El consultorio laboral de UGT analiza esta semana la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero y la necesidad de ampliar las medidas de los ERTE por situaciones catastróficas como la ocurrida en la isla de La Palma

El consultorio monográfico laboral de UGT ha tratado esta semana la aprobación de la prórroga de los ERTE por situación de Covid-19, que tuvo lugar este martes en Consejo de Ministros gracias a un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales. 

Un acuerdo que, como ha afirmado el secretario Confederal de UGT, Fernando Luján, “llegó en el último momento pero que contiene importantes reivindicaciones del sindicato que repercutirán en un importante beneficio en los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

“Entendemos que tiene que ser la última prórroga de los ERTE. Hemos conseguido llevarla hasta el 28 de enero de 2022. También llevamos el contador a cero en las prestaciones por desempleo hasta el 31 de diciembre de 2022. Es una de las mejores medidas que hemos conseguido fruto de la negociación y el acuerdo”, ha considerado.

Además, ha recordado que “las empresas deben presentar el ERTE y la petición de renovación del mismo, o de lo contrario decaerá, en un intento por evitar el fraude en esta materia”.  Con todo ello, “hemos conseguido preservar el mayor empleo posible en la etapa de pandemia y, con él, todo el tejido productivo de nuestro país, que si no es por la labor de las organizaciones sindicales, habría decaído en una profunda crisis”. 

Ampliar las medidas para los ERTE de La Palma

El consultorio también ha abordado con el secretario General de UGT-Canarias, Manuel Navarro, la resolución de urgencia aprobada en el I Comité Confederal de UGT, celebrado los pasados 28 y 29 de septiembre en Madrid, donde se recogía la necesidad de ampliar las medidas contenidas en la extensión de los ERTE aprobados por el Gobierno para la catástrofe de la isla de La Palma. “Necesitamos más medidas destinadas a los pequeños agricultores y ganaderos, además de otras específicas para el sector turístico”, ha señalado. 

“El volcán ha arrasado con 250 hectáreas de terreno y unas 500 viviendas, además de fincas y explotaciones agrarias. El Gobierno canario quiere poner en marcha la construcción de 100 viviendas, pero le hemos pedido una recalificación para que las zonas colindantes al volcán puedan ser de nuevo habitadas y explotadas y esas personas puedan volver a su lugar de vida”, ha afirmado. 

“Es posible que se alargue en el tiempo esta reconstrucción, que mueran las fincas por problemas de regadío y comunicación, que el turismo tarde en reponerse”, ha considerado, “por lo que necesitamos ayudas inmediatas para unas familias que lo han perdido todo en esta catástrofe”.