El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado 2016, aprobado  hoy en Consejo de Ministros, tienen un marcado carácter electoral, se asientan en un escenario irreal y no dan respuesta a las necesidades sociales. A pesar de que hay más de 5.100.000 personas desempleadas y casi la mitad de ellas sin cobertura, el Gobierno prevé que la aportación del Estado se reduzca en 6.000 millones y las prestaciones por desempleo en cerca de 5.000 millones. 

 

Los PGE no buscan alternativas a la pérdida de renta de los hogares (13 % desde 2009) ni priorizan el empleo (la inversión en políticas activas es menor en 2016 que en el 2011, con cifras de desempleo similar). Además, no están orientados a la recuperación de la economía ni al necesario cambio de nuestro modelo productivo. 

 

UGT considera que son una oportunidad perdida para propiciar una salida justa y equilibrada de la crisis, donde la creación de empleo y la redistribución de la riqueza deberían de ser los factores fundamentales.

 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy 31 de julio el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 con un gasto de 123.394 millones de €, un 4,4 % menos que en 2015 (datos techo de gasto). Según sus cálculos, este límite es el resultado del objetivo de déficit establecido para el Estado (2,8% del PIB en 2016) y de los ingresos no financieros previstos, cuya previsión asciende a 134.773 millones de €.

 

 

El escenario macroeconómico que presentaba el Gobierno el pasado 10 de julio, en el que se enmarcan los Presupuestos Generales del Estado para 2016, muestra una estrategia política con un marcado carácter electoral, y que se sustenta en una recuperación económica ficticia que, según diferentes previsiones, irá desinflándose en el futuro. 

 

Para este año 2015 queda fijado un aumento del PIB del 3,3%, cuatro décimas más de lo fijado en el último Programa de Estabilidad, y del 3% en 2016, una décima más. Comparte el optimismo de las nuevas previsiones el FMI, que en su actualización de las cifras publicadas este mes de julio prevé, muy cerca del Gobierno, un crecimiento del 3,1% en 2015. No obstante, según este organismo, para 2016 el crecimiento del PIB será del 2,5 %, inferior al 3% del Gobierno y por debajo también del 2,6% de la Comisión Europea, anunciado en mayo. 

 

Tampoco convencen las cifras de empleo del Gobierno, que pronostica que cerrará 2015 con 602.000 personas ocupadas más (alcanzando casi 18,2 millones), lo que supone un crecimiento anual del 3,4%, y una tasa de paro del 21,1% a finales de este año (y del 22% en media anual); en 2016 se situará en un 19,7%. Pero los datos difundidos por la propia Comisión Europea en términos de empleo distan de los del Gobierno: en 2015 la tasa de desempleo quedará aún en un 22,4% y en 2016 en un 20,5%. 

 

Un escenario en el que la creación de empleo no llega a consolidarse ni en 2016 ni en los siguientes ejercicios. Es difícil aceptar que se logren crecimientos mayores del empleo y caídas de la tasa de paro más pronunciadas con tasas de crecimiento del PIB previsiblemente más bajas.

 

Por tanto, la “milagrosa” recuperación de la economía española no pasará de este año electoral, lo que nos lleva a confirmar que el Ejecutivo sustenta sus cuentas públicas en un escenario irreal, que trata de camuflar con fines electoralistas.   

 

Debe convencerse el Gobierno de que las mejores cifras este año están basadas en la mejora coyuntural de la situación económica (así lo confirman los sectores estacionales que crecen en actividad y empleo temporal) y que tienen su origen en los bajos precios del petróleo, la depreciación del euro, las políticas monetarias más expansivas y el crecimiento mundial sostenido. Es decir, la causa son factores externos a nuestra economía que, según cómo finalice el episodio de la crisis griega, podrían desviar las buenas perspectivas.

