​UGT denuncia que dos millones de personas en desempleo no perciben ninguna prestación, casi un 10% más que el año anterior. El empeoramiento de la calidad del empleo, debido a las reformas laborales, está provocando una reducción de la cuantía de las prestaciones y un acortamiento en los periodos de percepción.

Además, los sucesivos cambios reglamentarios del Gobierno hace que se endurezcan las condiciones de acceso a estas prestaciones, produciendo que muchos desempleados estén a las puertas de la pobreza. Por ello, UGT demanda al Gobierno que cumpla con los programas que él mismo ha presentado, facilite el acceso y la protección a los desempleados y convoque a los interlocutores sociales para evaluar y dar seguimiento a dichos programas, con el fin de aumentar su alcance y cobertura.

El empeoramiento de la calidad del empleo causado por las reformas laborales, visible en la elevada presencia de la temporalidad en la contratación, el avance de la parcialidad involuntaria y la devaluación salarial, están provocado una reducción de la cuantía de las prestaciones por desempleo y un acortamiento en los periodos de percepción.

La cobertura es cada vez menor, debido al endurecimiento de las condiciones de acceso, que ha provocado que tanto el número de beneficiarios de prestaciones como las cuantías vaya descendiendo año a año.

Dos millones de personas en desempleo no perciben ninguna prestación, casi un 10% más que el año anterior. Esto es lo que refleja una tasa de cobertura que no llega al 55%, y cae mes a mes, sin que el Gobierno decida ponerle freno. Un volumen que aumenta si se considera a las personas que, sin empleo, no están inscritas en los Servicios Públicos de Empleo. Con datos de la EPA, más de 2,6 millones de parados no reciben prestaciones por desempleo.

Además de las reformas laborales, destacan los sucesivos cambios reglamentarios del Gobierno, que están endureciendo las condiciones de acceso a estas prestaciones. Las modificaciones llevadas a cabo por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Esta norma redujo la cuantía de la prestación por desempleo, suprimió la reducción que se aplicaba en la cotización a cargo del trabajador desempleado, endureció el requisito de carencia de rentas y eliminó el subsidio de desempleo para mayores de 52, que pasó a ser para mayores de 55 años.

Asimismo, en agosto de 2012, la prórroga del PREPARA sufrió un endurecimiento de los criterios, que ha llevado a reducir el alcance de este programa. Además, a partir del 1 de enero de 2014, se eliminó la reposición de prestaciones por desempleo a la que tenían derecho los trabajadores a los que se hubiese suspendido su contrato de trabajo o reducido su jornada como consecuencia de un procedimiento de despido colectivo o un procedimiento de regulación temporal de empleo.

La calidad de la protección muestra un empeoramiento, con un avance del peso de las prestaciones no contributivas -que ya suponen más del 60% del total- frente a las contributivas, y que muestran una evolución ascendente.

Indicadores que evidencian el grave problema de paro de larga duración que se está agudizando en nuestro mercado de trabajo, y que lejos de ser una preocupación para el Gobierno, se presenta como un éxito presupuestario: el gasto en prestaciones ha caído un 10% en tan sólo un año, un hecho que ha provocado que el Servicio Público de Empleo cierre el pasado ejercicio con un superávit superior a 5,5 millones de euros (datos de avance).

En relación al Programa de Activación para el Empleo (PAE), el remanente destinado a la ayuda de 426 euros se situó cerca de los 700 millones de euros. A ello hay que sumar más de 128 millones de euros presupuestados para que las Comunidades Autónomas desarrollasen las medidas de políticas activas de empleo que acompañan a la ayuda. A día de hoy, desconocemos con detalle los resultados obtenidos y el uso que se ha hecho de estos fondos para la inserción de personas en desempleo de larga duración.

Ante esta situación, desde UGT llamamos la atención al Gobierno en funciones y le recordamos que el Programa de Activación para el Empleo concluirá el próximo viernes 15 de abril, sin que hasta la fecha hayamos sido convocados de nuevo los interlocutores sociales para dar continuidad y ampliar los criterios de acceso al mismo.