​Según la información publicada hoy por el INE, el PIB en el segundo trimestre de 2015 creció un punto porcentual respecto al trimestre anterior, con lo que la tasa de variación anual aumenta cuatro décimas hasta alcanzar el 3,1%. UGT señala que la economía crece debido a factores externos, como el precio del petróleo o las medidas expansivas del BCE, y que las reformas del Gobierno sólo han conseguido que se cree empleo de baja calidad con salarios reducidos pero no han mejorado las bases productivas (la mano de obra es cada vez más barata en términos relativos mientras que los beneficios empresariales se recuperan rápidamente) ni el bienestar de la mayoría de la población. 

El sindicato advierte de que nuestro modelo de crecimiento sigue reflejando una excesiva dependencia de factores estacionales, lo que hace que nuestra economía sea muy vulnerable a los vaivenes del ciclo económico internacional. Por ello reclama unos PGE centrados en las personas y el empleo, que permitan una salida más equilibrada y más justa de la crisis, y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y el reforzamiento de nuestro estado de bienestar.

La economía española ha acelerado su crecimiento en el segundo trimestre del año, tal y como apuntaban todos los indicadores de coyuntura, pero sigue sin despejar las importantes dudas existentes sobre la consolidación del mismo y, sobre todo, sobre la traslación de los frutos de ese crecimiento al bienestar de las personas. Al contrario, nuestro modelo de crecimiento sigue reflejando una excesiva dependencia de actividades y factores estacionales y tradicionales, lo que hace que nuestra economía sea muy vulnerable ante shocks externos y ante vaivenes del ciclo económico internacional. 

En definitiva, nuestra economía crece, pero ni mejoran nuestras bases productivas ni aumenta el bienestar de la mayoría de la población, lo que exige un cambio de políticas por parte del Gobierno, que en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año refleja una complacencia con el ineficiente modelo actual que es incompatible con el progreso que nuestro país necesita.

Según la información publicada hoy por el INE, el PIB en el segundo trimestre de 2015 creció un punto porcentual respecto al trimestre anterior, con lo que la tasa de variación anual aumenta cuatro décimas hasta alcanzar el 3,1%.

Por componentes, este trimestre prácticamente ha replicado el comportamiento del anterior. Por el lado de la demanda, se mantiene el crecimiento del consumo de los hogares (3,5%), al partir de los niveles ínfimos de años anteriores, lastrados por la pérdida de empleo y la devaluación salarial. 

Se trata del principal componente de la demanda, por lo que es crucial que se consolide su crecimiento, algo que en absoluto está garantizado en las circunstancias actuales. Se aprecia también un notable aumento del consumo de las Administraciones Públicas, consecuencia del impulso que suele ir asociado a los períodos preelectorales como el que vivimos (pasa del 0,2% al 1% en términos anuales). 

La inversión mantiene un crecimiento del 6,1%, y aceleran algo tanto las exportaciones (6%) como las importaciones (7,2%), resultando una ligera mejora del saldo del sector exterior, aunque sigue restando al PIB (pasa quitar cuatro décimas a dos).

Por el lado de la oferta, mejoran todos los sectores, destacando la industria (que aumenta su ritmo del 2,9% al 3,5%) y el sector primario, que abandona tasa negativas para crecer al 2,2%. No obstante, es la construcción el sector que más crece entre los grandes (5,8%), un comportamiento que confirman todos los indicadores de coyuntura y que parece señalar una recuperación de la que ha sido la actividad más dañada durante la crisis.

Por su parte, el empleo (medido en términos equivalentes a tiempo completo) crece a un ritmo del 3,1% (una décima menos que en el primero), con lo que resulta una productividad del trabajo de tan solo dos décimas, que refleja sin duda la escasa calidad del empleo creado. Y eso que ha mejorado algo, puesto que en los tres últimos trimestres la productividad registraba variaciones negativas, una anomalía que refleja el excesivamente volátil comportamiento del empleo en España.

Igualmente es muy destacable el hecho de que los costes laborales unitarios, que expresan cuanto les cuesta a las empresas producir una unidad de su producto, hayan vuelto a registrar una caída en términos anuales (-0,1%), como consecuencia del todavía bajísimo aumento de la remuneración por asalariado (0,2%) y del aumento de la productividad (0,2%), tras un primer trimestre en el que excepcionalmente crecieron algo (0,9%). 

Con ello, continúan la tónica de los últimos años, que supone que la mano de obra es cada vez más barata en términos relativos. Mientras, sobresale la rápida recuperación de los márgenes empresariales, que en dos trimestres han pasado de reducirse ligeramente (-0,2%) a crecer de manera importante (3,4%).