 

Desde España ninguna inversión pública se ha hecho por consolidar una senda de crecimiento a largo plazo. Las reformas aplicadas hasta ahora no han corregido los principales desequilibrios de nuestra economía, ni han sentado las bases de un crecimiento económico equilibrado, sostenido y generador de empleo de calidad.

 

De lo que si hay pruebas es de las peores condiciones de vida que sufre la población en España y del alejamiento de España en términos de renta por habitante, del conjunto de la Unión Europea. 

 

Se puede afirmar que tras años de crisis, la extensión del paro, el empeoramiento de la calidad del empleo y el ajuste en los salarios, se ha dejado sentir en la capacidad adquisitiva de las familias españolas. Desde 2009, los hogares han perdido casi un 13% de su renta, con consecuencias negativas sobre la demanda interna. Asimismo se ha producido un aumento de la población en riesgo de pobreza: el 29,2% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, casi 5 puntos por encima que en 2009.

 

Y es que España se encuentra por debajo de la media de renta per cápita de todo el conjunto europeo (93 puntos sobre 100 de la UE28). Ha ido perdiendo posiciones a lo largo de la crisis y en 2014 se distanciaba 9 puntos del valor logrado en 2008 y 14 puntos de la renta de la Zona Euro. 

 

Sin embargo, la convergencia real con Europa no es prioritaria para este Gobierno, ni para los mismos dirigentes europeos. Sus objetivos siguen siendo la reducción del déficit público y el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal, pero no lo es ni el empleo, ni el bienestar de los ciudadanos ni el desarrollo socioeconómico. 

 

Los objetivos globales de déficit para los ejercicios 2015 y 2016 se mantienen en -4,2% y -2,8%, respectivamente, y se fijan en el -1,4% y -0,3% para los años 2017 y 2018. 

 

Además, según las previsiones de Gobierno, el ratio de deuda/PIB en 2015 será del 98,9%, iniciando a partir de 2016 una reducción hasta situarse en el 93,2% del PIB en el año 2018.  

 

 

Todo ello supondrá seguir con la senda del ajuste presupuestario vía gasto, pues al no esperarse un aumento por recaudación, es de presumir que el gasto público sobre el PIB siga en descenso, adelgazando aún más el ya debilitado sector público español.

 

Desde UGT advertimos de la preocupación que nos genera el hecho de que  el Ejecutivo trate de vender un escenario futuro increíble, muy lejos de la realidad que viven los ciudadanos y los trabajadores en nuestro país, y porque sobre este escenario se diseña toda la política económica de un Gobierno para un año en el que otro Gobierno será el Ejecutivo.

 

Pero lejos de rectificar, se mantiene en su posición, ignorando la actual situación de España, amenazada por la nube de la crisis griega, las fuertes incertidumbres sobre la unidad europea y la aún débil demanda de consumo en España por la caída de las rentas.

 

 

Un año más los PGE se apoyan en la menor cuantía de gasto en prestaciones por desempleo. UGT advierte de que no es sólo la creación de empleo (precario) lo que reduce el gasto en prestaciones por desempleo, sino una tasa de cobertura cada vez menor. No es aceptable que el presupuesto total del Servicio Público de Empleo Estatal se reduzca un 16,76% (en volumen es un descenso de 5.000 millones de €) y menos cuando esta caída se debe a un descenso continuado de los beneficiarios de prestaciones y de las cuantías medias, que en última instancia, rebajan la tasa de cobertura (del 70,6% en 2011 al 54,46% en mayo de 2015, mínimo histórico).

 

Un presupuesto insuficiente para atender a 4,1 millones de parados registrados, teniendo en cuenta que por cada desempleado SEPE se destinan 6.110 €, 3.400 € menos que en 2010 (con el mismo número de parados).

 

La caída se debe al menor presupuesto en prestaciones por desempleo: con una  reducción de 5.480 millones de €, un 21,92%. 

