​UGT considera que lo importante no son los nombres que conforman el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, sino las políticas que desarrolle el nuevo Ejecutivo y si tiene voluntad real de apostar por el diálogo y la negociación para consensuar medidas que mejoren la vida de los ciudadanos.

El sindicato recuerda que en esta nueva legislatura hay que romper con las políticas de austeridad, que han supuesto un incremento alarmante de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Es hora de recuperar los derechos laborales y sociales perdidos y apostar por un modelo de crecimiento que llegue a todos, y sea duradero y sostenible.

La nueva legislatura puede convertirse en una oportunidad para apostar por un país de progreso o en un fiasco si se siguen manteniendo o aplicando políticas que insisten en la austeridad y los recortes laborales y sociales, algo que UGT no aceptará y que conduciría a la confrontación social. Todo depende de la voluntad del Gobierno, de que su compromiso por el acuerdo y el diálogo sea real y de que se apliquen políticas diferentes, que mejoren y no empeoren la vida de las personas.

UGT demanda que el empleo de calidad sea el eje de todas las políticas económicas, un aumento salarial generalizado (en el sector público, privado y los perceptores del SMI), recuperar el equilibrio en las relaciones laborales, reforzar nuestro sistema de protección social (pensiones, protección por desempleo, etc.) y  los servicios públicos esenciales y una reforma fiscal integral que sea progresiva, justa, persiga el fraude e incremente la recaudación. Solicita, además, negociar con la UE el aplazamiento en el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Considera que es tiempo de negociar un nuevo contrato social para restituir los derechos laborales y sociales perdidos y que es preciso alcanzar consensos básicos que recojan soluciones urgentes y eficaces a los problemas de las personas. Consensos que vayan más allá de esta legislatura.

El sindicato denuncia que en contraste con las grandes cifras macroeconómicas, la situación los ciudadanos se ha agravado en los últimos años como consecuencia de las políticas de austeridad que se han aplicado: 1 de cada 5 españoles está en el paro, la mitad de los desempleados son de larga duración, y no tienen ningún tipo de cobertura y uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo. Además, 3,6 millones de asalariados viven con menos de 350 euros al mes, 700.000 españoles no tienen ningún tipo de ingresos, 1,5 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro, y uno de cada cuatro ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza.
Por ello, hay que cambiar de manera radical las políticas, con medidas en el corto, medio y largo plazo.

Algunas de las actuaciones que propone UGT son: poner en marcha un plan de choque por el empleo, con medidas específicas para los colectivos con mayores dificultades, derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y establecer por ley el valor del SMI en un nivel equivalente al 60% del salario medio neto (fijando como primer paso un SMI de 800 euros para 2017).

Respecto a la protección social,  el sindicato exige  derogar la reforma del sistema de Pensiones de 2013 y recuperar el Pacto de Toledo para consensuar una reforma del sistema de pensiones que garantice sus sostenibilidad (es preciso establecer nuevas fuentes de financiación, vía impuestos). UGT reclama una Prestación de Ingresos Mínimos para las personas sin recursos que quieren trabajar y no encuentran empleo (una Iniciativa Legislativa Popular que fue presentada por los sindicatos y que está pendiente de debate en el Congreso),  derogar los recortes en la Ley de Dependencia y combatir la pobreza energética.

Es preciso, además: poner la igualdad de trato y la no discriminación en el centro de todas las políticas; cambiar el modelo productivo, poniendo en marcha un Plan Estratégico para la Industria; reforzar las medidas para preservar la salud laboral y fortalecer la formación y cualificación de los trabajadores.

Para recuperar las libertades y garantías democráticas es preciso: derogar la ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza, que persigue la protesta social), el artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga y establecer un compromiso real para que se respete el derecho de asilo y los derechos fundamentales de los migrantes en España y en Europa.