La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores considera que las reglas fiscales que deben salir del ECOFIN deben reflejar una apuesta clara por la protección de las inversiones con objetivos sociales y para la consecución de la doble transición verde y digital; la situación de pobreza y el desempleo a la hora de fijar los objetivos de ajuste, y que el esfuerzo fiscal sólo se fije a largo plazo y sin comprometer las inversiones necesarias; deben contener una ampliación paralela del presupuesto europeo y la articulación de instrumentos estables para hacer frente con eficacia a futuros choques externos en sus economías; y contar con la participación de los sindicatos y de la sociedad civil, ya que esta es clave en la definición y legitimación ciudadana de los objetivos que se planteen en el marco de la gobernanza europea.

El Consejo Económico y de Asuntos Financieros (ECOFIN), formado por los ministros de economía y finanzas de todos los países miembros, se ha reunido este martes 17 de octubre con la intención de avanzar en la revisión del marco para la gobernanza económica. Por otro lado, la Presidencia Española, encargada de dirigir el debate, ya ha repetido en varias ocasiones que su intención es terminar una propuesta legislativa para antes de final de año.

Sin embargo, los ministros han retrasado una posible toma de decisiones para diseñar las nuevas reglas fiscales. La Vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, anunció que esta quedaría aplazada, al menos, hasta las próximas reuniones en las que participen los miembros del ECOFIN.

Desde que la Comisión Europea reflejara las principales prioridades del nuevo marco en otoño de 2022, dos claras posiciones diferenciadas se encuentran enfrentadas: de un lado, aquella formada por los llamados “halcones europeos”, dispuestos a exigir una reducción anual de deuda pública sobre el PIB del 1% igualitaria para todos los países, la cual encontraría a su máximo exponente en Alemania; de otro lado, aquella formada por las “palomas europeas”, más dispuestas a aceptar la propuesta de la Comisión, con una mayor sensibilidad hacia las distintas realidades nacionales, y donde se podría encontrar la posición española.

El movimiento sindical europeo se manifiesta contra la propuesta actual

A la vez que tiene lugar este debate, el aplazamiento del ECOFIN ocurre en un contexto en el cual la agitación social aumenta. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ya advirtió que el texto de la Comisión era insuficiente, ya que exige un recorte anual en los presupuestos de los países miembros que excedan del 3% de déficit de, al menos, un 0,5% sobre el PIB, dando lugar a un recorte mínimo de 45 billones de euros a nivel europeo. Esto supondría, por ejemplo, 1,26 millones de enfermeros o 1,7 millones de profesoras menos en toda la Unión, ya que la variable propuesta para el ajuste se centraría en el gasto primario neto, el cual estaría formado principalmente por los salarios de empleados públicos y por las transferencias sociales.

Por todo ello, la CES convocó una gran manifestación a nivel europeo este pasado viernes en París para exigir a los ministros que las nuevas reglas fiscales deben impedir un nuevo retorno a las políticas de austeridad, las cuales deterioraron una buena parte del estado de bienestar de muchas de las economías europeas durante la última década. Las 20.000 personas que asistieron a la manifestación mostraron su rechazo a la propuesta que existe hoy día sobre la mesa con una consigna clara: no a la austeridad 2.0. Los sindicatos esperamos que esta movilización -en la que participó activamente UGT, con su Secretario General a la cabeza-, sumada a las que ya han tenido lugar meses atrás en distintas localizaciones de la Unión Europea, incida en el resultado del posicionamiento de los distintos miembros encargados de llegar a un acuerdo.