​La Unión General de Trabajadores denuncia que la Unión Europea (UE) ha propuesto dos iniciativas en torno a la reforma del sistema de asilo donde se presenta este derecho y sus solicitantes como una amenaza. Además, se pliega a los Estados que no respetan este derecho y le pone precio, 250.000 euros, por cada asilado que no acojan, abordando esta catástrofe humanitaria desde el punto de vista económico. Para UGT, es deplorable que la UE haya dado este paso y dé pie a los Estados a que puedan pagar por no refugiar a personas, abriendo la puerta a la mercantilización de un derecho en lugar de reforzar las obligaciones de los Estados miembros.

La Unión General de Trabajadores rechaza que la Unión Europea haya dado un paso más para poner en peligro el derecho de asilo. Las dos propuestas presentan a los solicitantes de asilo como una amenaza, ponen precio a un derecho fundamental y anuncian sanciones para los solicitantes de asilo que "abusen" del sistema.

En el día de hoy la Comisión Europea ha presentado dos propuestas en torno a la reforma del sistema de asilo y para permitir el mantenimiento de los controles en las fronteras interiores por parte Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega. En ambos casos, se presenta el asilo y a los solicitantes como una amenaza para la Unión Europea. Sin perjuicio de que el derecho de asilo debe ser respetado y los solicitantes protegidos, sea cual sea su número, el año pasado presentaron solicitudes de asilo 1.321.600 personas en todo el territorio de la Unión que, en comparación con la población europea, 508 millones de personas, supondrían un 0´2% del total de la población.

Pero lo realmente indignante de la propuesta, es que la Unión Europea capitula ante aquellos estados miembros que no quieren solicitantes de asilo ni refugiados en su territorio, es decir ante quienes cuestionan y no respetan el derecho de asilo. Da igual qué precio tengan que pagar por cada solicitante de asilo que no acepten; se le ha puesto precio a un derecho, 250.000 euros por persona, y la Unión Europea acepta, lo que es igual de grave, que en el territorio europeo haya Estados que no cumplan las obligaciones internacionales y que no respeten un derecho humano básico, a cambio de pagar en dinero por ello. A esto se une que la propuesta contempla sanciones para los solicitantes de asilo que no cumplan con sus obligaciones.

UGT denuncia que nuevamente la Unión aborda la catástrofe humanitaria que ha creado con su inacción y su falta de solidaridad en su propio territorio y a las puertas de sus fronteras, desde una perspectiva económica. Poner precio al derecho de asilo, permitir que haya Estados dentro de la Unión que paguen por no respetarlo, y sin embargo, reforzar las obligaciones de los solicitantes de asilo, es un paso, que abre la puerta a la mercantilización de este y, en el futuro, de otros derechos.