• ​Gobierno y organizaciones empresariales deben facilitar la revalorización de las rentas mediante los PGE 2018 y la negociación colectiva.

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los datos correspondientes al IPC del mes de diciembre, que sitúan la variación mensual del IPC en 0,0%, cinco décimas inferior a la del mes de noviembre. La variación interanual alcanza así el 1,1%, seis décimas por debajo de la de noviembre de 2017 y sitúa la variación de los precios este año cinco décimas por debajo de la inflación final en 2016. La inflación media del año se sitúa en el 2,0%.

La tasa de inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantiene en diciembre en el 0,8% que ya registró en el mes de noviembre.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado se sitúa en tasa anual en el 1,2%, seis décimas por debajo del mes anterior. La tasa mensual se sitúa en 0,0%, tres décimas inferior a la de noviembre. Además, el indicador adelantado de la zona euro estaría en el 1,4%, de modo que la distancia entre España y la zona euro sería de dos décimas, situándose la tasa de España por debajo de la de la zona euro.

Los datos del IPC que hemos conocido apuntan claramente a que los precios, el coste de la vida, sigue creciendo en porcentajes superiores a los salarios, en una dinámica absolutamente injusta frente a la que es necesario dejarse de palabras y empezar a asumir responsabilidades y tomar decisiones.

Los precios subieron un 1,1% en 2017, seis décimas menos que en noviembre porque la subida de los carburantes fue menor que en el mismo periodo del año anterior. La inflación media del año se situó en el 2,0%. Teniendo en cuenta que la subida salarial media en la negociación colectiva de 2017 fue del 1,43%, que los salarios de los empleados públicos han crecido un 1%, y que las pensiones se han revalorizado un 0,25%, la conclusión es que las rentas continúan perdiendo poder adquisitivo de forma generalizada a pesar del crecimiento económico.

Es un escenario injustificable teniendo en cuenta que, según ha adelantado el Presidente del Gobierno esta semana, el PIB creció el año pasado un 3,1% y nuestro país está ante “la etapa expansiva más larga de nuestra historia”. Siendo así, es urgente y es de justicia que el crecimiento se traslade a los ciudadanos, porque hay que frenar y revertir el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, y porque supondría un impulso al crecimiento de la demanda interna y, por tanto, favorecería la marcha de la economía. Pero, sobre todo, porque es fundamental que la riqueza generada se reparta de manera justa, tanto en la distribución primaria, vía salarios, como en la redistribución, vía ingresos y gastos públicos. Es preciso un nuevo contrato social, para redistribuir las mejoras en el terreno económico al conjunto de la ciudadanía.

UGT considera necesario que, Gobierno y organizaciones empresariales, asuman responsabilidades y se comprometan de manera efectiva en revertir la situación. Tras el acuerdo alcanzado para revalorizar del SMI, es necesario establecer en la negociación colectiva unas subidas salariales acordes con la situación y la patronal debe estar a la altura de las circunstancias.

UGT reivindica salarios mínimos de convenio de 1.000 euros. Los Presupuestos Generales del Estado para 2018, por otra parte, deben establecer incrementos salariales para que los empleados públicos vayan recuperando el poder adquisitivo perdido y para mejorar la calidad de los servicios públicos.

Y, finalmente, el Pacto de Toledo de sacudirse la parálisis y adoptar criterios justos en la revalorización de las pensiones, teniendo en cuenta el incremento de los precios en los bienes y servicios básicos necesarios para poder vivir. El actual sistema de revalorización de las pensiones es un camino permanente y acelerado al empobrecimiento de los pensionistas, haciéndose necesario actuar sobre las pensiones más bajas, de tal forma que la pensión mínima contributiva debería situarse en el entorno de los 1.000 euros.

                                       Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT