El último informe anual del Banco de España señala con contundencia que los aumentos salariales en nuestro país son muy moderados, mientras los beneficios empresariales han crecido mucho y han recuperado los niveles anteriores a la crisis, aprovechándose de la contracción de costes salariales. UGT considera que, una vez reconocida la realidad, solo resta que el Banco de España haga otro ejercicio de honestidad y reconozca que el crecimiento económico no traerá automáticamente un reparto más equilibrado de la renta, ni reducirá por sí sólo las penosas situaciones de pobreza y desigualdad que sufre buena parte de la población. Para eso es necesario la actuación del sector público favoreciendo una competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios, la derogación de la reforma laboral de 2012 como paso necesario para crear empleo de calidad, y finalmente equilibrar el reparto primario de la renta a través de la negociación colectiva con mejoras salariales.

La evolución de los salarios y de los beneficios empresariales son tan evidentes que ni siquiera una institución tan proclive en sus análisis a las tesis neoliberales y desreguladoras como el Banco de España puede dejar de señalar la diferente evolución de ambas rentas. En su último informe anual, el Banco emisor señala con contundencia que los aumentos salariales son muy moderados, y que solo la existencia de una inflación negativa en los últimos tres años ha evitado que aumentara la cuantiosa pérdida de poder de compra que acumularon de 2009 a 2013, de siete puntos porcentuales. El IPC negativo (una circunstancia extraordinaria que ya no existe) ha corregido algo esa pérdida acumulada, que no obstante se eleva, hasta 2016, a 5,4 puntos porcentuales.

Por el contrario, los beneficios empresariales han crecido mucho en el mismo período, y ya han recuperado los niveles que tenían antes de la crisis, aprovechándose de la contracción de costes salariales. De 2008 a 2016 las rentas de los asalariados han caído en 33.679 millones de euros (un 6,1%), mientras que los excedentes empresariales han aumentado en 7.850 millones de euros (1,7%). Eso ha provocado que los salarios hayan perdido 2,9 puntos porcentuales de peso sobre la Renta Nacional, del 54,6% al 52,7%, que han ganado los beneficios de las empresas. Incluso en 2016, con un crecimiento económico el 3,2% y con una creación de empleo del 2,7%, las rentas salariales perdieron participación en el producto Nacional, (tres décimas).

Pérdida de rentas y trasvase de recursos a las empresas

En coherencia con todo lo anterior, la renta bruta disponible de los hogares ha caído en España de 2009 a 2015 un 10,5%, la tercera mayor caída de toda la UE tras las registradas en Grecia y Chipre, confirmando que la devaluación salarial y la precariedad laboral están teniendo un impacto decisivo sobre la renta de las familias.

Es suma, se ha producido (y se sigue produciendo) un cuantioso trasvase de recursos de los asalariados a las empresas debido, por un lado, al impacto conjunto de la pérdida de empleo asalariado, a la precariedad laboral y a la intensa devaluación salarial sufrida, cuestiones todas en las que ha tenido mucho que ver la infausta reforma laboral de 2012; y por otro lado, al comportamiento depredador de gran parte de las empresas españolas, acostumbradas a las grandes ganancias a corto plazo y a operar en mercado protegidos de la competencia.

Acabar con la precariedad y subir salarios

Ahora, una vez reconocida la realidad, solo resta que el Banco de España haga otro ejercicio de honestidad y reconozca, como viene denunciando UGT, que el crecimiento económico no traerá automáticamente un reparto más equilibrado de la renta, ni reducirá por sí solo las penosas situaciones de pobreza y desigualdad que sufre buena parte de la sociedad. Se necesita:  

• primero, la actuación decidida del sector público, favoreciendo una competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios;
  
  
• segundo, la creación de empleo de calidad, estable y con derechos, y la eliminación de toda forma de empleo precario, lo que debe conllevar la derogación de la reforma laboral de 2012;
  
  
• y tercero, equilibrar el reparto primario de la renta en la negociación colectiva, lo que implica mejores salarios, que junto a mejores empleos son imprescindibles para garantizar las pensiones.

En este último aspecto es donde se inscribe la propuesta de las organizaciones sindicales UGT y CCOO de aumentar los salarios en 2017 entre un 1,8% y un 3%, teniendo en cuenta que la previsión de inflación media para 2017 se sitúa por encima del 2%. Porque sin recuperación del empleo y de los salarios reales no habrá salida de la crisis efectiva.