 

Y es de destacar que se produce este fuerte descenso, a pesar de la incorporación de 350 millones de € para el Programa de Activación para el Empleo. Una partida que incluso en el presupuesto ejecutado de 2015 permite ver que el programa se “ha quedado corto”, con 53.667 beneficiarios a 30 de junio y sólo un 6% del gasto ejecutado (sobre 850 millones). Muy lejos del esperado volumen de protección (entre 350.000 y 400.000 desempleados) y que consideramos que nos obliga a los firmantes del Acuerdo a revisar los contenidos y criterios.

 

En este sentido, UGT manifiesta que hay situaciones de necesidad provocadas por el desempleo, que deben ser atendidas con esta partida presupuestaria. Porque no es aceptable bajar el gasto en prestaciones con una tasa de paro por encima del 22%; con el 62% de los desempleados que lleva buscando empleo más de un año y el 44% más de 2 años.

 

 

A cambio del descenso de la partida en prestaciones por desempleo se incrementa el gasto en políticas activas: con un presupuesto que crece un 10%, hasta los 5.241,6 millones de €, insuficiente y muy lejos de lo presupuestado en esta partida antes del inicio de proceso de consolidación fiscal. 

 

Además, se trata de un presupuesto desigualmente repartido. El incremento del gasto en políticas activas queda absorbido por el aumento de determinadas partidas, que tienen como destino las Agencias Privadas de Colocación y las empresas a través de las bonificaciones, es decir, no está orientado a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas, sino a subvencionar al sector privado.

 

Para UGT la partida dirigida a Agencias de Colocación es desproporcionada, puesto que pasa a absorber casi en su totalidad la partida de orientación, de 140 millones de € a 175. En este sentido, creemos que la decisión es desproporcionada y precipitada, teniendo en cuenta que no hay una evaluación del trabajo realizado por las Agencias, ya que su funcionamiento es incipiente. Habría que esperar y valorar, antes de dejar la orientación en manos privadas, si se están cumpliendo los objetivos en términos de inserción de personas desempleadas, y no de otros criterios.

 

Tampoco parece acertado que la partida para incentivos a la contratación a través de bonificaciones en las cotizaciones crezca un 9%, con un peso en el conjunto de las políticas activas cada vez mayor (2.252 millones se destinan a subvencionar a las empresas). La apuesta del Gobierno por este tipo de medidas es clara. UGT recuerda que hay que evaluar estas medidas por la posible existencia de peso muerto en los contratos realizados, pues podrían ser contrataciones que se llevasen a cabo con o sin la ayuda. Además, hay que considerar que en 2014 el 80% de los incentivos fueron destinados a contratación temporal (y sólo un 20% a indefinida). Desde nuestro punto de vista, no es aceptable subvencionar la precariedad.

 

La partida de formación de desempleados incluye la dotación procedente del Plan de Garantía Juvenil (que pasa de 80 millones de euros en 2015 a 120 millones de euros en 2015). Ponemos en duda la utilidad real de esta partida, en la medida que en 2015 aún no se ha ejecutado nada del gasto y el escaso alcance del Plan, que a 31 de mayo contaba en su registro con sólo 60.094 inscripciones de menores de 25 años (un 17,4% de los desempleados SEPE y un 7,8% sobre EPA). Y seguimos sin información sobre las actuaciones y contrataciones llevadas a cabo.

 

El Plan Prepara sufre una nueva reducción de 66 millones (-23,15%) que sigue siendo consecuencia del endurecimiento de las condiciones de acceso. UGT indica que sucede algo similar que con el caso de las prestaciones por desempleo: las situaciones de necesidad no se atienden plenamente y cada vez la cobertura de este plan es menor.

 

La partida de modernización de los Servicios Públicos de Empleo se segmenta en dos. La principal, de 60 millones de euros, para la mejora del marco institucional del SNE; un concepto abstracto en el que suponemos que se dará cabida a más transferencias para Agencias de Colocación y otra de 40 millones para la renovación de determinadas instalaciones (renovación de oficinas). Con este cambio se aleja cada vez más la esperanza de poder modernizar y mejorar los servicios públicos de empleo.