En conjunto, nuestra economía crece de manera importante, impulsada en los últimos trimestres gracias al impacto de cuatro factores externos de distinta naturaleza: la caída de los precios del petróleo, las medidas monetarias expansivas del BCE, la depreciación del euro frente al dólar y el efecto global de la fortaleza del crecimiento en los países emergentes (y señaladamente en China). 

Nada atribuible a la política del gobierno de España. Al contrario, las reformas que ha llevado a cabo durante la legislatura, y especialmente la reforma laboral, han contribuido decisivamente a conformar un modelo de crecimiento basado en empleos de baja calidad y reducidos salarios, un modelo empobrecedor y frágil que ahora, con el cambio de signo de alguno de los factores externos señalados, o el agotamiento del impacto inicial de otros de ellos, puede comenzar a aflorar sus efectos más dañinos.

Paralelamente, las políticas aplicadas han provocado un empeoramiento de las condiciones de vida de la población y el alejamiento de España en términos de renta por habitante del conjunto de la Unión Europea. El enquistamiento del paro de larga duración, la caída de la calidad del empleo y la devaluación salarial han provocado una fuerte pérdida de renta de las familias españolas, aumentando notablemente la población en riesgo de pobreza o exclusión social, que alcanza ya al 29,2%, casi 5 puntos por encima de 2009.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año de nuevo, lejos de corregir esta situación, vuelve a poner de relieve la nula concordancia que hay entre las actuaciones del Gobierno y las necesidades reales de nuestra economía. Con un marcado carácter electoralista, el Ejecutivo ha planteado un escenario irrealmente optimista en sus previsiones para cumplir sobre el papel con los objetivos macroeconómicos europeos, y cuyo contenido sustenta unas políticas continuistas, que suponen una apuesta por un modelo de crecimiento caduco y frágil y un nuevo paso en el recorte de nuestro estado de bienestar.

De su contenido quizá merece destacarse, por su carácter ilustrativo, el hecho de que, en un país como el nuestro, con una tasa de paro del 22%, una tasa de paro de larga duración (más de un año buscando empleo) del 61,9%, y una tasa de cobertura de las prestaciones de apenas el 55% (en los niveles mínimos desde hace más de diez años), las prestaciones por desempleo se reducen en un 22% (5.500 millones) y la dotación de las políticas activas de empleo son inferiores en 2.500 millones a las presupuestadas en 2011 (un 32% menos). Estos datos dan buena idea de la escasa relevancia que concede el Gobierno al empleo y a la protección social en nuestro país.

Desde UGT reclamamos un cambio de políticas para apuntalar la salida de la crisis con bases sólidas y sostenibles. Con las dudas generadas ahora en el escenario internacional, si no se modifican las políticas de austeridad que aún dominan las directrices de las políticas económicas en Europa, podría volverse a producir lo que sucedió en 2010, cuando unas políticas erróneas cercenaron una incipiente recuperación y dieron lugar a una segunda recesión de dramáticos resultados para la población.

Ese cambio de políticas, que debería insertarse en el marco de una relajación de los objetivos de déficit, debe contener:

• una intensificación de las inversiones públicas, priorizando estrictamente aquellas que tienen mayor impacto económico y social a medio y largo plazo

• el fortalecimiento de los sistemas de protección social (pensiones, protección por desempleo, dependencia, prestaciones sociales)
   
• un decidido impulso a la creación de empleo de calidad, para lo que es necesario elevar las dotaciones dedicadas a las políticas activas de empleo, con planes específicos de choque para los colectivos con más dificultades de inserción laboral, y revertir la dañina reforma laboral de 2012 y sus sucesivas modificaciones 
   
• la mejora del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, tanto en el ámbito privado (en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 firmado por los Agentes Sociales el 8 de junio de 2015), como para los empleados públicos 
   
• el desarrollo de una verdadera política industrial, basada en los factores que otorgan más valor añadido a la producción y poseen más posibilidades de competir en los mercados internacionales 
   
• una reforma fiscal muy diferente a la que ha llevado a cabo el gobierno, que incluya una acción decidida contra el fraude fiscal y un aumento de la fiscalidad sobre la riqueza y sobre el capital, aliviando simultáneamente la carga fiscal de quienes poseen menos renta.

En definitiva, UGT apuesta por unos PGE centrados en las personas y el empleo, que permitan una salida más equilibrada y más justa de la crisis, y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y el reforzamiento de nuestro estado de bienestar.