaciones en ámbitos cruciales de la actividad económica y laboral. 

Porque sin una reactivación de la demanda de las familias no es posible salir de la crisis. Por eso también es imprescindible que los salarios aumenten en términos reales en este momento. 

La mejora salarial es garantía de más crecimiento, más empleo y más justicia en el reparto de la tarta del crecimiento y la riqueza nacional, de la que cada vez se llevan más parte los excedentes de las empresas y las rentas de los propietarios. 

Y una de las claves para lograrlo está en la negociación colectiva, que ha demostrado su histórica contribución a la consecución de los retos económicos y sociales de nuestro país durante los últimos años, evitando una salida de la crisis con mayor desigualdad y un aumento de los niveles de exclusión social y de pobreza

En este sentido, el III Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) es un acuerdo muy valioso, que culmina muchos meses de difícil negociación, y que contribuye a crear el marco más propicio para consolidar una recuperación económica más rápida, duradera y justa. 

Este acuerdo reafirma la existencia de una nueva etapa en el ciclo económico, pero que posee riesgos debido a los desequilibrios que mantiene nuestra economía, y que en consecuencia debe ser apuntalada con una política que impulse la demanda interna y la creación de empleo, ayudando también de esta manera en el necesario proceso de consolidación de las cuentas públicas. 

En el marco definido por el Acuerdo no tienen cabida las políticas de recorte de gasto indiscriminado, y la política salarial debe contribuir al crecimiento. La etapa de devaluación salarial se ha terminado, y se abre otra en la que los trabajadores deben ganar poder de compra. 

Así, en materia salarial el acuerdo recoge las reivindicaciones de UGT en el sentido de que los salarios deben seguir manteniendo como referencia la evolución de los precios para garantizar que ganen poder de compra, tal y como se hace en las negociaciones colectivas de la mayor parte de los países de la zona euro, y en contra de las pretensiones de determinadas instituciones europeas y nacionales que vienen cambiando sus recomendaciones según convenga con el único fin de que los salarios pierdan continuamente poder adquisitivo.

Por último, para UGT es imprescindible que aumentar las capacidades de actuación públicas, reformando la fiscalidad con actuaciones de ingreso y gasto público que influyan decisivamente sobre el modelo económico y de sociedad del país, y son una herramienta esencial para lograr una redistribución justa y equitativa de la renta, y del bienestar en nuestro país.​