 

Para UGT es incomprensible que la partida de gastos de personal del Servicio Público de Empleo Estatal permanezca congelada, mientras debería ampliarse para atender de forma eficaz las actuaciones de protección por desempleo y políticas activas.

 

 

Para los empleados públicos los PGE de 2016 contemplan una subida del 1%, tasa de reposición al 100% solo en servicios esenciales y otro 25% de devolución de la extra suprimida en 2012 en septiembre de este año (la devolución del 50% restante está condicionada a la “disponibilidad financiera” de 2016). Devuelve también el tercer día de libre disposición y los canosos.

 

Para UGT se trata de un aumento mínimo, insuficiente para recuperar la capacidad perdida durante los años de recesión. El aumento salarial del 1% para el próximo año no cubre las expectativas de UGT ni subsana de ninguna manera una pérdida de poder adquisitivo. 

 

La Oferta Pública de Empleo, aunque cubrirá las vacantes, está muy lejos de remedar la sangría de los últimos cuatro años. El Gobierno del PP ha destruido 400.000 empleos públicos, contribuyendo a hacer aún más acuciante el problema del paro en nuestro país y el deterioro tanto de la calidad del empleo como de los servicios prestados a la ciudadanía.

 

 

El presupuesto de la Seguridad Social para el 2016 está condicionado por la cifra de déficit del 0,3% del PIB, establecida en el Programa de Estabilidad.

 

En cuanto a los ingresos:

 

 

Sobre los gastos, el presupuesto de la Seguridad Social para el ejercicio 2016, tendrá un gasto total de 140.933 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 3,55% en comparación con lo presupuestado para el año 2015. 

 

El gasto en prestaciones económicas, sin gastos de gestión, es decir, lo que va directamente a las familias, ascenderá para el 2016 a 130.272 millones de euros. 

 

La partida destinada al pago de pensiones contributivas crecerá en el 2016 hasta los 118.941 millones de euros, un 2,83% más que en los presupuestos de 2015 y la destinada al pago de las pensiones no contributivas aumentará hasta los 2.290 millones de euros, un 2,15 % más que en los presupuestos de 2015.

 

En UGT mostramos nuestra preocupación por el débil incremento que se prevé de las bases de cotización (1%), el cual no se correspondía con la previsión de mejora de los ingresos y la necesidad de elevar, de manera importante, el Salario Mínimo Interprofesional, que desde UGT defendemos.  

 

Mostramos de nuevo, la necesidad de suprimir el Índice de revalorización de las pensiones, a través del cual se establece una subida del 0,25%, ya que no es un indicador válido ni adecuado para la salvaguarda o garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

 

Los datos muestran unos presupuestos de la Seguridad Social aferrados al ajuste del gasto y el control del déficit, que siguen sin apostar por mejorar las protección que dispensa el Sistema y que continúan sin una postura decidida por la adopción de medidas destinadas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, que proporcionen estabilidad y sostenibilidad a medio y largo plazo.

 

 

La previsión de ingresos tributarios es de 193.520 millones de euros, un 4% más que en 2015. Tras la cesión a las administraciones territoriales de parte de estos ingresos, la cifra se queda en 134.773 millones, un 0,8% más.

 

Asimismo, el Ejecutivo ha adelantado la rebaja de IRPF prevista para 2016 al 1 de julio de este año, que, según sus cálculos, inyectará unos 1.500 millones en la economía. Además de ser una medida claramente electoralista, esta caída de ingresos públicos se contradice con un Gobierno que  acaba de meter mano en la hucha de las pensiones para pagar las nóminas de millones de pensionistas, que ha recortado en un 40% las políticas activas en un país con el 25% de su población activa en paro, o que ha congelado el salario mínimo interprofesional. 

