► UGT considera que la sentencia del TJUE sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) vuelve a evidenciar la necesidad de regular el mercado hipotecario para que sea más seguro, estable, eficiente y sobre todo más transparente y equitativo.

► Ello requiere impulsar por parte de las autoridades (legislativas y gubernamentales) la prohibición de prácticas temerarias por parte de las entidades bancarias que impliquen riesgos y opacidad para los ciudadanos, y mecanismos de supervisión más eficientes por parte del Banco de España.

► El sindicato pide reforzar con más medios técnicos y humanos a la Administración de Justicia (la nueva sentencia puede implicar un aumento de la carga de trabajo para los ya saturados Juzgados y Tribunales) y alerta para que los trabajadores y trabajadoras de las entidades bancarias no vuelvan a pagar el pato de decisiones que no les competen.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha declarado este pasado martes que los tribunales nacionales deberán cerciorarse de que el contenido de las cláusulas contractuales firmadas por un deudor y una entidad bancaria en un contrato de préstamo hipotecario, tomando como base el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), deben de ser claras y comprensibles y, si llegaran a la conclusión de que dichas cláusulas son abusivas, podrán sustituirlas por un índice legal, aplicable de manera supletoria, para proteger a los consumidores de las consecuencias perjudiciales que podrían derivarse de dicho contrato.

A partir de esta Sentencia, se abre la posibilidad para aquellos consumidores que tengan referenciado su préstamo al tipo IRPF, para que puedan reclamar la revisión de su hipoteca bien alegando falta de transparencia en su contratación, o bien por deficiencias en su comercialización, lo cual les indujo a contratar la misma que resultó ser mucho más cara que aquella que utilizaba el Euribor como índice.

UGT destaca que, una vez más, la Justicia, en este caso la europea, resulta ser el último recurso con el que cuentan los ciudadanos y ciudadanas para la defensa de sus derechos conculcados.

El sindicato considera que este fallo del alto tribunal europeo, muy garantista para con los derechos de los consumidores, debería dar lugar a una profunda reflexión a nuestro Tribunal Supremo, ya que en 2017 falló a favor de una entidad bancaria, determinando con ello la validez de uso del citado IRPF, al entender que su control de transparencia no era posible por tratarse de un índice oficial, definido y regulado por el Banco de España.

UGT insiste en la regulación de una Agencia de Protección del Consumidor Financiero, como instrumento de resolución eficaz de disputas entre consumidores y entidades de crédito, con autonomía propia, poder ejecutivo y que pudiese ser un medio de evitar conflictos jurídicos, siempre costosos para el consumidor.

Por un mercado hipotecario más seguro y transparente

Esta Sentencia va a suponer un aumento de las cargas de trabajo para nuestros ya de por sí saturados Juzgados y Tribunales y es por ello que UGT insta a las administraciones competentes para que provean de medios humanos y técnicos a nuestra Administración de Justicia.

En línea con lo apuntado anteriormente, se hace necesario la búsqueda de soluciones más equitativas, eficaces y eficientes, entre otras: Impulsar por parte de las autoridades (legislativas, gubernamentales, o el propio Banco de España), la prohibición de estas prácticas tan temerarias, por su riesgo y opacidad, inaccesibles a la mayoría de la ciudadanía-deudora hipotecaria y promover la búsqueda de unos índices más transparentes y equitativos para así lograr un mercado hipotecario más seguro, estable y eficiente.

Igualmente se deberían promover sistemas de solución extrajudicial al igual que, la creación de mecanismos de supervisión más eficaces en el seno del Banco de España, con participación más eficaz de la sociedad civil (sindicatos y asociaciones de consumidores)

Por último, aludir a los trabajadores y trabajadoras de la banca puesto que debido a la más que previsible presentación de demandas por parte de los afectados, las cuentas de resultados de las entidades bancarias van a quedar resentidas y eso podría derivar en una nueva reestructuración de plantillas. Recordar que estos trabajadores han sido un colectivo de los más castigados desde el inicio de la crisis allá por 2008: fusiones entre entidades, digitalización del sector y la obsesión por reducir costes han contribuido a que se hayan destruido cerca de 90.000 puestos de trabajo.