 

En este sentido, la OCDE, en su último informe alerta sobre el desplome de la recaudación, de manera que cuando se relacionan ingresos públicos y población, ninguno de los 34 países industrializados de la OCDE encajó un descenso tan acusado como España entre 2007 y 2013, cuando ante una variación casi nula dela población, el volumen de recursos públicos per cápita cayó a un ritmo anual del 3%. 

 

Retroceso más intenso que en Grecia, país en el que el PIB cayó un 26%, frente al 6% en el caso de la economía española.

 

UGT considera una irresponsabilidad sacar adelante otra reforma fiscal que supone una bajada impositiva a las rentas más altas y a las grandes empresas. 

 

No estamos en situación de poder renunciar a ingresos. De nuevo, se trata de una reforma fiscal ficticia, improvisada y electoralista, con “más pan para hoy, pero hambre para mañana”, al no estar integrada en una política fiscal coherente que a lo largo del tiempo vaya configurándose para poder financiar el Estado de Bienestar y el impulso a la actividad que España necesita para desarrollar un modelo productivo competitivo a largo plazo. 

 

Para UGT, el camino debería distinto. Es necesaria una reforma integral de la fiscalidad, que acometa con decisión y realismo la lucha contra el fraude, que logre una mayor suficiencia financiera a través de mayores ingresos (haciendo que paguen más los que más tienen) y eliminando la desigualdad en la carga tributaria que existe en la actualidad, como ya le propuso al Gobierno hace un año, propuesta que pasa por un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria, que incrementa su recaudación en torno a 10.000 millones de €. 

 

Esto se podría conseguir entre otras cosas, estableciendo un tratamiento similar en la renta del trabajo y del capital, eliminando el trato beneficioso a las rentas irregulares, eliminado las actuales deducciones de manera progresiva y no retroactiva, o estableciendo al estimación directa y no objetiva de los ingresos reales de las rentas de actividades económicas, para que declaren por la renta real, entre otras medidas.

 

También el Gobierno señala que el menor déficit será consecuencia de las menores cantidades a aportar en términos de intereses de la deuda. Supuestamente se prevé un ahorro procedente de los menores intereses de la deuda pública a pagar que, por supuesto, dependerá de dos factores: que se puedan cumplir las previsiones de deuda y de la estabilidad de los mercados financieros. 

 

 

UGT considera que el Anteproyecto de PGE 2016 aprobado hoy por el Consejo de Ministros  tiene un carácter claramente electoralista. 

 

El sindicato apuesta por una reforma integral de la fiscalidad, con un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria, donde las rentas del trabajo y del capital tengan el mismo tratamiento, con una acción decidida contra el fraude fiscal, y que sirva para poner las bases de un nuevo sistema productivo, ya que nos encaminamos hacia un sistema basado en bajos costes laborales en el que prima el empleo precario, temporal y a tiempo parcial. 

 

Asimismo, aboga por cambiar los actuales parámetros de la actual política económica nacional revitalizando la demanda y el empleo de calidad, priorizando el gasto público y fijando una política salarial pública acorde con la necesaria reactivación económica. 

 

El escenario real que se dibuja hoy en España exige la reactivación del consumo de las familias, indispensable para recuperar el crecimiento sostenido en nuestro país, que permita crear empleo y recobrar los niveles de renta perdidos. Y para ello, urge la creación de empleo de calidad y la mejora de los salarios de los trabajadores, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017, firmado por los Agentes Sociales el 8 de junio de 2015.

 

Ello exige que se acompañe el esfuerzo con planes de choque específicos. A través de un impulso de las políticas activas y los servicios públicos de empleo, con recursos excepcionales para la formación y el empleo, especialmente de los colectivos en peores condiciones, es decir, parados de larga duración, jóvenes y mayores de 45 años. Asimismo de debe extender la protección por desempleo de forma que ningún trabajador se quede sin cobertura.

 

En definitiva, UGT apuesta por unos PGE centrados en las personas y el empleo, que permitan una salida más equilibrada y más justa de la crisis y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y la mejora de nuestro Estado de Bienestar.